El Gobierno surgido del golpe de Estado en Bolivia anunció ayer que «neutralizará jurídicamente» la ley que garantiza la plena vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, también para los que se encuentran en el extranjero, aprobada el viernes por en la Cámara Alta y consensuada en la mesa de diálogo formada por el Gobierno, organizaciones sociales y legisladores. Esta ley prevé brindar garantías de seguridad y derechos políticos, además de garantizar que un eventual procesamiento de políticos se hiciera por la vía constitucional y legal.

El ministro de Justicia de facto, Alvaro Coímbra, aseguró que llevarán la norma al Tribunal Constitucional y que no entrará en vigor.

«La ley de garantías la vamos a neutralizar jurídicamente, no vamos a permitir que esa ley llegue a tener vigencia en nuestro país», aseguró.