La primera reunión de los ministros de Sánchez decidió presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra ocho de las leyes que recoge la actualización del Derecho Civil de Nafarroa. Se trata de un compendio legal que el Parlamento navarro aprobó en el último pleno de la legislatura por unanimidad, sin fisuras. La reforma del Fuero fue uno de los grandes hitos de la legislatura, que consiguió reescribir un texto que no se tocaba desde 1973 y que tenía un marcado carácter nacionalcatólico.

El Parlamento fue el motor de la reforma, pero el proceso estuvo verificado y medido por los mayores expertos en derecho foral. De ahí que fuera una reforma transversal que apoyó desde EH Bildu (el impulsor) hasta UPN. Y que también fue respaldada por los representantes del PSN, incluida la actual presidenta navarra, y Podemos. Inma Jurío (PSN) llegó a decir de la norma que no era «solamente la ley más importante de la legislatura», sino que además era la más bonita».

A la espera de que trasciendan los motivos que han llevado al Gobierno a emprender la vía legal contra la soberanía navarra –contradiciendo el mensaje de diálogo, consenso y desjudicialización que el propio Sánchez mantuvo en la rueda de prensa–, hay recursos que afectan a leyes relevantes. No obstante, los recursos no tumban la reforma sino que cuestionan elementos puntuales (se recurren 8 leyes y parte de un preámbulo de un texto que tiene 594 leyes). En particular, el gran avance que suponía el Fuero Nuevo se concentraba en el Libro de Familia, que no se toca.

Blindajes frente a la usura

Quizá lo más preocupante sean los recursos planteados contra las leyes 511 y 495. Se trata de dos blindajes que contiene el Fuero contra prácticas de bancarias poco éticas.

La ley 511 recoge una protección secular que tiene derecho navarro sobre las ventas de deudas de terceros. Lo que dice esta ley es que si un acreedor vende una deuda a un tercero por menor del importe original, el deudor tiene la opción de recomprar su deuda a ese mismo precio. En el actual mercado hipotecario, en virtud de este derecho, los navarros podrían recomprar la hipoteca antes de que el banco se la vendiera a un fondo buitre. Esta medida era una de las más progresistas de toda la compilación legal. La ley 496, por su parte, regulaba la dación en pago.

Otra de las leyes que quedan en el aire tras abrir el Gobierno la vía judicial afecta a los casos de separación. Así como la ley española está encaminada hacia que un progenitor se quede con la vivienda mientras mantenga la custodia, la apuesta que había hecho el Fuero Nuevo era radicalmente distinta. Las leyes civiles navarras van encaminadas a facilitar la venta de los bienes que la pareja tenía en propiedad en aras a que los miembros pueda rehacer su vida con rapidez.

Esta decisión en torno a qué hacer con los bienes de una pareja o matrimonio había sido el consejo de los abogados expertos en temas de familia, que habían visto como en la práctica la fórmula escogida por el derecho civil español acababa generando un mayor enfrentamiento entre los cónyuges. De algún modo, la ley española prima el hecho de que el menor (o los menores) tenga una vivienda. Por el contrario, la ley 72 del Fuero entiende que lo más importante para el menor es que sus progenitores se lleven lo mejor posible.

Al parecer, el recurso de la ley 72 no va contra el fondo, sino que está planteado por la mención que se hace a «un registro». Este sería también el motivo de los recursos contra las leyes 471, 483 y 544, de menor trascendencia política.

No es ninguna sorpresa

Queda por ver, además, en qué se sustancian los recursos de inconstitucionalidad de las leyes 11 y 12, así como lo que afecta al Título Preliminar. Según los juristas consultados, en ninguno de estos apartados se habían introducido avances sustanciales con respecto a lo ya existente.

En cualquier caso, el hecho de que se haya llegado a un recurso de inconstitucionalidad supone un fracaso del actual Gobierno navarro y, en particular, del vicepresidente Javier Remírez. El comunicado de la web de La Moncloa dice que el recurso al TC nace de la falta de acuerdo de un proceso negociador.

A Remírez la consejera María José Beaumont le dejó un documento por escrito apuntando la posición a mantener. Asimismo, GARA tiene constancia de una videoconferencia con los abogados del Estado a finales noviembre para tratar el asunto. Al Gobierno de Chivite, por tanto, esto no le ha podido pillar por sorpresa.