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Los sindicatos entregan a la patronal sus propuestas por un trabajo digno

Un salario mínimo de 1.200 euros, semanas laborales de entre 20 y 35 horas, medidas contra la brecha salarial y por la igualdad real, y garantía de subrogación para las personas empleadas en subcontratas: forman parte del listado de propuestas para lograr «un trabajo digno» de los convocantes de la huelga del 30.

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En el contexto de las tareas de preparación de la huelga general del 30 de enero, convocada por la Carta Social contra las diversas manifestaciones de la precarización del trabajo, las pensiones y la vida, ELA y LAB, en representación de la mayoría sindical, trasladaron ayer a Confebask y a la CEN una propuesta de acuerdo para lograr «unas condiciones de trabajo dignas».

El escrito contempla cuatro puntos con los que, a juicio de las centrales sindicales, «la patronal podría dar pasos hacia unas condiciones de trabajo que no se basen en una explotación y precariedad salvaje». Según explicaron desde Bilbo los responsables de negociación colectiva de ELA y LAB, Pello Igeregi y Xabier Ugartemendia, pasada la huelga general será cuando intenten negociar con la patronal los puntos que le han expuesto.

1.200 euros; reparto del trabajo

El primero de los puntos propuestos por los sindicatos a la patronal busca fijar un salario mínimo de 1.200 euros, cantidad que equivale al 60% de los ingresos medios establecida en la Carta Social Europea. Se trata, según expusieron, de «una reivindicación fundamental para hacer frente a la pobreza».

Junto a ello, y como segundo elemento de la propuesta, se plantea la «garantía de subrogación para las trabajadoras y trabajadores de subcontratas». Una medida que los sindicatos consideran «imprescindible frente a quienes se dedican a desregular el mercado de trabajo por medio de la subcontratación».

Otro de los puntos expuestos aborda la implementación de una jornada semanal máxima de 35 horas y mínima de 20. «La pobreza –apuntan los promotores de la idea– se ha extendido, además de por la vía de los salarios bajos, mediante el empleo a tiempo parcial; esta reivindicación busca poner freno a esa práctica y, al mismo tiempo, supone la opción por el reparto del trabajo ante los puestos que puedan desaparecer a raíz de las nuevas tecnologías».

Asimismo, las centrales también abogan por instaurar medidas para hacer frente a la brecha salarial y en favor de Planes de Igualdad reales. «El objeto de esta reivindicación –exponen– es lograr la igualdad de las mujeres, que sufren discriminación en el mundo del trabajo».

Una normativa laboral propia

Los representantes sindicales apuntaron, al presentar sus propuestas, que a pesar de que «en los últimos años la patronal ha elaborado discursos en favor de las personas y de la implicación de las trabajadoras y trabajadores en las empresas», ha seguido «aplicando medidas y tomando decisiones que profundizan el proceso de precarización, en perjuicio de la clase trabajadora». Por tanto, consideran que esos discursos «no tienen ninguna credibilidad». «Si la patronal estuviera realmente dispuesta a asumir actitudes en favor de las personas y de las trabajadoras y trabajadores, bastaría con que aceptase estas propuestas», apostillaron.

Por otra parte, respecto a las medidas que el nuevo Gobierno español tiene intención de aplicar (salario mínimo de 1.000 euros, medidas parciales ante la subcontratación, mantenimiento de las jornadas parciales o impulso de ciertos planes de igualdad), sostuvieron que «no servirán para dar una salida a la situación que sufren las trabajadoras y trabajadores vascos». «Tenemos que tomar medidas que respondan a nuestra situación concreta; son las que hemos propuesto a la CEN y Confebask», indicaron al respecto, viendo necesario «configurar un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social, a medida de las personas que trabajan, del mercado de trabajo y de la sociedad de Euskal Herria, para poder desarrollar en él una normativa laboral propia».

Del mismo modo, a preguntas de los periodistas, Igeregi y Ugartemendia replicaron a las críticas vertidas por CCOO y UGT, que ven injustificada la huelga general. Según dijeron, los propios índices del Gobierno de Lakua muestran que ha aumentado la pobreza en la CAV. «Eso demuestra –opinaron– que hay voluntad de la patronal de empobrecer a la clase trabajadora», añadiendo que «si en ese contexto no hay razones para una huelga general, no entendemos cuál es el papel del sindicalismo». «El nuestro es agitar los centros de trabajo para proporcionar una vida digna a los trabajadores», apostillaron, concluyendo con este aviso: «Vamos a una huelga general por el trabajo digno; hemos planteado a la patronal reivindicaciones en ese sentido y, si no hay voluntad de negociarlas, la mayoría sindical seguirá movilizándose».