El recurso del Gobierno español al Fuero Nuevo fue objeto de cuatro preguntas parlamentarias formuladas por Geroa Bai, EH Bildu, PSN e I-E, que cuestionaron al Ejecutivo navarro sobre su valoración y las acciones previstas ante el acuerdo adoptado el 14 de enero por el Consejo de Ministros.

El Gabinete Sánchez consideró que ciertos aspectos de la ley navarra invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado, por lo que anunció un recurso, iniciativa calificada de sorprendente por Blanca Regúlez (Geroa Bai), de «chocante» por Bakartxo Ruiz (EH Bildu) y ha generado preocupación, en palabras de Marisa de Simón (I-E).

Regúlez tildó el recurso como un ataque contra el autogobierno y el derecho foral, a lo que el vicepresidente Javier Remírez respondió asegurando que el Gobierno español «respeta y comprende el autogobierno» y como ejemplo citó la próxima transferencia de la competencia de Tráfico.

El representante del PSN apuntó que no lo entienden como un ataque al autogobierno, sino como una cuestión procesal que va en paralelo a una negociación que existe desde hace meses, en el marco de la cual se ha llegado a acuerdos.

Añadió que el presidente Sánchez tiene la prerrogativa de pedir la suspensión de la normativa «y no la ha ejercido, cuando es bastante habitual», por lo que «hay un gesto claro de voluntad política, nada casual, para el acuerdo».

Añadió que al Ejecutivo Sánchez le han trasladado, entre otras cuestiones, que el derecho civil foral forma parte de los derechos históricos de Nafarroa y que el Fuero Nuevo fue elaborado por expertos y aprobado por unanimidad en el Parlamento.

La portavoz de EH Bildu pidió su opinión a la presidenta, a lo que Chivite contestó insistiendo en que el Gobierno foral «valora positivamente la voluntad» del Ejecutivo español al no pedir la suspensión de la ley y explicando que el recurso tiene que ver con los plazos. Es por ello que espera que haya un acuerdo.

Las respuestas de Remírez y la lehendakari y «el camino de diálogo y acuerdo emprendido» llevaron a Ramón Alzórriz (PSN) a retirar su pregunta.

Sí la mantuvo Marisa de Simón (I-E), quien incidió en que no vale con que haya voluntad de llegar a acuerdos; tiene que haber un «compromiso», porque además de representar un «ataque al autogobierno» se incide en cuestiones que defienden a los consumidores y su capacidad de actuar frente a fondos privados y bancos.

Remírez tomó de nuevo la palabra para reafirmarse en lo dicho y apuntar que el recurso no entra en el fondo, sino en una presunta vulneración de la competencia estatal.