Hace 43 años la transición de la dictadura a la monarquía borbónica se vivía en medio de una gran ebullición política y social. Las fuerzas franquistas se negaban a legalizar a diversas organizaciones políticas, por lo que no podrían presentarse a las elecciones previstas para junio de 1977. Uno de los partidos vetados fue EKA (Euskadiko Karlista Alderdia-Partido Carlista), cuyo Consejo Consultivo decidió llevar a cabo una osada acción en la capital navarra aquel 27 de abril de hace 43 años.

Para darle el mayor eco mediático posible, convocaron a los medios de comunicación, incluidos los corresponsales de otros países, a una rueda de prensa que comenzó a las 13.00 horas en el Hotel de los Tres Reyes. Allí les comunicaron que iban a realizar una acción política para denunciar la conculcación de varios derechos humanos por parte del Gobierno español, a pesar de que su presidente, Adolfo Suárez, había acudido un mes antes a la sede de Naciones Unidas para ratificar precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Coincidiendo con la visita de Suárez, el día 27 de marzo el Consejo Federal de Dirección del Partido Carlista había difundido un manifiesto en el que denunciaba la «situación profundamente antidemocrática» que se vivía en el Estado español.

«Denunciamos la maniobra que el Gobierno está llevando a cabo en estos momentos –decía el manifiesto–, maniobra que representa, precisamente, un atropello de los Derechos Humanos, al no permitir y garantizar la libertad para todos los partidos políticos, habiendo negado o impedido la inscripción de cerca de 50 organizaciones políticas en el registro del Ministerio de la Gobernación, con un silencio de desprecio hacia estos derechos».

Un mes más tarde, la situación seguía igual, por lo que EKA decidió pasar a la acción. A las 13.45 horas unos 150 miembros del Partido Carlista entraron en el Palacio de la Diputación con la intención de ocupar el salón de sesiones. En uno de los pasillos se toparon con Amadeo Marco, vicepresidente de la Diputación desde el año 1971 (la presidencia le correspondía al gobernador civil nombrado por Madrid). Al grito de «¡Aquí mando yo!», el antiguo capitán de requetés en la guerra del 36 sacó su pistola para intentar frenar a los carlistas, pero no lo consiguió.

Un grupo de militantes accedió enseguida al balcón de la Diputación que da a la avenida de Carlos III y colocó dos pancartas, en euskara y castellano, exigiendo la legalización de todos los partidos políticos. También colocaron la bandera del Partido Carlista, la de Nafarroa y la ikurriña, quedando constancia de aquella atrevida acción en numerosos medios de comunicación.

La revista “Punto y Hora de Euskal Herria”, dirigida entonces por Mirentxu Purroy, le dedicó la portada en su número del 5 al 11 de mayo. El precio del semanario era entonces de 45 pesetas. En sus páginas interiores recogía que «algunos miembros de la Policía Foral regañaban a los conserjes por dejar pasar» a los carlistas, y añadía que intentaron impedirles el paso al salón de sesiones y al balcón donde colocaron las pancartas y la ikurriña.

«Posteriormente la Policía Foral se retiró a los pasillos, si bien antes había pedido refuerzos urgentemente», señalaba el cronista de “Punto y Hora”. Frente a la amenaza de llamar a la Policía Armada para desalojarles del Palacio, los carlistas respondieron con frases como «Incurrirían en contrafuero» y «Estamos en nuestra casa».

«Que el pueblo elija»

Una vez en el salón de sesiones, el secretario general de EKA, Mariano Zufía, explicó los motivos de aquella acción: solicitar la legalización de todos los partidos políticos, centrales sindicales y asociaciones democráticas, así como la amnistía total.

También dijo que se trataba de denunciar la conculcación de varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos «por parte de un Gobierno que sigue actuando arbitrariamente y que pretende presentar una imagen democrática para ser admitido en la comunidad de países libres».

En este sentido, Zufía denunció la detención de miembros de EKA cuando colocaban carteles, la suspensión de actos públicos de este partido con el pretexto de que no estaba legalizado, y la negación de la nacionalidad a Carlos Hugo [pretendiente al trono por parte de los carlista] a pesar de que la había solicitado catorce años atrás.

«Nosotros no planteamos ningún pleito dinástico ni monárquico. Aceptamos la forma de gobierno que el pueblo elija, no la que se imponga», remarcó el secretario general de EKA.

A continuación leyó un manifiesto remitido al secretario general de las Naciones Unidas y a jefes de estado y de gobierno de diversos países democráticos, que también fue entregado en mano a todos los gobernadores civiles de las provincias del Estado español para que se lo hicieran llegar al ministro de la Gobernación.

En ese escrito, el Partido Carlista pedía la dimisión del Gobierno español si no se garantizaban los derechos humanos, así como la creación de un gobierno provisional que «se responsabilice de restablecer las libertades democráticas, propias del mundo libre».

Tras pasar unas ocho horas en el interior del Palacio, los carlistas dieron por concluida su acción y salieron sin que se produjeran incidentes. Poco después fueron retiradas las pancartas y banderas del balcón de la Diputación. Tal como era habitual en todas las movilizaciones populares de la época, la ikurriña había estado junto a las reivindicaciones democráticas, pero con el añadido de que en aquella ocasión lo hizo en la institución más importante de Nafarroa.

La reflexión de Carlos Hugo sobre ETA

Coincidiendo con la acción de EKA en Iruñea, el dirigente carlista Carlos Hugo ofreció una rueda de prensa en Biarritz en la que expuso las condiciones mínimas de su partido para emprender el camino hacia la democracia en el Estado español: «el reconocimiento de todos los partidos; la libertad de todos los presos políticos; el retorno con garantías de todos los refugiados; explicación por parte del Gobierno español, a la opinión pública, de las razones del retraso en la legalización de los partidos, y compensación del grave daño infringido a los mismos al retrasar ese reconocimiento».

Carlos Hugo también hizo una breve historia de la línea política seguida por el Partido Carlista en los tres últimos años, y al término de su comparecencia un periodista le pidió su opinión sobre ETA y su dinámica de lucha armada. Esta fue su respuesta, tal como recogía la revista “Punto y Hora de Euskal Herria” en su número 34: «Cuando condeno la violencia y los actos violentos me refiero a los que practican el terror contra el pueblo. Es muy diferente el caso de los que luchan contra la opresión y la tiranía defendiendo los intereses del pueblo; a ellos les asiste el derecho a la legítima defensa».

Lázaro Ibáñez

 

«Es cierto que Amadeo Marco sacó la pistola, pero se le impidió que la usara»

I.V.

¿Qué le impulsó a participar en la ocupación del Palacio de Diputación aquel 27 de abril de 1977?

Lo hice por mi convicción de la necesidad de lograr las libertades democráticas para todos.

¿Qué recuerdos tiene de aquellos hechos? ¿Es cierto que Amadeo Marco se les enfrentó y echó mano de su pistola?

Los recuerdos que tengo es que el franquismo nos machacaba con detenciones, cárcel, multas, torturas y asesinatos, y la que se decía izquierda no respetó los acuerdos y se vendió por un plato de lentejas. Sí, es cierto que Amadeo Marco sacó la pistola, pero se le rodeó y se le impidió que la usara.

Fue la primera vez que la ikurriña se colocaba en un balcón de la Diputación.

Fue la primera vez que se ocupó la Diputación, y lo hicimos para conseguir la amnistía y la legalización de todos los partidos políticos y sindicatos. Lo recuerdo como un acto y una exigencia de coherencia en nuestra lucha contra la dictadura y el fascismo.

¿Intentó la Policía quitar la ikurriña y las pancartas?

La Policía intentó quitar de la fachada principal de la Diputación las cinco pancartas, pero no se le permitió hacerlo.

¿Sufieron represalias por aquellos hechos?

Las represalias fueron continuas, y siguen hoy en día. Nos ametrallaron, nos prohibieron Montejurra 1977, no nos legalizaron para las primeras elecciones. ¿Por qué?

La ikurriña había sido legalizada en enero de 1977, pero el Partido Carlista-EKA seguía ilegalizado. ¿Por qué cree que había esa persecución política contra un partido que tenía 150 años de antigüedad?

La persecución del carlismo, del Partido Carlista, es innegable por todos los gobiernos de turno. No admiten ni entienden que queramos un cambio de estructuras real. En esa época exigíamos avanzar hacia la ruptura democrática, no un cambio de cromos. Nuestro enfrentamiento al poder liberal y su cazaelefantes es de fondo, no de forma.

¿En qué contexto político se llevó a cabo aquella acción?

La no legalización no fue un hecho aislado, sino que hay que englobarlo en una operación de largo alcance, que empezó con los asesinatos de Vitoria, Montejurra 76, prohibición de Montejurra 77, la no legalización de partidos y San Fermín 78. Era un contexto de represión contra el pueblo, que demandaba otra cosa. También quiero hacer un reconocimiento a todos los compañeros que nos han dejado, y recordar a los demás que la lucha continúa siendo necesaria.