Iñaki IRIONDO
GASTEIZ
ELECCIONES AUTONÓMICAS EN LA CAV EL 5 DE ABRIL

Los retos anunciados como más importantes decaen con el adelanto electoral

La igualdad entre mujeres y hombres, y la lucha contra la violencia machista, la transición energética y la automoción, una ponencia sobre abusos sexuales a menores, el trabajo por la transparencia y la oficina contra la corrupción decaen ya hasta la próxima legislatura.

Es inevitable que cada vez que se convocan elecciones haya leyes y ponencias que se queden en el camino. Pero en este caso, en el que el adelanto ha sido mayor del inicialmente previsto, se han dado circunstancias un tanto llamativas, como que el Proyecto de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de mujeres y hombres, que según la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, buscaba posibilitar «una política y un pacto de país con mayúsculas por la igualdad y contra la violencia machista», se aprobara en el Consejo de Gobierno apenas dos semanas antes disolver el Parlamento. Al menos el lehendakari, poco dado a las improvisaciones, ya sabría en ese momento que ese proyecto carecía de recorrido. Sin embargo, él mismo había pronunciado poco antes las palabras que después repitió Landaida reafirmando «el compromiso del Gobierno con la igualdad y con la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres».

Esa ley, que en su presentación tuvo un gran eco mediático por las medidas que se anunciaban para las víctimas, tenía que haber estado aprobada por el Consejo de Gobierno en el tercer cuatrimestre de 2018, y no el 28 de enero de 2020.

Alquileres

Si el Parlamento no se hubiera disuelto, el pasado jueves se habría producido un oportunísimo debate sobre una proposición de ley de EH Bildu proponiendo límites para el precio del arrendamiento de las viviendas. La víspera había trascendido que el fondo Azora había comprado en Donostia 300 pisos de alquiler, y las instituciones empezaban también a dar señales de preocupación sobre qué podría ocurrir, viendo cómo están actuando estos fondos en otros lugares.

De todas formas, lo más probable es que la proposición se hubiera rechazado, porque aunque el PSOE ha llevado al programa de Gobierno de Sánchez la limitación de los alquileres, el Ejecutivo de Lakua había informado desfavorablemente la admisión a trámite de la propuesta, asegurando que la compra de grandes cantidades de vivienda por fondos es algo que «hoy por hoy no sucede en Euskadi».

Automoción y energía

El último acto que celebró el Parlamento antes de su disolución fue la reunión de la Ponencia de Automoción, ante la que comparecieron tres expertos la tarde del lunes. El martes se convocaron las elecciones.

La exparlamentaria de EH Bildu y promotora de la Ponencia, Miren Larrion, se lamentaba en las redes sociales de que «se ha acabado la legislatura sin haber desarrollado la Ponencia de Automoción, tan necesaria para abordar la situación del sector, cambios e incertidumbres. Necesitamos una política industrial innovadora, e ir planteando nuevas iniciativas laborales». Publicó su tuit porque ese mismo día se conocía que «Daimler reduce sus beneficios un 66,7% y se plantea recortes de plantilla», lo que puede tener una gran incidencia en la planta de Mercedes Benz de Gasteiz.

También otras iniciativas sobre la emergencia climática y energética quedan estancadas.

EiTB y euskara

Después de numerosas comparecencias de expertos, la ponencia sobre la reforma integral de EiTB queda en nada. A PNV y PSE nunca les había entusiasmado y desde la presidencia habían retardado los trabajos. Pese a ello, avanzó y estaba ya en periodo de presentar un dictamen, pero la disposición jeltzale seguía sin ser la mejor para hacer cambios profundos.

También se han quedado sin avance las leyes para la gratuidad del euskara, que el Gobierno de Urkullu frenaba.

Autofreno en Empleo Público

Y si se puede entender que PNV y PSE ralenticen los proyectos de la oposición, lo que resulta incalificable es que al margen del reglamento se tenga en barbecho la Ley de Empleo Público, que es del propio Gobierno.

También queda sin dar sus frutos la Ponencia sobre Abusos Sexuales a menores, que es otro de los retos de estos tiempos.

Tampoco han avanzando los trabajos en la Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno, que presentaron PNV y PSE en lugar del Ejecutivo, pero luego no impulsaron. Ni han mostrado ningún entusiasmo para crear la oficina contra la corrupción propuesta por EH Bildu.

Y en la próxima legislatura, vuelta a empezar. Algunos trabajos se retomarán y otros dormirán para siempre en función de la nueva relación de fuerzas.

Ley de Memoria Histórica, la práctica del perro del hortelano

Entre las leyes que han quedado en el cajón –o quizá habría que decir en la papelera– de esta legislatura se encuentra la Ley de Memoria Histórica. Este caso es especialmente sangrante, porque el Gobierno de Iñigo Urkullu ha puesto un indisimulado empeño en impedir que ningún otro grupo, y ni siquiera la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pudieran tomarle la delantera, lo que podía haber hecho que los trabajos se hubieran puesto en marcha y, quizá, incluso concluido.

La Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo registró el 3 de julio en el Parlamento Vasco una Iniciativa Legislativa Popular para una Ley de Memoria Histórica en la CAV. Se trataba de la conclusión de los trabajos anunciados cinco meses antes por integrantes de la plataforma en una comisión parlamentaria.

A los dos días, el 5 de julio, el Gobierno de coalición PNV-PSE anunciaba por su parte que iniciaba los trámites para redactar su propia Ley de Memoria Histórica, lo que conllevó que la Iniciativa Legislativa Popular retirara su propuesta, porque no podía perder energías en la recogida de las 10.000 firmas necesarias y otros trámites burocráticos, para que finalmente fuera rechazada. Pese a todo, desde el Gobierno bipartito se dijo que la ley que preparaban estaba en sintonía con la ILP.

Llama la atención que, cuando en febrero de 2019 la Plataforma Vasca Contra el Franquismo expuso ante la Comisión de Derechos Humanos la conveniencia de un ley propia de memoria Histórica, el parlamentario del PNV Juan Carlos Ramírez-Escudero asegurase que «no es necesaria», porque incluso sin ley la CAV ya iba muy por delante de otras comunidades autonómicas. En julio, el Ejecutivo de Urkullu anunciaba su cambio de idea para que la iniciativa no la tomara la ciudadanía.

La Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo pidió a los partidos favorables a la redacción de una ley de memoria histórica que llevaran el contenido de la ILP como base para su redacción. Así lo hicieron EH Bildu y Elkarrekin Podemos conjuntamente en setiembre.

El Gobierno mostró su «criterio desfavorable» a que ni siquiera fuera admitida a trámite porque, entre otras cosas, estaba elaborando el borrador del anteproyecto de ley. PNV, PSE y PP acabaron votando en contra en el pleno correspondiente.

No era la primera vez. En noviembre de 2017, PNV y PP, con la abstención del PSE, rechazaron la toma en consideración de un proyecto de ley de Elkarrekin Podemos de «reparación de víctimas del franquismo ». A los dos días, Joseba Egibar hizo «autocrítica» porque «por estética» quizá deberían haber votado a favor, aunque la responsabilidad le corresponde al Estado.

Pero en febrero de 2018 recayeron y rechazaron una proposición de Ley de Memoria Histórica presentada por EH Bildu, que el PNV consideró, nada más y nada menos, un ataque a la labor realizada por las instituciones.

En setiembre, el Gobierno presentó un borrador del anteproyecto, elaborado sin contar con las víctimas. Finalmente, todo ha acabado en nada.

De este modo, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu se ha comportado como el perro del hortelano, que no come ni deja comer.I. IRIONDO