El coronel Diego Pérez de los Cobos ha sido pieza importante del Estado en Euskal Herria en los 90 –se sentó en el banquillo, aunque fue absuelto, por las torturas a Kepa Urra– y clave en Catalunya durante el procés. Ahora el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tenido que destituirle deprisa y corriendo como responsable de la Guardia Civil en Madrid tras un informe que señala al Gobierno por la gestión del covid-19.

El motivo de la destitución, anunciada ayer, quedó en evidencia poco después. La jueza Carmen Rodríguez Medel, del juzgado 51 de Madrid, citó como imputado al delegado del Gobierno español en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar las marchas del 8 de Marzo y no prohibir otros actos masivos (congreso de Vox, partidos de fútbol...) cuando ya había indicios del zarpazo que se avecinaba.

La Comandancia de la Guardia Civil que lideraba este peón del Estado con amplia –e impune– trayectoria en Euskal Herria y Catalunya emitió un informe que pone al Ejecutivo de Sánchez y a todo su equipo técnico en una situación peliaguda. Sobre todo teniendo en cuenta hasta qué punto la Justicia está canibalizada por las derechas españolas, que no dudan en acusar al Gobierno de «crímenes» por su gestión de la pandemia.

Según se filtró, uno de los principales señalados en el informe es el director del Centro de Alertas sanitarias y portavoz absoluto en esta crisis, Fernando Simón. Es una de las personas sobre las que han recaído querellas de diferentes colectivos e individuos de ideología derechista. No ha sido citado a declarar... todavía. La repercusión de esa decisión sería enorme dada la proyección pública del epidemiólogo.

Grande-Marlaska decidió prevenirse de ello cortando la cabeza de Pérez de los Cobos con el argumento genérico de «pérdida de confianza» y eludiendo citar el motivo por ahora. Sindicatos de la Guardia Civil defendieron al coronel apuntando que el informe fue emitido en condición de Policía Judicial, por encargo de la magistrada. Pero si la línea entre ultraderecha y judicatura en España es muy fina, entre judicatura y Guardia Civil lo es menos aún.