En Euskal Herria, según la administración de que se trate, las semanas de permisos por el nacimiento de hijos e hijas es diversa, tal y como explicó este periódico en la información publicada el pasado 27 de octubre. Se lleva la palma, por duración, el último decreto de Lakua para familias de hijos e hijas nacidas a partir del 1 de noviembre, que contempla 16 semanas para madres y cónyuges.

Y aún así, la letra pequeña estrecha los márgenes de disfrute para las unidades familiares, en la medida en que de las 16 semanas, ocho se pagarán como si fueran una ayuda. Como con las becas escolares. Son cosas que pasan con un Gobierno autonómico que es «casi un Estado» –en palabras del presidente del partido que gobierna en los tres herrialdes de la CAV– pero que al no tener transferida la competencia de la Seguridad Social, no tiene más remedio que hacer pasar a los beneficiarios por ventanilla para presentar la solicitud y esperar después el abono.

Alabada como avance en el terreno de la conciliación laboral y familiar, y en el de la corresponsabilidad, después de dos históricos 8 de Marzo con sendas huelgas feministas, la pregunta obligada es qué alcance tienen estas medidas, a la vista de que las políticas se diseñan hablando de igualdad y hasta de feminismo, pero sin contar con el movimiento feminista. Mientras tanto, la propia Administración reconoce que las políticas de permisos no han tenido el efecto buscado. Hay al respecto una realidad añadida, el hecho de que la propia partida presupuestaria reservada para los permisos no siempre suele agotarse, según recuerda la oposición.

No se entiende el patriarcado

«No funcionan porque no se entiende el problema que dichas políticas tienen que resolver, no se entiende el patriarcado y no se puede resolver un tipo de dominación que no se conoce». Así lo expone a GARA la profesora de la UPV-EHU Jule Goikoetxea.

Tal y como ejemplifica, «tú puedes igualar formal o legalmente los permisos de paternidad, pero el problema es que las mujeres trabajan 20 horas más a la semana en el ámbito doméstico y, además, son las que en un 85% cogen las excedencias para el cuidado, un 95% en el caso de hijos e hijas». Añade que «las mujeres cobran de media un 30% menos», por lo que «si alguien tiene que dejar el trabajo o reducirlo al tener criaturas, lo seguirán haciendo las mujeres, ya que si no el sueldo de la unidad familiar heteronormativa se reduce y no puedes reducir el sueldo si tienes más personas que cuidar y alimentar».

Zaloa Basabe Gutiérrez es coordinadora de Igualdad en el Ayuntamiento de Iruñea. Preguntada sobre esta dinámica institucional, apunta que las semanas de permiso se han ido aumentando «siempre a rebufo de los permisos de maternidad, entendiendo que al llegar a igualarlos la corresponsabilidad se instalaría en nuestras vidas por arte de magia». «Está claro –apunta– que no es cuestión de magia ni de semanas, los permisos por cuidados de criaturas deben plantearse desde un principio como obligatorios para ambas partes, intransferibles y de una misma duración, además de una cotización del 100%». Y aún así, reconoce, «no garantizan de por sí la corresponsabilidad».

Hay una «raíz cultural» en la vinculación entre mujer-madre-cuidados que «no se puede combatir únicamente desde el plano normativo», apunta Basabe a este respecto.

Y añade que «estamos hablando de mandatos sociales diferenciados altamente arraigados en el sistema sexo-género, su deconstrucción requiere de una transformación social más profunda que implique un cambio de valores, en los que la educación (coeducación) sea «un eje fundamental».

La transformación es de envergadura, y hay varias claves para entender por qué no hay políticas institucionales que protejan las vidas de manera que no recaigan como una carga y casi siempre en las mujeres.

Jule Goikoetxea señala que una de las claves es el proceso de educación de las mujeres, la «violencia simbólica» que imprime la identidad esposa, madre y cuidadora.

Otra de las claves, apunta, es que «estas políticas son petachos pensadas por hombres y para hombres», todo lo que tiene que ver con la pérdida de privilegios y poder económico social, cultural y simbólico, y el hecho de que «en el sistema actual implica cobrar menos y currar más, ya que el cuidado de criaturas, personas enfermas...», no produce «capital económico, ni social ni cultural». Y está, además, el hecho de que toda esta cuestión «afecta directamente a la patronal», sostiene la profesora, recordando que el marco es el patriarcado capitalista, y esto «les supone perder dinero».

Apostar por «un sistema que sitúe el cuidado de las vidas en el centro de la acción política, tal y como reivindica el feminismo, conlleva «una transformación radical», conviene Basabe. Habla de recursos normativos, personales, económicos y comunitarios, «que sean capaces de implicar a la comunidad más cercana», que haga «que los cuidados trasciendan la gestión familiar y nos ayude a autopercibirnos como personas necesitadas y dadoras de cuidados».

La iruindarra menciona asimismo la necesidad de medios que «contribuyan a articular los barrios y la participación política y social desde la igualdad y lo cercano». Reclama recursos simbólicos que contribuyan a la «visibilización de los cuidados» y a la creación de «nuevos referentes alejados de las visiones estereotipadas», así como acciones en el ámbito político y económico como la «desmercantilización» de los cuidados en todas las fases de la vida, la profesionalización de los cuidados en el sector público con buenas condiciones laborales y garantía de accesibilidad gratuita y universal.

Las más vulnerables

Hablar de permisos es hablar de protección, pero tampoco este es un espacio en el que las políticas institucionales se aprueben mirando a las capas más vulnerables. Buena parte de las críticas tienen que ver con que los permisos benefician especialmente a hombres y de cierto nivel económico, los únicos que se pueden permitir una excedencia sin cobrar hasta que se les conceda y reciban la ayuda. Tal y como explica Zaloa Basabe, si se analiza el impacto de género de las ayudas en el ámbito de los cuidados, «es evidente que ahonda en la mayor vulnerabilidad de las mujeres». «Al ser ellas quienes mayoritariamente acceden a las mismas, esto les genera una merma en su autonomía económica», dificultades de incorporación al mercado laboral, menor participación social y política, menor capacidad económica, menor cotización...», indica.

Hay otra cuestión que precisa: continuar utilizando la unidad familiar como unidad económica «es una herencia más del patriarcado» y una situación «tramposa». «La unidad económica debería ser entendida como unidad personal», señala al respecto.

Tal y como resalta Goikoetxea, el sistema de bienestar de Hego Euskal Herria es «el más sexista que hay entre los cuatro regímenes de bienestar europeos». «Esto significa que su patronal es sumamente sexista y sus instituciones no solo son patriarcales, incluida la familia nuclear, sino que son neoliberales, no publifican y por tanto no se hacen cargo del trabajo que las mujeres hacen gratis». Y lo explica de forma gráfica: «Esto significa que solo las familias que tienen dinero suficiente pueden permitirse los beneficios, pueden contratar a gente para hacer dichos cuidados o pueden esperar a las ayudas porque tienen colchón».

«Tanto en el diseño de las políticas públicas como en el ámbito discursivo deberíamos introducir un cambio de paradigma respecto al concepto de los cuidados, de manera que no sigan percibiéndose como algo relacionado con lo ‘asistencial’ sino que se vincule con lo ‘sostenible’, es decir, somos las personas quienes, reconociéndonos autónomas pero interdependientes al mismo tiempo, somos conscientes de nuestras necesidades de ser cuidadas y de nuestra capacidad para ejercer los cuidados», resalta Basabe a modo de conclusión.

El cuidado en el centro, y salarios y contratos «bajo ojo público»

El estudio “La democracia patriarcal en la Comunidad Autónoma Vasca”, realizado por Jule Goikoetxea, Nora Miralles, Estitxu Garai y Lore Etxeberria, plantea propuestas concretas dirigidas a «reconocer los trabajos de cuidado, valorarlos económicamente y convertirlos en fuente de derechos». En el terreno de la conciliación, el trabajo becado por Emakunde apuesta por cambiar las políticas actuales, otorgar permisos paritarios, instransferibles y obligatorios en el ámbito privado. Establece que «para que cualquier medida de conciliación y corresponsabilidad funcione, los sueldos y las políticas de contratación de las empresas deberían estar bajo el ojo público», de forma que empresas y organismos privados no puedan «hacer lo que les plazca». La propuesta incluye garantía de sueldos igualitarios, la desaparición de los sectores feminizados y la eliminación de la brecha salarial, y expone que los cuidados deben ser una «categoría central y no un margen de beneficios». Defiende necesarios procesos de publificación, salarios base de 1.200 euros, pensiones mínimas de 1.080 euros, deshacer la reducción de la RGI, establecer la jornada laboral de 35 horas o crear nuevo empleo público. Toda una batería de condiciones para encarar la vida, porque como destaca la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena, difícilmente se puede hablar de permisos de parentalidad sin hablar de condiciones de vida dignas.N.G.