Raúl Zibechi
Periodista
GAURKOA

El retroceso del Frente Amplio en Uruguay

En la primera vuelta de las elecciones nacionales celebradas el 27 de octubre, el Frente Amplio perdió el 18% de los votos que había obtenido en 2014, y ocho diputados. A pesar de seguir siendo la minoría mayor (con 39% de los votos), quedó con 42 diputados (de un total de 99 en la Cámara), muy lejos de la mayoría absoluta que ostentó durante sus 15 años de gobierno.

Las consecuencias de este retroceso, que nunca en su historia había vivido la izquierda uruguaya, no han sido aún valoradas ni por la cúpula partidaria ni por los analistas locales. Sin embargo, la principal novedad fue la aparición de un partido de corte militar y ultraderechista, Cabildo Abierto, creado por el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Guido Manini Ríos.

Este partido consiguió reunir el 11% de los votos y está lejos aún de alcanzar su techo, ya que se propone recomponer el apoyo social que tuvo la dictadura, que nunca fue menor del 40% de los uruguayos. Cabildo Abierto consiguió agrupar el voto más conservador que, paradójicamente, provenía en pequeña proporción también del Frente Amplio, en particular del partido de José Mujica que siempre tuvo excelentes relaciones con logias del Ejército.

Para la segunda vuelta, toda la oposición firmó un acuerdo de gobierno que suma 56 diputados, desde un pequeño partido de centro-izquierda hasta la nueva ultraderecha, en torno a Luis Lacalle Pou, líder del Partido Nacional y miembro de una familia patricia y terrateniente. El Frente Amplio se quedó sin aliados y no pudo explicar cómo gobernaría en caso de que Daniel Martínez, un deslucido militante socialista, ex alcalde de Montevideo, ganara la segunda vuelta.

El resultado final es mucho más ajustado que el previsto y registra la menor diferencia desde que existen el balotaje, o sea desde 1999, de apenas 1,2%, lo que permite augurar que en Frente Amplio volverá al gobierno.

No resulta nada sencillo explicar las causas del retroceso de la izquierda, en un país cuya economía siguió creciendo, a contrapelo de sus vecinos Brasil y Argentina, y a pesar de la tradicional estabilidad política y social del país, que no conoció grandes sobresaltos en los últimos 15 años. En Uruguay, los medios son plurales, los hay oficialistas y opositores en medida pareja, lo que permite asegurar que no han jugado un papel determinante en el desenlace electoral.

Un primer problema se relaciona con la seguridad. Los datos dicen que en 2018 y 2019 los homicidios se duplicaron y que un país que siempre tuvo una tasa muy baja, hoy alcanza 11 homicidios cada 100 mil habitantes. El doble que Argentina, el triple que Chile, con guarismos similares a Paraguay y Bolivia. Lo cierto es que la seguridad es el tema que más preocupa a la población. En octubre el 47% votó a favor de una reforma para crear una guardia nacional de carácter militar, lo que revela la elevada percepción de inseguridad entre la población.

La izquierda siempre ha creído que el tema de la seguridad es un asunto de la derecha. Quizá por eso, el Frente Amplio nunca tuvo una propuesta concreta, mientras la derecha cree que con endurecer las penas y colocar más policías en la calle, la tradicional mano dura, se puede controlar el delito.

El problema mayor, sin embargo, es que no contamos con un diagnóstico sobre las causas de la multiplicación de la violencia. Algunos lo atribuyen a las guerras entre diferentes bandas del narcotráfico, pero no alcanzan a explicar porqué tantas personas se involucran con el delito organizado. Sin duda, este será un tema central en los próximos años.

El segundo consiste en las dificultades que atraviesa el sistema educativo. El Frente Amplio en el Gobierno mantuvo pésimas relaciones con los sindicatos docentes y no consiguió implementar cambios positivos que se tradujeran en mejor desempeño en las aulas. Una parte importante de los votantes de la izquierda son maestras y profesores, profundamente desilusionados con la gestión de su partido.

En tercer lugar, aparece la cuestión del modelo económico, asentado en el extractivismo: extensos monocultivos de soja que se exporta en grano, sin el menor proceso de transformación, la forestación y la creciente especulación inmobiliaria urbana. Como consecuencia, Uruguay exporta carne, soja, madera y lácteos, con bajísima incidencia de productos industrializados.

Este modelo tiene dos consecuencias negativas, una social y la otra ambiental. Ha provocado una fuerte desintegración de las capas más pobres de la sociedad. La mitad de los asalariados perciben menos de dos salarios mínimos y sus posibilidades de ascenso social son mínimas.

La cuestión medioambiental es uno de los mayores problemas que deja la gestión de la izquierda. Todas las fuentes de agua están contaminadas y la costa, que se ofrece como el mayor atractivo turístico, luce en los veranos un color verdoso por las cianobacterias que generan los fertilizantes y agroquímicos. Este es otro problema ante el cual el Frente Amplio no presenta soluciones.

Por último, la izquierda tiene un grave problema de renovación de sus dirigentes. Daniel Martínez está muy lejos de contar con el carisma de José Mujica (84 años) o de Tabaré Vázquez (79). El nombramiento de la vicepresidenta fue caótico, mostrando fracturas internas y desavenencias importantes. Si la izquierda no resuelve acertadamente la renovación de sus dirigentes y candidatos, perderá capacidad para recuperar su electorado.

El país se incorpora así a las tendencias que vienen marcando la región en los seis últimos años, aunque lo hace a la uruguaya, de modo suavemente ondulado. En mi opinión, la principal tendencia es el fin del ciclo progresista (como gobernabilidad que permitió mejorar los ingresos de los sectores populares sin tocar la riqueza).

En paralelo, se registra un crecimiento militar y evangélico, que dan forma a una nueva derecha ultra, que en Uruguay aún no tiene el arraigo de otros países. Lo más seguro es que la izquierda retorne al Gobierno en cinco años.