Detrás del eclipse del covid-19, está Europa y su madeja de problemas internos. Los socios de la Unión debaten cómo se llevará adelante el proceso de reconstrucción económica en el año de la mayor contracción que tenga registro desde la Segunda Guerra Mundial provocada por el confinamiento forzoso para frenar la pandemia.

En ese contexto, aparecen hoy los denominados »países frugales», encabezados por Países Bajos y seguidos por Suecia, Dinamarca, Finlandia y Austria –los más ricos del club– como los abanderados de la austeridad y la solidaridad selectiva. Más solos que antes tras el Brexit y el momentáneo abandono de Alemania, los cinco han insistido este fin de semana con un comunicado conjunto en el que piden evitar las transferencias y los créditos blandos.

En ello radica la importancia del informe del think tank Tax Justice Network (Red para la Justicia Fiscal) publicado hace unas semanas, en el que compone un ranking de los paraísos fiscales del mundo, una lista encabezada por las Islas Caimán, pero en la que también aparecen estados miembros de la UE: Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido. Por fuera de la Unión pero igual de cercano también se hace presente Suiza. Los cuatro son denominados «el eje de evasión fiscal» por la Tax Justice Network. Otra muestra de que el tema goza de vigorosa actualidad es que los gobiernos polaco, danés y escocés han expresado públicamente su voluntad de no subsidiar a empresas que tributen en paraísos fiscales. Aunque el debate por los fondos de reconstrucción es tan solo la punta del iceberg. Parece que la asimetría Norte-Sur no es s0lo por el euro o la historia.

Arquitectura fiscal hecha a medida

En lo que atañe a la UE, Tax Justice Network reveló que los bajos impuestos de sociedades en los paraísos fiscales provocan un agujero fiscal de casi 26.000 millones de euros al año a los estados miembros.

Y esos son datos exclusivamente basados en las multinacionales de Estados Unidos que, por primera vez, publicaron en enero pasado sus datos fiscales, comenta a GARA el doctor en Economía Política Javier García Bernardo, burgalés radicado en Amsterdam y que trabaja como científico de datos en el mencionado think-tank.

Ante todo, García Bernardo subraya una diferencia: eludir no es evadir. «Eludir no es ilegal en teoría, si no sería evadir. En la práctica cuando se investigan algunos casos sí se ve acaba siendo ilegal, como Amazon con Luxemburgo o Apple con Irlanda, que son casos que la UE investigó. Más allá de eso, la elusión fiscal es algo que definitivamente no es moral o ético. Las empresas intentan acercarse todo lo que pueden a esa línea».

El informe desagrega la situación regional por países y en cuánto los perjudican sus socios del bloque: los más perjudicados por la elusión fiscal son Alemania y el Estado francés, con 4.000 millones de euros que se pierden de recaudar, seguidos de cerca por Italia. En el caso del Estado español, la cifra es de 2.500 millones.

Quienes reciben lo que los otros pierden son los Países Bajos, Luxemburgo, Suiza y Reino Unido, en ese orden.

«Esa cifra la hemos elaborada utilizando datos de las empresas estadounidenses. Vemos dónde tienen las ventas, sus activos, sus empleados y sus beneficios y calculamos el número basados en cuántos beneficios extra hay en un país y que no se corresponden con el numero de ventas, empleados, activos y beneficios que tienen allí las empresas, considerando también los tipos fiscales. En el caso de España posiblemente la cifra se doblaría si añadimos más empresas, porque solo tenemos los datos de las norteamericanas», afirma García Bernardo. La elusión tiene diferentes rutas y «las tres más usadas por los paraísos fiscales europeos son vía la propiedad intelectual, otra es los intereses de los créditos y otra es incrementar un poco el precio de los productos con respecto de un país al otro».

Para entender esta críptica estructura tributaria, García Bernardo la explica con un ejemplo: «Imagina que compras un café en Starbucks en Madrid. La empresa puede decir que fuiste allí por los atributos de la marca, que está registrada en Países Bajos, entonces cada vez que compras un café ahí, España tiene que pagar a Países Bajos por el uso de la marca. Eso hace que bajen los beneficios en España y suban en Países Bajos. En el régimen tributario neerlandés rige un tipo fiscal normal de alrededor del 20%, pero si una empresa (registrada allí) demuestra que esos beneficios vienen de propiedad intelectual como la utilización de la marca, solo tiene que pagar el 7%. En el caso de las estadounidense es un 5%».

Ahí está el nudo del dumping que atrae a las multinacionales.

«En el caso de Luxemburgo, es más común otra forma: por ejemplo, un Starbucks de allí otorga créditos a su filial en España y esa filial tiene que pagar intereses a la de Luxemburgo, lo que de hecho es enviar beneficios».

En el caso suizo, la ruta de elusión es los sobreprecios: siguiendo el hipotético mismo ejemplo, Starbucks compra el kilo de café por un euro pero se lo vende a su filial en España a 1,20 euros. Estos 20 céntimos de hecho quedan en Suiza. «Esto es eludir impuestos porque pagas menos, moviendo los beneficios de un sitio a otro mediante esta arquitectura. Y todo esto se puede hacer (en forma legal) porque es dentro de la UE», señala.

Este tipo de tramas fiscales «son bastantes comunes y la mitad de la UE los tiene, como por ejemplo Chipre, Malta y Hungría. Pero lo que ocurre es que Países Bajos es considerado por las empresas un buen sitio para tener las patentes, su investigación y las filiales centrales, se usa como centro de coordinación. Además, Países Bajos y Luxemburgo son mucho más estables que Chipre o Hungría, tienen buena infraestructura y gran acceso a servicios financieros».

Por su parte, el Reino Unido «saca menos provecho» de estos bajos tipos fiscales con respecto a sus vecinos, pero su tajada es gracias a una situación «muy particular, que son sus colonias o excolonias, como Caimán, Bermudas y las islas Vírgenes. Las empresas no mueven mucho dinero (para elusión) a Londres pero sí lo hacen a las antiguas colonias».

García Bernardo señala que el Estado español y otros países también tienen algunas ayudas fiscales pero no son tan bajas. El problema de este saqueo legalizado es no solo la pérdida de recursos para Hacienda sino los «efectos indirectos, porque España tiene presión extra para bajar su tipo impositivo, porque no puede hacer otra cosa (para defenderse) porque todo ocurre dentro de la UE. De hecho esto solo pasa porque Países Bajos está en la UE y estos pagos por intereses no puede ser gravados por España, es normativa europea y no puede evitar que esos flujos salgan».

Y si hay un beneficio es porque hay un beneficiado: «Hubo muchas presiones de las élites financieras y de las multinacionales para que esto no cambie. Se está viendo además que no todas las empresas sacan el mismo provecho. Las que se benefician más son principalmente las digitales, como Microsoft, Facebook y Apple, y también no digitales como Nike, Starbucks y McDonald’s. A nivel mundial calculamos que hay entre 600.000 a 1 billón de dólares en beneficios que se mueven a paraísos fiscales así que habría una evasión de casi 200.000 millones de dólares».

Una reforma necesaria y global

Según García Bernardo, «poco a poco se están dando pasos para que esto deje de pasar» y recalca que «en los últimos 10 años se ha cambiado mucho en términos de lucha fiscal. Hace una década era impensable hablar de tipos fiscales mínimos y que la UE, el FMI y especialmente la OCDE estén considerando reformas».

Incluso pondera el cambio de actitud en los medios de comunicación, que comienzan a poner la lupa sobre la elusión fiscal y sus problemas, como los liberales “Financial Times” y “The Economist”. Sin embargo, recuerda que para cambiar la legislación fiscal a nivel comunitario se necesita unanimidad entre los socios «y eso es algo que Países Bajos Luxemburgo, Irlanda y Hungría bloquean».

Desde Tax Justice Network proponen tres medidas: «Lo primero es la transparencia, saber dónde pagan los beneficios y tienen empleados y sus activos las empresas, que es algo oculto. La segunda es un tipo fiscal mínimo de al menos 25% en todos los países, reduciendo incentivos para la elusión. Y tercero, que se paguen los impuestos no en función de dónde tiene los beneficios sino dónde tienen la actividad económica y sus empleados». García Bernardo es optimista y cree que «antes de 2025 habrá muchos cambios, eso seguro».

Imposible no recordar el exabrupto del primer ministro portugués, Antonio Costa (cuando calificó de «miserable» la posición neerlandesa en el debate por las ayudas por la pandemia) y no relacionarlo con la traición fiscal de Países Bajos a sus socios, la cual explica en parte –además de sus aciertos y el trabajo de su gente, claro está– cómo esta nación casi sin recursos naturales ostenta casi el doble de PIB per cápita español. Y por supuesto, su contracara: casi la mitad de su deuda pública por habitante.

Pero el escándalo moral no es ese. Al fin y al cabo, son números fríos. Sí lo es pensar esta ecuación, que alcanza para querer un cambio urgente en el seno de la UE: en un lustro, el «eje de la evasión de impuestos» se queda con 10.000 millones de euros del Estado español, más de tres veces lo que costará la renta básica universal que aprobará esta semana el Gobierno de coalición.