El juicio del «caso de Miguel» comenzó el 8 de enero de 2018 y durante todo ese año, con largos parones en el desarrollo de la vista, sentó en el banquillo a 26 personas encausadas en uno de los mayores casos de corrupción de este país. Quedó visto para sentencia el 19 de diciembre, y esta se conocerá el 17 de ese mismo mes pero un año más tarde.

Se había especulado que el fallo se iba a hacer público a finales de setiembre, pero el mes pasó de largo sin que hubiera noticias, y con las elecciones del 10 de noviembre por medio, casi se dio por seguró que se esperaría hasta que se celebraran los comicios, como así ha sido. Lo habrán agradecido en el seno del PNV, un partido que está señalado en un sumario que incluye a varios altos cargos jeltzales, políticos e institucionales. Entre ellos, el exdiputado alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, y los exburukides Aitor Telleria y Koldo Ochandiano.

En opinión de la Fiscalía, que abrió la investigación en 2009, los tres lideraban una «organización criminal» dedicada al cobro de comisiones ilegales que no dudaba en utilizar «prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio».

El juez Jaime Tapia dará a conocer la sentencia en una vista pública a la que están convocados los encausados y sus abogados. A la Fiscalía y al Gobierno de Lakua se les notificará tras el acto, «como se ha hecho habitualmente en ese proceso a ambas partes acusadoras», según explica el juez en una providencia remitida ayer a los medios.

El magistrado bilbaino, que presidió el tribunal, indicó además que en los días siguientes la sentencia se notificará individualmente a los acusados mediante un exhorto remitido al órgano judicial correspondiente a sus domicilios, apostillando al respecto que «el plazo de cinco días para eventualmente interponer algún recurso de casación comenzará a contar desde el día de la notificación personal al último de los acusados».

Cobro de comisiones

La primera parte del juicio estuvo marcada por la declaración de Ainhoa Alberdi, la empresaria que destapó hace diez años el caso después de que el propio De Miguel le reclamara el pago de una «mordida» de 100.000 euros a cambio de interceder en una adjudicación irregular en el Parque Tecnológico de Araba.

En la vista se pudieron escuchar las grabaciones que hizo de forma casera y en las que supuestamente se oía a los principales acusados reclamándole las comisiones. Estas y otras pruebas aportadas por la denunciante marcaron la segunda parte del proceso judicial, que arrancó con retraso por las negociaciones entre la Fiscalía y parte de los acusados, que reconocieron su culpa a cambio de una rebaja en la petición de pena.

Así, mientras los principales acusados defendieron su inocencia ante el tribunal, otros, entre los que figuran un grupo de empresarios catalanes, reconocieron sin tapujos el cobro y el pago de comisiones a cambio de participar en la construcción de un fallido polígono industrial en Zanbrana. Josu Arruti, administrador único de Sidepur, afirmó por ejemplo que él y De Miguel recibieron 320.000 euros de una constructora.

En sus conclusiones finales, la Fiscalía de Araba decidió reducir a casi la mitad su petición de cárcel para De Miguel, que en un primer momento se enfrentaba a una petición de 54 años de prisión. El fiscal Josu Izaguirre también rebajó sus peticiones para Aitor Telleria y Koldo Ochandiano. Sus peticiones se redujeron de forma ostensible al pasar de 32 años y 2 meses a 13 años y 7 meses para cada uno.

Pese a ello, las acusaciones que pesan en su contra son de gran calado. El Ministerio Público mantiene que De Miguel, Ochandiano y Telleria se constituyeron en cabecillas de una red societaria para, sirviéndose de sus relaciones políticas y administrativas por su vinculación al PNV, lograr contratos y adjudicaciones de instituciones gobernadas por ese partido y obtener comisiones de las empresas que optaban a esos concursos.

En el último día del juicio, De Miguel negó los delitos que se le imputan. «Ha habido cosas que he hecho mal y me arrepiento sinceramente. Si pudiera volver atrás no las haría bajo ningún concepto, pero creo que jamás he cometido un delito y menos aquellos por los que se nos ha acusado», dijo el exdiputado en su última palabra. En un mes veremos qué dice el tribunal.