Con motivo de la próxima huelga general del día 30 de enero, los integrantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria enviaron a Iñigo Urkullu y a María Chivite sendas cartas, firmadas por los secretarios generales de ELA y LAB, Mitxel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, en las que solicitaban reunirse con ellos para trasladarles los detalles de esta convocatoria. La lehendakari de Nafarroa les ha citado el día 27, mientras que el actual inquilino de Ajuria Enea ha declinado la petición.

«Ha vuelto a quedar claro del lado de quién está este lehendakari. Comparte muchos espacios con la patronal que está impulsado la precariedad y no quiere reunirse con la mayoría sindical y social de este país que realiza propuestas para terminar con la precariedad y la pobreza», denunció ayer la Carta de los Derechos Sociales en un comunicado, en el que también censuró que «el diálogo que tanto predica» Urkullu «no se lleva a efecto cuando los interlocutores somos los agentes sociales que planteamos un cambio de las políticas públicas».

Lo cierto es que en la misiva enviada a los responsables de ELA y LAB, el lehendakari deja claro su rechazo a la huelga, convocada para reclamar un aumento de las pensiones mínimas, medidas para acabar con la precariedad laboral en los ámbitos laborales directos e indirectos de la administración, la eliminación de la brecha salarial y el reconocimiento de derechos sociales como el acceso a una vivienda de alquiler social o la mejora en la cobertura y las garantías en el sector de la dependencia para «dignificar y garantizar el trabajo de cuidados».

Urkullu sostiene que el paro general es una medida «desproporcionada» que «solo provocará un perjuicio al normal desenvolvimiento de la economía y la vida ciudadana»; y afirma que las reivindicaciones anteriormente citadas «exceden» a las competencias de Lakua.

En el caso de las pensiones, por ejemplo, remarca que es una «competencia exclusiva del Gobierno español». «No corresponde, en absoluto, al ámbito de responsabilidad competencial del Gobierno vasco y que se confunde interesadamente con una política con carácter subsidiario y complementario a modo de prestaciones económicas por el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos», señala.

Y emplea un argumento similar al hablar de las condiciones laborales de los trabajadores, ya que, a su juicio, este tema «responde también, en su mayor medida, a la legislación laboral que se aprueba en el Congreso de los Diputados, y cuya aplicación y desarrollo es competencia del Gobierno español».

Pide una «reflexión»

«No existe correspondencia ni proporcionalidad alguna entre las reivindicaciones que demandan y las competencias del Gobierno vasco para poder dar respuesta a las mismas», asegura Urkullu, que pide a la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria «una reflexión crítica ante el manifiesto desajuste que supone convocar una huelga general en Euskadi, aduciendo reivindicaciones que exceden a las competencias propias del Gobierno vasco y atañen a otras instituciones».

«Convocar previamente una huelga general no es, en mi opinión, una iniciativa lógica y consecuente para exponer y, en su caso, debatir y negociar unas reivindicaciones. Y menos, reitero, fuera del ámbito competencial del Gobierno vasco», añade, y confía en que «la constatación de esta realidad motive la reconsideración de una medida tan desproporcionada como la convocatoria de una huelga general en nuestro país».

En este sentido, cabe señalar que, en su comunicado, la Carta de los Derechos Sociales deja claro que le parece «una hipocresía alabar constantemente el nivel de autogobierno y, al mismo tiempo, argumentar falta de capacidad para regular las condiciones de trabajo y de vida más básicas de la ciudadanía y no adoptar iniciativas políticas para conseguir esa capacidad».