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La matanza de ocho menores tumba al ministro de Defensa de Colombia

El escándalo provocado por la muerte de al menos ocho menores durante un bombardeo militar en el departamento del Caquetá, un dato ocultado durante dos meses por las autoridades y desvelado en un debate parlamentario, tumbó el miércoles al ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, presentó el miércoles su renuncia al cargo tras desvelarse la víspera que ocultó al país durante dos meses un bombardeo militar contra supuestos disidentes de las FARC-EP en el que murieron al menos ocho menores.

La dimisión de Botero se produjo al día siguiente del debate en el Senado para tratar una moción de censura presentada en su contra por los fallos de su política de seguridad y defensa.

Durante el debate, el senador Roy Barreras, del Partido de la U, que fue sustento fundamental del expresidente Juan Manuel Santos, desveló que en un bombardeo el 2 de setiembre contra un campamento de supuestos disidentes de las FARC-EP en el Caquetá, fallecieron siete menores de edad, entre ellos una niña de doce años. Cifra que la Fiscalía elevó ayer a ocho.

Este dato no lo habían divulgado las autoridades pese a que tras el operativo informaron sobre el número de muertos.

Esa operación militar se produjo poco después de que el jefe negociador de las FARC-EP Iván Márquez anunciara que volvía a las armas junto a un grupo de exguerrilleros y fue entendido como un golpe contra quienes pudieran sumarse a su grupo.

Tras el tsunami provocado por esta revelación, Botero presentó su renuncia al presidente, Iván Duque, al considerar que es su «deber como ministro de Defensa tener una lectura adecuada de la coyuntura política». Sin embargo, en su carta no citó el caso desvelado por Barreras y confirmado por la Fiscalía.

Botero había asegurado que «cuando esta operación se hizo no se conocía la presencia de menores», insistió en que «Gildardo Cucho era una amenaza para la seguridad nacional» y sostuvo que «todas estas operaciones tienen control judicial».

Minutos después de la dimisión de Botero, Duque nombró de forma interina para el cargo al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, quien dijo no haber sido informado oficialmente de aquel operativo, pero insistió en que el Ejército no sabía que hubiera menores.

«Los que los colocaron en estado de indefensión fueron los grupos ilegales (…) que en su estructura llevan menores, los reclutan y les enseñan técnicas terroristas», indicó en una entrevista a un medio local.

En esa línea, Duque criticó ayer el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales que los usan como «escudos humanos», pero no lamentó la matanza ni su ocultación al país.

 

Alertan de que sin diálogo entre Gobierno e indígenas se seguirán «apilando muertos»

El jefe de la misión de apoyo de la OEA al proceso de paz en Colombia, Roberto Menéndez, urgió al Gobierno y a las autoridades indígenas a dialogar para enfrentar la violencia responsable de las recientes masacres contra líderes sociales. «Si no lo hacen, vamos a seguir apilando muertos», aseguró tras presentar el último informe del grupo que desde hace 15 años monitorea los esfuerzos de paz en un país golpeado por décadas de conflicto armado.

El informe recoge confinamientos y desplazamientos forzados, amenazas, ataques y ejecuciones de líderes comunales y defensores de derechos humanos, reclutamiento forzado de menores y violencia política.

Tres años después de la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, Menéndez señaló a AFP que el mayor reto es que «el Estado llegue a todos los territorios, los ocupe y se ocupe de ellos» porque la mayor violencia se da donde «hay ausencia del Estado», y constata que desde la firma de la paz se han disparado los ataques contra líderes indígenas, en el marco de la lucha por el control del negocio del narcotráfico, sus cultivos y rutas de salidas, que se ubican en los territorios autónomos indígenas.

Indicó que los indígenas quieren controlar su territorio, neutralizar a los grupos criminales y dejar los cultivos ilícitos, pero el Estado no lo ha facilitado, por lo que instó al Gobierno a definir un plan positivo con sus líderes para evitar «seguir apilando muertos».GARA