Carolina Armas, de 27 años, despertó el martes en la orilla del río Suchiate, que divide México y Guatemala. Con ella, su hermano y su hija, que ni siquiera ha cumplido el año, cubiertos con una precaria manta y tosiendo, siempre tosiendo. A escasos metros, una hilera de agentes de la Guardia Nacional forman una barrera. Llevan así casi un día entero. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ideó este cuerpo para combatir la infiltración de los carteles en las distintas policías pero los acuerdos migratorios firmados con Donald Trump los terminaron por convertir en una versión latina de la Border Patrol, la policía fronteriza estadounidense.

Alrededor de la familia Armas hay decenas de personas que han pasado la noche al raso como ellos. Muchos de ellos siguen sobre la arena, como si hubiesen sido arrastrados por la corriente. La orilla del río parece una playa devastada después de un naufragio.

«Nos sumamos a la caravana con la esperanza de que nos dejen cruzar para llegar a Estados Unidos y tener una vida mejor», dice Armas, todavía desperezándose. Es martes 21 de enero. Son las 6 de la mañana. Ha pasado un día desde que cientos de centroamericanos, integrantes del primer éxodo de 2020, trataran de llegar a México caminando a través del río. Solo un puñado consiguió rebasar la barrera de uniformados. Armas no estaba entre ellos. Chocó con el escudo de un guardia, cayó al suelo y se resignó. Desde entonces no se ha movido aquí, el único territorio mexicano que ha logrado pisar.

«La verdad no esperábamos esto, hubo personas golpeadas, niños, mujeres. Dijeron que nos iban a dar un permiso pero no era cierto», dice Armas.

La caravana partió el miércoles, 15 de enero, desde San Pedro Sula, Honduras. La mayoría de participantes son hondureños, aunque también se les sumó un puñado de salvadoreños. Huyen, siempre lo han hecho, del hambre y la violencia. La gran diferencia respecto a caravanas anteriores: que el 7 de junio México firmó un acuerdo con Estados Unidos por el que se comprometió a ejercer de gendarme fronterizo a cambio de que no le impusiesen aranceles a sus exportaciones. López Obrador aseguró que habría 4.000 empleos para los que se registrasen. Pero, en realidad, la oferta era engañosa. Lo que México ofrece es que los migrantes regresen a sus países de origen y se inscriban en un plan de empleo con salarios de entre 250 y 180 dólares, por debajo del sueldo mínimo en Honduras y El Salvador. La otra opción: registrarse en la frontera, ser encerrado en un centro migratorio y, posteriormente, deportado. Desde el domingo, casi 3.000 personas han sido arrestadas en los estados de Chiapas y Tabasco.

«Nosotros queríamos pasar ordenadamente, que México nos diera la pasada. Pero ellos se obstinaron y lo permitieron así que nos fuimos por el río», dijo Vladimir Funes, un antiguo policía hondureño que encabezaba la comisión que quiso negociar con las autoridades mexicanas.

Eso fue el lunes 20. En realidad, no había nada que hablar. Los funcionarios del INM argumentaron una respuesta lógica: que las leyes mexicanas solo les permiten entrar de uno en uno para que se evalúe su caso. Como les habían cerrado la puerta, los migrantes decidieron entrar por la ventana. Como siempre. Que las caravanas elijan el Suchiate para cruzar no es casualidad. El río ha sido históricamente el atajo por el que entrar en México cuando no se tienen papeles.

Pasaban las 10.30 del lunes cuando, como ocurre en todas las caravanas, se dieron cuenta de que nadie les iba a poner alfombra roja y mucho menos permitir transitar por México.

Así que, la larga marcha se expandió a través del Suchiate. Por primera vez chocó con la Guardia Nacional, desplegada para impedirles el paso. Los militares lanzaron gas lacrimógeno y devolvieron algunas piedras, pero su función principal era sellar la frontera.

Pese a todo, cerca de un millar de personas logró cruzar. Más de 400 fueron cazados por agentes del INM, que hicieron redadas en la carretera entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, los dos primeros municipios mexicanos. Algunos fueron arrestados. Otros lograron llegar a Tapachula y aguardan allí, asustados, que escampe el temporal.

«Estamos aquí porque ocupamos trabajo. De donde venimos no hay trabajo, la economía está complicada, y la extorsión. Por eso nos venimos», dice Sergio Bonilla, de 23 años, uno de los que consiguió cruzar la barrera de policías. El joven reúne todos los elementos que explican el éxodo masivo. Trabajaba como piloto de autobús en Choloma, un municipio cercano a San Pedro Sula. Hasta que, primero la Mara Salvatrucha (MS-13) y posteriormente el Barrio 18, las dos grandes pandillas que operan en Guatemala, Honduras, El Salvador, sur de México y Estados Unidos, comenzaron a extorsionar a la empresa. Como no pagó, los pandilleros iniciaron una campaña de ejecuciones contra los conductores. Bonilla dice que mataron a seis de sus compañeros en pocas semanas. Así que a mediados de 2019 dejó su trabajo. Mejor pobre que con un balazo. Desde entonces no ha vuelto a tener empleo.

El despliegue militar ha fracturado la caravana, quizás para siempre. La mayor parte de sus integrantes, desconcertados, aguardan en Tecún Umán, último municipio guatemalteco. Allí se ha organizado un campamento de urgencia, pero si la estancia de los migrantes se cronifica, es posible que se registren brotes racistas.

En Tapachula se encuentran algunos de los que encabezaron la marcha y esquivaron a la «migra». Esperan que sus compañeros puedan alcanzarles. La dispersión lleva a gente como Bonilla a plantearse el plan «B»: buscar la vía del tren y subirse a La Bestia, el tren que cruza México de sur a norte.

Los que menos suerte tuvieron fueron detenidos y, previsiblemente, deportados.

La primera caravana de 2020 mostró la eficacia de la estrategia de Trump: mover su frontera 3.000 kilómetros al sur y dejar que el gobierno mexicano sea el que haga el trabajo.