El pasado 16 de marzo, el alcalde de Gasteiz Gorka Urtaran anunciaba una serie de medidas para que las personas que viven en la calle fueran derivadas al colegio Pío Baroja, en aplicación de las medidas de seguridad frente a la covid-19. Tan solo seis días después, el 22 de marzo, el Ayuntamiento de Gasteiz ponía en funcionamiento un nuevo recurso de acogida en el frontón de Lakua, donde habilitaba cincuenta plazas para personas sin techo, trasladando a las personas que estaban alojadas en el gimnasio del antiguo colegio Pío Baroja, permaneciendo dicho espacio equipado para volver a ser utilizado en caso de necesidad. Se habían quedado pequeñas sus treinta camas en tan solo seis días.

Según un estudio realizado por el Centro de Documentación sobre Servicios Sociales y Política Social (SIIS), que elabora desde 2012 un censo de personas sin hogar y en riesgo severo de exclusión en Euskadi, en 2018 Álava contabilizaba 325 personas en situación de exclusión residencial grave. 133 eran mujeres (quedan excluidas de este recuento las personas migrantes en tránsito y las personas refugiadas). Es decir, 325 personas que no cuentan con el derecho a un entorno seguro, íntimo y salubre. Personas para las que el #yomequedoencasa convertido en mantra adquiere tinte de broma de mal gusto.

Y es que, visto lo visto, queda patente que como mínimo cincuenta personas no sólo no podían quedarse en casa, sino que no tenían acceso a ningún otro tipo de alojamiento. Cincuenta vecinos y vecinas que hasta el 16 de marzo eran completamente invisibles para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Ha tenido que llegar una crisis sanitaria para sacar a la luz la grave situación de falta de recursos económicos y de acceso a los servicios sociales más esenciales y a la vivienda de decenas de personas. Una crisis sanitaria que retrata la situación de emergencia social que, efectivamente, existía antes del 16 marzo, agravada por las políticas antisociales y especuladoras de un Ayuntamiento que desde hace años actúa en defensa de los intereses de constructores, inmobiliarias, bancos o fondos buitre en vez de en defensa de las personas, de todas las personas.

El 23 de abril, Jon Armentia, concejal delegado de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia hablaba sobre el futuro, decía que «cuando nuestras residencias, nuestros servicios sociales, los hospitales y ambulatorios regresen su ritmo habitual, cuando superemos la primera urgencia sanitaria, tocará cerrar la herida que ahora se ha abierto. Tocará remendar y reactivar el tejido social, económico, cultural de nuestra ciudad porque la pandemia habrá dejado huella en todos los sectores. Hagámoslo unidos, nos irá mejor como ciudad y como sociedad»

Desde la Iniciativa por el Derecho a Techo y Contra la Exclusión Social de Gasteiz, no queremos que se vuelva al ritmo habitual que precedía a la crisis sanitaria, ese ritmo habitual donde cincuenta vecinos y vecinas de Gasteiz dormían en la calle por no tener recursos. Ese ritmo habitual, esa normalidad, es inhumana, y no atiende en sus necesidades a todas las vecinas de Gasteiz.

La herida no se ha abierto ahora, por tanto, llevaba años abierta mientras el Ayuntamiento negaba que existiera, y no se cierra cerrando los recursos de emergencia creados para atender a todas las personas durante la crisis sanitaria, sino ampliando de manera urgente los recursos habitacionales y creando las plazas necesarias para atender dignamente a todas las personas que lo necesitan, tal y como solicitamos en el pleno el pasado 15 de noviembre, a lo que PNV, PSE y PP se negaron, negando por tanto la existencia de dicha herida social en Gasteiz.

Para salir unidas como ciudad y como sociedad, no hay otra opción que no dejar a nadie atrás, las personas sin hogar no pueden volver a la calle, y desde aquí, pedimos a Jon Armentia que explique públicamente qué va a pasar con las personas que duermen en el gimnasio de Pío Baroja y en el frontón de Lakua cuando termine el confinamiento.

Decía el alcalde el 16 de marzo que las personas sin hogar eran atendidas en aplicación de las medidas de seguridad frente a la covid-19.

En nuestra opinión, que todas estas vecinas vuelvan a la calle sería señal de que la atención se ha prestado tratando a estas vecinas como sujeto de infección y contagio y no como sujeto de derechos.

Esperamos que su confinamiento no se haya hecho únicamente para no contagiar al resto de la población de la covid-19, sino porque tampoco se contagiaran ellas, y porque de una vez por todas, recibieran la atención que se merecen.

Porque no hay derecho a no tener un techo.