Corporación Educativa Combos lleva desde 1993 trabajando en Medellín en defensa de los derechos de niños y jóvenes en situación vulnerable y de las mujeres empobrecidas desde un enfoque feminista, territorial y ambiental. La prevención de la violencia en sus múltiples modalidades, la atención a quienes sufren esas violencias, la investigación, la incidencia en políticas de atención integral a los menores, así como el apoyo emocional y educativo a la niñez afectada por el conflicto armado son sus principales áreas.

Su directora, Gloria Amparo Henao, y la coordinadora de Investigaciones, Gloria María Bustamante, ambas fundadoras de la corporación, realizan en entrevista a GARA una profunda radiografía del Medellín actual, un cruce entre modernidad, pobreza y grupos armados vinculados al narcotráfico, afirman. Sobre el impacto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en las calles de esta emblemática ciudad, subrayan que ‘los efectos aún no son muy visibles’. ‘El proceso de paz no es la firma de un documento. La gran pregunta es si somos capaces de vivir juntos y cómo’, inciden, al tiempo que lamentan que ‘el miedo y el odio’ potenciado por la derecha llevara a la pérdida del plebiscito en 2016.

Hablemos del Medellín actual.

Gloria A. Henao: Medellín tiene dos grandes narrativas; por una parte, es presentada como la ciudad más innovadora, de servicios, muy internacional. Y, por otra, es la segunda ciudad más desigual de América Latina. Es una ciudad muy permisiva con el narcotráfico y donde cada día cambia el mapa de los grupos armados porque cambian de nombre, de jefes, de formas de apoderamiento del territorio.

¿A qué tipo de grupos armados se refiere?

G.A.H.: En Colombia ha habido un tránsito en las maneras de nombrarlos. Hasta hace unos años eran claramente las guerrillas contra el Gobierno por un modelo económico más democrático. Pero hay una serie de estructuras armadas que no necesariamente son insurgentes, es decir, no tienen un proyecto ideológico de levantarse en contra del Estado sino que están al servicio de intereses económicos muy vinculados al narcotráfico. El conflicto armado que persiste en Medellín responde a una dinámica muy compleja de explicar y entender. Estamos ante una lucha por el control territorial, en principio para controlar las plazas de dispendio de droga. El término plaza se refiere a todos los lugares donde se distribuye droga. Se habla de microtráfico pero realmente es como un pulpo que se expande particularmente en las zonas empobrecidas. En las que vive la élite hay una mayor vigilancia privada. Y alrededor del narcotráfico se organiza toda una economía ilegal que está en maridaje con los grupos armados que controlan las economías populares. En los barrios populares, los grupos armados les dicen a las tiendas a qué empresa deben comprarle el gas. Esa empresa de gas privada le paga a su vez un impuesto ilegal a ese grupo armado. Hay tres renglones de la economía popular que están totalmente controlados: el gas, las arepas y los huevos. Los grupos armados hacen retenes, cobran lo que llamamos ‘vacunas’. Somos las organizaciones sociales las que estamos construyendo la paz territorial para que haya una relación entre lo que fue el proceso nacional de la firma con las FARC y se vea en los barrios.

Gloria M. Bustamante: No solo controlan la economía, sino también la subjetividad de la gente. Una investigación reciente que hicimos varias organizaciones con más de 400 niñas dejó al descubierto el control de los grupos armados sobre el cuerpo de las niñas; les dicen cómo se deben vestir, a qué hora deben llegar a casa, son violadas y abusadas por ser la novia o compañera de alguien del grupo armado contrario a modo de escarmiento. El cuerpo es botín de guerra. Tienen miedo de estar en la calle a determinadas horas, hay espacios que están vetados para ellas, particularmente, los recreativos. En una cartografía pintaron las zonas por las que no pueden pasar y nos impactó, aunque no sea algo desconocido para nosotras. No están seguras ni en las calles ni en las casas. El 90% de los abusadores y violadores están dentro de las casas –su abuelo, su tío, su padre, su padrastro–. Las mujeres sufren violencias sexuales no solo en tiempos de guerra sino también de paz y en sus casas.

¿Qué papel juegan las familias en este control social de los grupos armados?

G.A.H.: Es como una trenza. Puede ser que el tío, el hermano, el padrastro, el cuñado… sea parte del grupo armado. Los jóvenes de los barrios muy empobrecidos son muy proclives a ser vinculados a la confrontación militar y para las mujeres se reservan otras tareas. A los niños y niñas les llaman ‘carritos’, es decir, deben llevar una cantidad de droga de un sitio a otro. En uno de nuestros proyectos tuvimos el caso de una niña de unos doce años a la que el grupo armado le entregó un arma para llevarla a otro territorio. Se la ató al cuerpo y pasó todo el día con el arma amarrada. En un momento le dijo a una de nuestras educadoras que todavía la llevaba consigo porque no había podido entregarla.

G.M.B.: Estos grupos ocupan el lugar del Estado y son la autoridad moral, económica, militar dentro de los territorios. Cuando las familias tienen un problema interno, muchas veces acuden al grupo armado para que les ayude. Están legitimados socialmente por el vacío de Estado. Hay mucha impunidad. A nosotros nos llegan a diario casos de niñas violadas y abusadas. Cuando vas a hacer la ruta legal de poner la denuncia en la Fiscalía, en Medicina Legal, te encuentras con impunidad, corrupción, culpabilización de la víctima, misoginia... La gente no tiene a quién acudir.

¿Cómo se trabaja con estos menores cuando la propia familia está dentro del engranaje del grupo armado?

G.A.H.: El profesional tiene que ser muy astuto para no ponerse en riesgo. Tenemos un protocolo de seguridad; no preguntes nada a la familia. Como se dice en las películas, cuanto menos sepas mejor. Pero no podemos perder de vista que ese niño o niña es una víctima y que debemos hacer el reporte que corresponde, así no sirva para nada.

¿De qué diferente forma perciben los niños, los adolescentes y las mujeres el perdón y la reconciliación?

G.M.B.: Según se desprende de la investigación que hicimos en la Comuna 13 de Medellín, las mujeres anteponen la reconciliación al perdón. Nosotras creíamos que era al revés. El perdón es unipersonal, es algo moral, lo das si quieres o no. En cambio, la reconciliación es política y colectiva. Viene de la palabra re (volver), concilium (asamblea) y cion (acción o comunicación). Si revuelves esos tres elementos supone la posibilidad de volver a estar juntos, de comunicarnos. «Si nos vamos a reconciliar con uno de los militares o paramilitares que mató a mi hijo, listo, dejo que viva aquí. Podemos coexistir. No lo voy a asesinar, como hizo con mi hijo», dicen. Pero el perdón depende de si él da muestras de arrepentimiento y de transformación. Plantean un perdón condicionado, aunque otras mujeres también optan por un perdón incondicional, que está muy ligado a la fe y a la religión. Tenemos mujeres que defienden el mantenimiento de la memoria como una muestra de resistencia política –saber quién los mató, la búsqueda de justicia– y otras que no quieren recordar ni hablar de aquello y defienden el derecho al olvido.

En los adolescentes, vimos una clara diferencia entre los chicos y las chicas. Ellos expresan un claro sentimiento de venganza. En la Comuna 13, además de las incursiones militares y paramilitares, hubo dos incendios provocados por grupos armados. Ellos dicen que si encuentran a quien quemó su casa, lo matan. En las chicas, en cambio, aparece más el miedo ante la reconciliación. En ambos casos hay un repliegue frente a lo que para nosotros es la reconciliación y la paz.

¿A nivel personal, cómo están viviendo el regreso a la vida civil de exguerrilleros?

G.A.H.: Yo, por ejemplo, solo conozco a tres personas de carne y hueso que eran de las FARC-EP, y que ahora están en otras actividades en Medellín. No es masivo ni cotidiano. Hay tanto miedo y tanta desconfianza porque el Gobierno de Iván Duque no les ha cumplido, que cuando llegan lo hacen de una manera silenciosa y clandestina. La derecha está haciendo un trabajo sucio, preparando a la sociedad para el odio, estimulando la guerra y el miedo a lo distinto. Como dice el facilitador Henry Acosta, debemos ‘desmovilizar la conciencia, el alma’.

¿Qué supuso para las organizaciones sociales que trabajan a pie de calle la pérdida del plebiscito de octubre de 2016 y con ello la posibilidad de dar un fuerte espaldarazo a los acuerdos de paz con las FARC-EP?

G.M.B.: Fue un hecho muy duro emocionalmente para las organizaciones que creíamos en la paz; no entendíamos cómo una sociedad optaba por la guerra después de más de 50 años y de ocho millones de víctimas. Las poblaciones más afectadas por la guerra, es decir, las víctimas directas de la guerra, votaron por el ‘sí’. Quienes llamamos ‘los espectadores de la guerra’, aquellos que ni fueron protagonistas ni víctimas de la guerra, votaron por el ‘no’. Con la investigación “Hagamos las paces” queríamos saber qué significa la reconciliación para los niños y niñas y para las mujeres, que son quienes cargan con el desplazamiento que genera el conflicto y la feminización de la pobreza. Analizamos las emociones, acciones y juicios que aparecen entre los del ‘sí’ y los del ‘no’. Salieron cosas muy duras.

¿Qué destacaría?

G.M.B.: En los del ‘no’ subrayaría dos emociones ‘políticas’: el odio y el miedo. La derecha en Colombia hizo una campaña muy fuerte basándose en el miedo. Dijeron, por ejemplo, que si ganaba el ‘sí’ los jubilados iban a perder el 10% de sus pensiones porque ese porcentaje iba a ser destinado a los exguerrilleros, lo cual era falso. Dijeron que Colombia se iba a convertir en un país castrochavista, lo cual es ignorancia pura, y dijeron que la inclusión del enfoque de género en los acuerdos de paz iba a convertirnos en homosexuales. Esas tres mentiras acuñaron mucho el miedo.

El odio, una emoción muy arraigada en el país, está basado en la religión católica; en el ojo por ojo y diente por diente. Para quienes defienden esa concepción, la Jurisdicción Especial para la Paz equivale a impunidad.

En los del ‘sí’, destacaría la indignación y la compasión: ‘No justificamos la guerra, pero tratemos de humanizar al guerrero’. En el marco de esta investigación, entrevistamos a una mujer exparamilitar. Ella contó que nació rodeada de grupos armados, ya fueran guerrilla o paramilitares. Se unió a los paramilitares porque se llevaron a su hermana de once años, que quedó embarazada y la iban a matar porque no les servía. Entonces, ella hizo un intercambio con su hermana. Lo más difícil para ella, sin embargo, no fue haber estado en la guerra, sino salir de ella, porque no encontró apoyo, ni trabajo. El proceso de paz no es la firma de un documento. La gran pregunta es si somos capaces de vivir juntos y cómo lo hacemos. Eso está relacionado con la recuperación del tejido social. Las mujeres quieren la paz pero no quieren que el peso de la reconciliación recaiga sobre ellas, porque no es solo un asunto de mujeres.