2020/03/27

Dabid Sánchez
Residencias en precario

Si pudiéramos elegir, la gran mayoría escogeríamos envejecer en nuestro propio hogar, en compañía de nuestra familia y seres queridos. Sin embargo, el ritmo vital al que nos somete el sistema hace que esa elección se convierta en un privilegio al alcance solo de unas pocas personas mientras que muchas otras terminan sus días en residencias y geriátricos para personas mayores. La situación extrema que estos días están viviendo en muchas de estas residencias no resulta ajena a lo que también está ocurriendo en centros de Nafarroa.

He podido comprobar de primera mano la realidad de una de estas residencias de Iruñea y considero que es mi responsabilidad hacer una denuncia pública. Y ello con el ánimo de saber que las cosas pueden y deben cambiarse, que de las crisis pueden florecer nuevas oportunidades y que nunca debemos dejar de luchar por lo que consideramos justo.

Desde hace mucho tiempo los y las trabajadoras de estas residencias, que prefieren permanecer en el anonimato por miedo a represalias, cumplen sus jornadas de trabajo en condiciones absolutamente indignas que les impiden prestar a las personas residentes la atención que merecen y que, por tanto, acrecientan sus sentimientos de malestar e insatisfacción tanto personal como profesional. Estas trabajadoras, mujeres en su mayoría y muchas de ellas migradas, cumplen largas jornadas laborales, con una carga de trabajo del todo sobredimensionada y sin una compensación económica proporcionada. En estas residencias, las personas mayores se encuentran hacinadas y las ratios que la empresa impone son desorbitados. Efectivamente, las empresas buscan explotar sus beneficios aumentando el número de plazas residentes, disminuyendo el número de empleadas y reduciendo los salarios y derechos laborales de las contratadas.

La situación provocada por el virus Covid-19 y su especial afección sobre las personas mayores ha provocado un agravamiento aún mayor de la situación de precariedad que viven estas trabajadoras en sus centros. Durante los últimos días, sabemos que algunas residentes han fallecido en diferentes centros de atención de nuestra comunidad, sin ni siquiera practicarles a muchas de ellas la prueba del coronavirus para determinar si la muerte fue consecuencia o no de este virus. Además, las bajas laborales no dejan de crecer. Actualmente son muchas las trabajadoras en situación de incapacidad temporal que no han sido sustituidas por la empresa, lo que evidentemente provoca un aumento en la carga de trabajo de las que aún continúan en alta. Estas últimas, asimismo, se enfrentan diariamente al riesgo de contraer la enfermedad, riesgo acrecentado por las condiciones insalubres que provoca la situación de hacinamiento en la que mantienen a las personas mayores y frente al que no pueden protegerse debido a la falta de material. En el centro escasean las mascarillas, guantes y batas, de modo que muchas trabajadoras se ven obligadas a desinfectar su «equipo de protección» al terminar la jornada y guardarlo para reutilizarlo.

Las grandes empresas han encontrado siempre en los centros residenciales de atención a personas mayores un nicho de negocio. Además, desde la aprobación de la Ley de Dependencia estas empresas reciben ingentes cantidades de dinero público a cambio de ofertar algunas de sus plazas bajo la modalidad concertada. Sin embargo, una vez inyectados los fondos, la administración pública apenas ejerce sus potestades y obligaciones de control y fiscalización de la actividad, de modo que, por un lado, las trabajadoras quedan del todo desprotegidas frente a los intereses empresariales y, por otro, las personas residentes no reciben esa atención digna a la que tienen derecho.

El capital no prioriza la vida. Si las decisiones públicas van orientadas a primar los intereses empresariales por encima de los derechos de las personas. Este dilema entre capital o vida nos tiene que hacer madurar a todos, y no solo después de vivir esta tragedia con el brote de Covid-19. Las labores de cuidados no pueden recaer siempre sobre los hombros de unas mujeres que las ejercen en muchas ocasiones de manera invisible y gratuita y, en otras, de forma mal pagada.

Todo eso que llamamos «cuidados» es lo que tiene que estar en el centro. Hemos de responsabilizarnos y a su vez exigir que las instituciones públicas garanticen que cualquiera, independientemente de su edad, sus distintas capacidades o su nivel adquisitivo, reciba un trato digno y respetuoso y tenga la oportunidad tanto de cuidar a sus seres queridos como de ser cuidada.

Nosotros y nosotras también seremos mayores algún día.