Dos años después de la muerte de la periodista de investigación más punzante del país, Daphne Caruana Galizia, víctima de un coche-bomba, Malta vive una crisis de dimensiones desconocidas. Sus reportajes sobre el escándalo de los «papeles de Panamá» sacó a la luz la connivencia de altos cargos gubernamentales, ministros y empresarios en casos de corrupción, amiguismo y conflicto de intereses, además de multitud de pagos offshore. La investigación policial, tras haber detenido a los tres supuestos autores, está cerrando ahora el cerco sobre los supuestos cerebros del atentado, sobre quienes dieron la orden.

Keith Schembri, jefe de gabinete del primer ministro maltés, Joseph Muscat, y otros dos ministros de su gobierno laborista han sido directamente implicados por el empresario Yorgen Fenech, a quien señalan como el autor intelectual, detenido cuando intentaba huir en su lujoso yate. Las informaciones son devastadoras: el Gobierno maltés era rehén de una organización criminal. Ni siquiera la dimisión del primer ministro puede ya servir como cierre en falso del caso. Porque no se trata de un ministro u otro funcionario que está siendo investigado, las más altas posiciones del Estado están directamente comprometidas. Porque la muerte de Daphne Caruana Galiza fue, sencillamente, un crimen de Estado.

La Unión Europea, cuyo país más pequeño es Malta, debe hacer frente a un problema político dentro de sus fronteras. Y debe hacerlo con urgencia. Malta destaca por su laxa legislación bancaria, reina el secreto, el dinero negro corre a raudales, los pasaportes de oro para los magnates son moneda común y el país se ha convertido en un paraíso para las casas de apuestas y los negocios en criptomonedas. Toda esa corrupción crece a potencia máxima bajo las condiciones de la globalización financiera. Y si no fuera por periodistas como Daphne Caruana Galiza y regulaciones estrictas y efectivas nada la podrá detener.