En la búsqueda de un acuerdo mayoritario para su enmienda, PNV y PSE echaron mano de Elkarrekin Podemos. Josu Estarrona afirmó ayer durante la sesión de la Diputación Permanente que EH Bildu estaba dispuesta a votar el texto de los partidos del Gobierno, a lo que el parlamentario jeltzale Gorka Álvarez respondió que cuando habló por teléfono con el parlamentario independentista no le dijo eso. Pero para cuando se produjo esa conversación, el acuerdo con Elkarrekin Podemos ya se había producido. A nadie se le oculta el deseo de los tres grupos de afianzar la imagen de formar una nueva mayoría en el Parlamento autonómico, tras su pacto presupuestario.

PNV y PSE añadieron a su texto los puntos que Elkarrekin Podemos presentó como enmienda a la totalidad y que pretendían ser garantía de un nuevo proyecto de ley de transposición de la directiva europea UE 2018/1972, y que ayer se convirtieron en condiciones para el debate de una reforma del decreto ley.

Sin embargo, lo que llama la atención es que los cambios que se proponen siguen dejando las manos libres al Gobierno para intervenir en las redes sin ningún control judicial previo. Este se deja para un momento inmediatamente posterior.

«Cese de actividades»

Por ejemplo, en uno de esos puntos se recoge que «toda orden de cese de actividad deba ser siempre motivada si se adopta sin audiencia previa y recurrible inmediatamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo». Es decir, se acepta que un gobierno pueda cerrar una web u otro servicio digital sin que los afectados sean escuchados. Y aunque se abra la puerta a un recurso inmediato, para entonces el cierre, dependiendo las circunstancias, podría ser incluso irreversible.

Otra de las condiciones para el debate en el Congreso es que «ninguna actuación por parte de las Administraciones Públicas en el ámbito digital pueda afectar a derechos fundamentales como el derecho a la información y la libertad de expresión asegurando que exista siempre control inmediato a cualquier actuación». De nuevo, primero se admite la actuación y luego llega el control.

Lo mismo ocurre cuando se demanda «que no se puede producir la intervención de redes y servicios de comunicación electrónicos si dicha intervención pueda suponer una restricción de los derechos fundamentales y libertades públicas presentadas en el ordenamiento jurídico, quedando siempre supeditada a control judicial inmediato».

Intervención de las CCAA

Otra de las peticiones recogida de la enmienda de EP y asumida por PNV y PSE es que en la revisión del decreto «se incluya la intervención de las comunidades autónomas en el control de las decisiones derogatorias de sistemas de identificación electrónica, a través de la Conferencia Sectorial para asuntos de Seguridad Nacional, en un plazo máximo de tres meses desde la adopción de la decisión».

La última condición formulada es «que no se imposibilite el uso de múltiples sistemas de identificación y firma electrónica, incluyendo aquellos que compatibilicen el servicio de identificación digital con la salvaguarda de la privacidad, como puede ser el caso de los sistemas de identificación basado en blockchain».

Estos puntos hicieron que EH Bildu se abstuviera. En cuanto a la propuesta inicial de Estarrona, PNV, PSE y PP votaron en contra y EP se abstuvo.