En una situación tan excepcional como la que padecemos resulta llamativo el conservadurismo del PNV tratando de aferrarse a la textualidad de los reglamentos para impedir, en lo que pueda, el control parlamentario del Gobierno. La presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, asegura que «no podemos convertir la Diputación Permanente en un pequeño Parlamento, porque por ley es imposible hacerlo». Y el lehendakari, Iñigo Urkullu, presenta como ejercicios de autoorganización parlamentaria las decisiones que PNV y PSE imponen con su mayoría en la Mesa. Cabe recordar que primero nadie sabía cómo desconvocar unas elecciones y finalmente se hizo (y se hizo bien) a través de un decreto del lehendakari con el consenso de todos los partidos, que aceptaron no ponerse tiquismiquis ni rigoristas. También la Junta Electoral lo dio por bueno, pero con el considerando de que «el necesario equilibrio entre poderes es una garantía institucional imprescindible que debe sustanciarse en un constante dialogo entre la Diputación Permanente y el Gobierno Vasco de modo que el control democrático siga ejerciéndose». Al igual que para suspender las elecciones tampoco había previsión legal y se encontró la salida necesaria, para afrontar sus consecuencias también debe primar la voluntad política.