Al escuchar ayer que habían llegado a un pacto de legislatura para un gobierno de coalición, la primera reacción de la mayoría de quienes en primavera estaban a favor de un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, y de quienes en principio siguen con esa hipótesis, no fue de júbilo, ni de estupor, ni siquiera de alivio. Fue de indignación. Muchas de esas personas se sintieron burladas, faltadas al respeto. Al saber que Pedro Sánchez ha quitado ahora el veto a Pablo Iglesias para entrar en el Ejecutivo, no pensaron en teorías de juegos, sino en lo desvergonzada que es la clase política española. Cuidado, eso no evita que prefieran esta al resto de alternativas posibles o imposibles. Pero los dirigentes de la izquierda española deberían tener muy en cuenta que en la gente opera más el miedo a lo peor que el nulo crédito que ellos venden.

El texto del acuerdo tampoco invita a confiar en ellos. No tanto por el espíritu, sino porque no establecen unos bloques coherentes de contenido programático y son incapaces de ordenar un texto tan básico con puntuación. Comparado con los problemas estructurales que tiene el Estado español –económicos, políticos, culturales–, esto no va más allá, pero no ayuda. Si en Bruselas o Berlín leen una transcripción literal del pacto, es posible que se les activen más alarmas por los prejuicios sobre los españoles que por el programa político progresista.

«¡Con Rivera No!», le decían en las dos noches electorales, la de abril y la del domingo pasado, a Pedro Sánchez sus seguidores. Ya no hay Rivera, y apenas hay Ciudadanos, pero Pedro Sánchez cometerá su enésimo error de cálculo si piensa que puede estar en misa y repicando. Incluso la flexibilidad y el pragmatismo de la mayoría de fuerzas catalanas y de algunas vascas tiene límites. Si de verdad tiene tantas ganas de gobernar como ha aparentado por momentos en sus últimos años de carrera, haría bien en parar aquí el factor sorpresa.