Dos meses después de que los secretarios generales de ELA, CIG, LAB y CSC presentasen en el Museo Marítimo de Bilbo una declaración en la que abogaban por una agenda social y el derecho a decidir, Mitxel Lakuntza, Paulo Carril, Garbiñe Aranburu y Carles Sastre rubrican una reflexión conjunta sobre la situación de excepción que están viviendo sus tres naciones, al igual que otros pueblos del planeta. Sus propuestas se adaptan a la actual coyuntura.

En el manifiesto, denuncian la utilización de la pandemia del Covid-19 «para imponer un artículo 155 encubierto, invalidando la ya de por sí insuficiente autonomía de nuestros territorios». Es más, estos sindicatos consideran que la «campaña de propaganda unionista con desfiles militares incluidos» no busca hacer frente a la extensión del coronavirus, «sino utilizar la crisis sanitaria para anular la capacidad de decidir sobre cuestiones fundamentales para la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestras naciones».

La crisis de salud pública que padecemos la enmarcan dentro de la que sufre el capitalismo «desde hace años». «Esa crisis sistémica conlleva una crisis de cuidados, de recortes en los servicios públicos, de precarización e individuación laboral y social y, consecuentemente, de ruptura de los vínculos sociales», exponen las centrales.

Las prioridades, así lo apuntan, debe ser limitar la expansión del Covid-19 y adoptar medidas para cuidar de la salud de las personas. Al mismo tiempo, reivindican «medidas sociales para que las consecuencias de esta crisis no recaigan exclusivamente en la clase trabajadora».

Respecto a las medidas aplicadas por el Gobierno español y las administraciones autonómicas, estiman que «confinan los derechos, vienen tarde, sin injustas, son insuficientes para la clase trabajadora y para los colectivos más vulnerables».

En primer lugar, reclaman medidas de protección para todos las y los trabajadores que realizan labores esenciales. Asimismo, insisten en exigir la paralización de todas las actividades no esenciales. «Para poner límites a la pandemia se precisan medidas de confinamiento más estrictas; esto es algo que también ha reclamado la comunidad científica», inciden.

Los cuatro sindicatos subrayan el «compromiso cívico» del que están haciendo gala la ciudadanía en su conjunto, y en especial los y las trabajadoras de sectores como la sanidad, limpieza, cuidado de mayores, alimentación, transporte, y en general todos aquellos trabajos que suponen atender y cuidar de la gente. «Trabajadores y trabajadoras que están desarrollando su trabajo sin los medios de protección suficientes ni adecuados, ni con personal suficiente para llevar adelante todas las tareas», advierten.

Sector público clave

«La crisis está poniendo en evidencia la importancia del sector público y lo que los recortes de los últimos tiempos han supuesto. Pero además han puesto en evidencia que la vida de las personas debe estar en el centro de las políticas. Si algo demuestra esta crisis es que las profesiones feminizadas son las mas precarizadas y desvalorizadas, y son cruciales para ponerle fin», defienden.

«Se necesitan –sostienen las cuatro centrales en el capítulo propositivo– medidas más audaces para asegurar una financiación pública, vía impositiva a las grandes fortunas y las grandes empresas, la intervención pública de sectores estratégicos de la economía, hoy en manos privadas (banca, eléctricas, etc); son algunas de las medidas justas y necesarias, dejando atrás las políticas neoliberales».

Aunque la declaración viene marcada por la situación de excepción provocada por la extensión de Covid-19, ELA, CIG, LAB y CSC se reafirman en los compromisos que adoptaron en su declaración de febrero. «No vamos a permitir que las consecuencias de esta nueva crisis recaigan en las y los trabajadores, incrementando la pobreza laboral. Vamos a seguir luchando –prometen– por un modelo basado en la justicia social y ecológica, el feminismo y un reparto más equitativo del trabajo y de la riqueza. Reclamando plena soberanía para construir un espacio socioeconómico, y un marco propio de la relaciones laborales y protección social».