La Justicia británica considera desproporcionada la orden de detención europea por la que el Estado español reclama la entrega de la exconsellera catalana Clara Ponsatí para ser juzgada por un delito de sedición y ha decidido devolver la petición.

En un documento de Sirene (Solicitud de Información Complementaria a la Entrada Nacional, por el que se comunican las órdenes de detenciones europeas), las autoridades británicas explican que la euroorden «ha sido revisada por un abogado especializado del Reino Unido en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia» y ha determinado que es «desproporcionado con arreglo a la legislación del Reino Unido».

La orden de detención europea ni siquiera ha sido certificada por el Servicio Nacional Sirene ni presentada ante un juez y,, por el momento, «el Reino Unido no tomará ninguna otra medida en relación con este asunto». Sin embargo, solicita que si existe «información sobre el historial delictivo previo de la persona, o cualquier otra información relativa a la gravedad de la infracción», se remita a dicho servicio «y volveremos a evaluar nuestra decisión de no certificar esta orden de detención europea».

La vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Clavo, mostró la confusión de Madrid al afirmar que «no sabemos quién ha dicho esto. Estamos tratando de saber quién lo ha dicho y qué ha dicho».

Unas horas antes, el abogado de Ponsatí ya informaba de que la exconsellera no se iba a entregar finalmente en una comisaría de Edimburgo debido a que la euroorden de detención había sido devuelta al Estado español. Añadió que en la misma parece haber contradicciones evidentes en un texto que salta del delito de rebelión al de sedición, mientras que Clara Ponsatí es acusada de este último, «lo que solo se menciona brevemente en dos páginas, sin claridad en cuanto a su papel». Es el primer varapalo que recibe el Estado español de la tercera ola de euroórdenes contra los exiliados.

Además, se trata de la segunda euroorden de detención que se emite contra Ponsatí por su papel en la celebración del referéndum del 1-O de 2017. En julio del año pasado, después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena desestimase la extradición del president Carles Puigdemont desde Alemania, la orden contra ella se retiró y el juicio fue anulado.

Sánchez se jacta de la dependencia de la Fiscalía

Las declaraciones del presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, en las que alardeó de la dependencia de la Fiscalía a la hora de perseguir a los políticos catalanes no solo suscitaron una oleada de críticas por poner en solfa la independencia del poder judicial, sino la alarma entre los propios fiscales españoles porque puedan poner en peligro las detenciones de los políticos exiliados. En una entrevista en RNE, al ser preguntado por su promesa en el debate electoral de traer de vuelta al president Carles Puigdemont para ponerle a disposición de la Justicia, Sánchez contestó: «¿La Fiscalía de quién depende?... Pues ya está». Fiscales españoles y sus asociaciones mostraron su «estupefacción» y lo calificaron de «triste», «inexacto», «desafortunado» y hasta «vomitivo». Además, advirtieron de que comentarios así pueden ser aprovechados por las defensas de los exiliados, como el caso de Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, contra los que ya se han emitido órdenes europeas de detención.GARA