En un contexto de fuerte movilización en las calles, el primer ministro galo, Edouard Philippe, bajó ayer a la arena para defender una reforma del sistema de pensiones que, según lo esperado, implicará la desaparición de los 42 sistemas diferentes que rigen en el Estado francés para sustituirlos por un sistema universal por puntos.

A tenor de las primeras reacciones, las protestas no solo se mantendrán, sino que incluso podrían recrudecerse, toda vez que, a excepción de la patronal Medef, ningún otro agente social salió a apoyar en todo o en parte una propuesta que, de acuerdo a los planes del Ejecutivo sería aprobada en Consejo de Ministros el próximo enero.

Philippe comenzó su alocución subrayando el carácter integral de la reforma y reivindicando el sistema de reparto. No dudó en asegurar que el nuevo sistema aportará mayor justicia social y hasta se mostró comprensivo con «la cultura de lucha del pueblo francés», sobre la que dijo: «Siento respeto».

Ello no le impidió cerrar su discurso con la petición expresa de que cesen las protestas, que, según todos los sondeos, cuentan con la simpatía de la mayoría de una ciudadanía que se resiste a renunciar al modelo de protección social levantado tras la II Guerra Mundial, dentro del cual el sistema de pensiones es un símbolo mayor.

El jefe de gabinete –que proviene de las filas de la derecha y que, a decir de muchos, no comparte el sistema de puntos, que remite a la experiencia socialdemócrata y en concreto a Suecia– dejó meridianamente claro que no habrá marcha atrás. «El sistema de regímenes especiales es el pasado; es el momento del sistema universal», aseveró.

Había pocas dudas sobre la vocación del Gobierno de perseverar en su proyecto reformador, pero los analistas que auguraban una combinación de firmeza y flexibilidad coincidieron en señalar que Philippe hizo gala, sobretodo, de la primera. De hecho, el único aliado posible del Ejecutivo en el ámbito sindical, la CFDT, fue el primero en desertar de esa posición, aunque está por ver si se sumará a las protestas que volverán a tomar las calles hoy mismo. En Euskal Herria, la cita será ante un centro comercial, en Angelu.

Con su discurso, Philippe debilitó los puentes con el único sindicato que se había abierto hasta la fecha a aceptar con condiciones el sistema de puntos. Por boca de su secretario general, Laurent Berger, la CFDT no dudó en afirmar que «se ha rebasado nuestra línea roja».

Philippe hizo la filigrana discursiva de asegurar que se mantendrá la edad de jubilación a los 62 años, pero al describir el sistema de «bonus-malus» que incluirá el nuevo modelo, cara a penalizar a quien se vaya a esa edad y bonificar, en cambio, a quien prolongue su vida laboral, hizo constar que «la edad idónea de jubilación» que el Gobierno aspira a generalizar para 2025 es la de 64 años.

«Fake» de los mil euros

El jefe del Ejecutivo hizo otra pirueta al anunciar la pensión de jubilación mínima de 1.000 euros. Salvo que de lo que se trata, acotó, es de que las personas que han completado los años de cotización requeridos tras haber trabajado el conjunto de su vida laboral por el salario mínimo interprofesional o Smic (1.521 euros brutos/mes, en 2019) se jubilen con 1.000 euros. Hoy la pensión mínima se cifra en 970.

En definitiva, con esa «medida-estrella», que emana directamente del programa electoral de Macron, los trabajadores con salarios medio-bajos, recibirán en el mejor de los casos una pensión similar al ingreso que marca el umbral de pobreza –1.015 euros/mes en el Estado francés, de acuerdo a los baremos fijados por la UE–.

Más allá de que las afirmaciones de que no se retrasará la edad de jubilación y de que como mínimo se percibirán 1.000 euros no aguanten el paso por el detector de fakes, hay que conceder a Philippe haber aportado algunas certezas.

Desde ayer los planes del Gobierno galo son más claros y tienen un calendario bastante preciso, lo que hace augurar una respuesta de altura en las calles.