La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó el martes a Luis Parra, un disidente de la oposición. como legítimo presidente de la Asamblea Nacional y anuló definitivamente la junta directiva encabezada por el líder opositor Juan Guaidó, al tiempo que ha prohibido la instalación de «un Parlamento paralelo o virtual» y establece que cualquier persona, pública o privada, que «preste o ceda espacio» para hacerlo «será considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo».

Esto impide a Guaidó y a los miembros de su junta directiva continuar con la celebración de sesiones parlamentarias en lugares diversos e improvisados al tener vetada la entrada a la sede de la Asamblea Nacional, que está ocupada por Parra.

En el último año y medio, Guaidó se ha presentado como jefe del Parlamento y en enero de 2019 se autoproclamó presidente encargado, reconocido así por medio centenar de países encabezados por EEUU en detrimento del legítimo mandatario, Nicolás Maduro.

La Presidencia de la Asamblea Nacional le sirvió para ganarse el reconocimiento de la comunidad internacional y ser tratado con honores de jefe de Estado. Pero al perder, por orden judicial, ese cargo, su poder político queda en entredicho y a expensas del trato que, a partir de ahora, le den los mandatarios que hasta hoy le apoyaban.

Más allá de su reconocimiento internacional, Guaidó ha visto como en este último año ha ido mermando su peso también dentro de Venezuela y en el campo de la oposición. Y, además, ha visto diezmado su poder de convocatoria de manifestaciones antigubernamentales y su dominio de la escena en los medios de comunicación.

En este tiempo ha intentado llevar adelante varias iniciativas –incluido un levantamiento militar y el reciente intento de «invasión», al que se le vincula– para demostrar su fuerza, pero todas han fracasado y en ningún momento ha puesto en peligro la continuidad de la revolución bolivariana. Pese a controlar millones de dólares del Estado que Washington ha puesto en sus manos y que no ha podido convertir en ayudas a la población.

En los últimos 17 meses, Guaidó ha sido arrinconado por la Justicia y el Gobierno venezolano que reiteradamente le acusan de ser «terrorista» y «vendepatria». Ahora, tras la resolución del martes, se queda sin liderazgo parlamentario y, por tanto, sin un respaldo político para erigirse en presidente encargado frente a sus seguidores y la comunidad internacional, como lo había hecho hasta la fecha.

A día, ni siquiera milita en un partido que lo respalde de manera oficial, ya que en enero abandonó la formación Voluntad Popular, que preside Leopoldo López y en la que realizó toda su carrera política.

Nuevas denuncias

El Gobierno de Maduro ha anunciado nuevas denuncias contra Guaidó y su equipo ante Naciones Unidas y el Tribunal Penal Internacional (TPI), en esta ocasión por un supuesto complot para apoderarse de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) custodiadas en el Banco de Inglaterra y de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal Pdvsa, intensificando así su ofensiva judicial también en instancias internacionales.