A ratos parecía la misma historia, el mismo dolor... la misma indignación. «La ley de víctimas es denigrante. Yo no me voy a adherir. No ampara a todos. No está hecha para nosotros, solo para poder pasar el filtro del Constitucional», comentó Fermín Rodríguez, hermano de Germán, a quien mató la Policía en sanfermines de 1978.

«Él no lo ha dicho, pero yo sí lo voy a decir: es una puta mierda», apuntaló Nerea Zabala, hermana de Josu Zabala, a quien encontraron en el monte Mendata con una bala en el corazón en 1997. «Se clasifica a los nuestros como quien clasifica los yogures del supermercado. Quién es digno de estar considerado una víctima y quién no. Si ha de hacerse algo, hay que hacerlo con dignidad».

Eneko Etxeberria, hermano del militante de ETA “Naparra” (secuestrado y ejecutado en 1980, en una acción reivindicada por el Batallón Vasco Español), insistía en que esa clasificación no tiene sentido. Y puso como ejemplo la charla que tuvo en Ginebra con uno de los representantes del Grupo de Trabajo de las Desapariciones Forzosas de las Naciones Unidas. Tras sentirse allí escuchado con una comprensión que jamás han tenido la justicia española y francesa, le comentó a uno de los miembros del grupo internacional: «Oye, que mi hermano pertenecía a una organización armada». A lo que el responsable de la ONU, un argentino, le respondió: «¿Pero tu hermano era una persona, no? A los seres humanos no se les puede matar así».

Estos testimonios pudieron ser escuchados el sábado en la Casa de Cultura de Lakuntza. La plataforma Mikel Arregi Gogoan reunió a familiares de víctimas mortales de miembros de las FSE. Entre ellos, estaba Txaro, la hermana del propio Mikel, quien revivió aquellos días para que la memoria se mantenga. «Aquellos fueron unos días duros y dolorosos. Días de angustia, rabia e impotencia, pero también de solidaridad». Txaro recordó las grandes manifestaciones que sacudieron Sakana, la huelga general en todo Euskal Herria. Y afirmó que, en gran medida, le sirvió a la familia para superar aquellos momentos.

Del lado contrario, Txaro (como todos los demás) se sintió defraudada y engañada por el tratamiento judicial del caso. Recordó el gran trabajo de la comisión investigadora buscando testigos y desmintiendo que fuera cierto que su hermano se hubiera saltado un control policial ya desmontado. Solo pagó por la muerte de su hermano uno de los guardias civiles. Le condenaron por negligencia. «Fueron dos meses de arresto menor por matar a una persona», siguió denunciando con rabia su hermana. A su espalda, la organización proyectaba la imagen del vehículo cosido a balazos. Precisamente hoy, 11 de noviembre, se cumplen 40 años de que lo ametrallaran.

Además de una pena que parece más un insulto que una pena, desconocidos han atacado en varias ocasiones el monolito con el que decidieron recordar a aquel joven sus vecinos. El memorial fue atacado en los ochenta en dos ocasiones con dinamita. Otra vez fue arrastrado con una cadenas. «Pesa mucho, tuvo que ser un patrol», comentó la hermana convencida. Y, más recientemente, ha desaparecido la placa explicativa.

Limpiar las heridas

«Me es mucho más fácil contar qué es lo que me pasó que cómo me sentí o cómo lo vivió la familia», confesó Idoia Zabalza. A su hermano Mikel lo detuvo la Guardia Civil en 1985. «En aquel momento detenían a mucha gente. Unos estaban unos días, otros algún mes y algunos tras año y poco los soltaban», explicó para describir cómo era aquella época.

La familia se dio cuenta de que el caso de Mikel iba a ser distinto cuando leyeron en un periódico que había intentado escapar. Confesó que les quedó un hilo de esperanza hasta que apareció ahogado en el Bidasoa. La Guardia Civil construyó un relato tan inverosímil como que el joven había tratado de huir nadando en las aguas de aquel río, pese a tener todavía las esposas puestas. A la Justicia española le bastó con eso. «Dos veces se abrió el sumario y las dos veces se cerró. La investigación pasó por más de diez manos. Nadie quería este caso».

Idoia Zabalza exigió verdad. Aseguró que las heridas «hay que limpiarlas» para que no se infecten, para tener «una sociedad verdaderamente sana». En este sentido, valoró que la Ley de Memoria sirva para que se reconozca que «algo ha pasado», pero lamentó que resulta del todo insuficiente. «El eje de la ley planteada eran las comisiones de investigación. Sin eso, todo son parches».

En este punto, el hermano de ‘‘Naparra’’ señaló como clave conseguir eliminar la Ley de Secretos Oficiales. «En el Estado sigue habiendo secretos oficiales que datan del siglo XVII y XVIII. A diferencia del resto de países, aquí no existe una caducidad y los gobiernos se siguen valiendo de eso. Es voluntad del Gobierno decidir qué es secreto y qué no», subrayó Etxeberria. Como ejemplo, detalló que el Ejecutivo pretendió declarar secreto el gasto de los cruceros (uno de ellos con la imagen de Piolín) que envió a Catalunya llenos de policías para impedir el referéndum del 1 de octubre.

Todas las víctimas señalaron que la memoria de lo que les pasó tiene que servir para explicar cómo fue la época en la que sucedieron todas estas ejecuciones. «Lo que ocurrió tiene una explicación, un contexto», indicó Nerea Zabala. Ella tiene muy claro por qué todos estos casos se han encontrado con obstáculos muy similares a la hora de buscar la verdad y el reconocimiento. «El principal problema es que la historia de estas muertes no solo es la nuestra, también es la suya». A fin de cuentas, cuando uno quiere narrar la historia de la víctima se hace inevitable escribir también la del verdugo.

Fermín Rodríguez animó a perserverar, a seguir peleando por la verdad sin odio. «El odio te ciega, quieren que odiemos para que no tengamos claro qué buscamos. Lo que hay que hacer es pelear con metas y objetivos: sacar la verdad. Mataron a mi hermano en una acción programada que no iba contra él, sino contra una ciudad y una sociedad puntera en luchas obreras e identitarias. Por eso dispararon más de 200 balas. Contra quién fue la agresión es lo importante. Que solo muriera mi hermano fue una suerte».