La fuerte crisis derivada de la pandemia sorprendió al primer Gobierno español de coalición en sus inicios. Su agenda de reformas –ambiciosa al menos en lo escrito– parecía candidata a la postergación. Sin embargo, por la propia dinámica política y la endeble mayoría en las Cortes Generales, la situación es bien distinta. No sólo los tiempos se han acelerado, sino también las necesidades.

A menos de cinco meses de investido, el Gobierno impulsó el Ingreso Mínimo Vital, un viejo anhelo de la izquierda que quería ver replicado a nivel estatal lo que en muchas autonomías ya existía. La precariedad y la crisis, y los partidos socios del PSOE, ahora empujan para que sea hora de abordar la reforma laboral. Mejor dicho, la amputación de derechos que supuso no solo lo reformado por el PP en 2012 sino por el PSOE en 2010.

La crisis no es la excusa sino la oportunidad, aunque los portavoces mediáticos y políticos de las patronales asusten con declaraciones alarmistas sobre las consecuencias de devolver derechos. Pero a diferencia de hace una década, esta vez desentonan con la música que se oye fuera de sus cavernas.

Por dar un ejemplo elocuente, ahí están las declaraciones días pasados del portavoz del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice. Preguntado por la situación española, advirtió de «la necesidad de hacer más incluyente al mercado laboral, lo que exige reducir la precariedad de los contratos laborales, así como que las políticas activas de empleo potencien la adquisición de nuevas aptitudes».

No sólo el FMI, sino que el discurso en la UE ya no es el del austericidio y la recesión por el coronavirus revigoriza el rol del Estado y de los derechos para darle oxígeno a un tejido social que viene sufriendo un ataque sistemático, con el Estado español como triste muestra de ese retroceso: la reforma de 2012 significó un despido más barato y más fácil (menos tiempo para el improcedente y más causas que lo permiten), facilitó a la patronal «descolgarse» de los convenios colectivos y liberalizó los ERE sin la necesaria autorización del Gobierno.

Pero de todos los cambios de aquella reforma hay uno que resultó clave por sus consecuencias: los convenios de empresa pasaron a tener prioridad independientemente de lo que se pacte en convenios de nivel superior, debilitando el poder negociador de los sindicatos y empujando a la baja los salarios.

«Sin duda hay que derogarlo. Ese artículo y todo lo que hace a la negociación colectiva que se reformó», dice a GARA el economista y diputado de la Asamblea de Madrid Eduardo Gutiérrez (Más Madrid), exasesor de CCOO que colaboró en el famoso juicio que los trabajadores ganaron a Coca Cola.

Para Gutiérrez, aquella modificación de la negociación colectiva «fragmentó la interlocución entre trabajadores y empresarios. La posibilidad entonces de plantear un ejercicio de fuerza por parte del sindicato se hizo muy difícil y cada empresario pudo reventar la acción colectiva. Se rompió las piernas de la interlocución y precarizó muchísimo las condiciones de trabajo. Se vendió que liberalizaba el despido pero en realidad puso presión para la baja de salarios, fue una rebaja estructural de sus posibilidades provocando caída salarial. Esto es manifiestamente urgente que se derogue», insiste.

Sin embargo, en general Gutiérrez cree que «no se trata tanto de derogación de reformas sino de adaptación progresiva de la legislación, incorporando doctrinas» y modernizando la normativa: «Para salir de este meme reduccionista de la derogación, creo que hace falta decir que hay que incorporar la realidad que ha proliferado en los últimos 30 años, por ejemplo con el abuso de entidades jurídicas en grupos empresariales».

«Hay un ovillo de empresas en donde en el centro de esa pirámide hay un fondo de inversión con participaciones en cascada con legiones de empresas. Cada una de ellas son compartimentos estancos con responsabilidad económica. Las grandes corporaciones han construido estas pirámides para imponer en la cola de ese holding las condiciones de trabajo. Esto sucede en empresas de alimentación, embotelladoras, servicios de residencia, etc. Los sindicatos negocian con las empresas de abajo pero las instrucciones vienen de arriba, sin tener los de arriba responsabilidad desde el punto de vista laboral jurídico ni penal», explica.

Gutiérrez señala que hay una nueva jurisprudencia que plantea la responsabilidad de los grupos empresariales si se puede demostrar jurídicamente esta pirámide. «Es hora de incorporar a la legislación este principio de ‘levantamiento del velo’, que ya es un principio jurisprudencial, para ver quién es el que está de atrás en las decisiones. Se debe adaptar la normativa para evitar a los que hacen abuso de entidades jurídicas usadas como pantallas intermedias para distanciar la auténtica sociedad anónima que toma las decisiones», enfatiza.

El diputado madrileño también propone «incorporar un epígrafe referido a la subcontratación, en el que se extendieran las responsabilidades laborales, básicamente económicas, algo que ya está teniendo presencia también en la jurisprudencia», ya que a su entender en los últimos años «han proliferado los controles (del mercado de trabajo) de los grandes grupos empresariales a través de la subcontratación de empresas que muchas veces trabajan casi en exclusiva con la gran empresa. Legiones de pymes viven bajo los contratos leoninos mercantiles que firman con la contratista más grande, provocando un empoderamiento metastásico de los grupos empresariales».

«Lo que aparentemente es una libre transacción (entre subcontratadas y gran empresa) en realidad tiene consecuencias hacia el mundo del trabajo. Son entidades jurídicas distintas, interpuestas. Todo esto ha proliferado porque las tecnologías de información permiten un control por parte de los holdings que antes no había. Por eso hay que adaptar estas realidades», remarca. En cuanto a las derogaciones, cree que con dar marcha atrás a la jerarquía del convenio de empresa y a las reducciones hechas en el despido nulo, «ya es el 80%» del corazón de aquella reforma.

El impacto del acuerdo firmado por PSOE, UP y EH Bildu se hizo sentir y pilló por sorpresa a una Moncloa que erró sus cálculos. De hecho, una fuente gubernamental que tuvo acceso a las bambalinas de aquellas jornadas comentó a GARA la gran sorpresa del portavoz de UP, Pablo Echenique, cuando su colega del PSOE, Adriana Lastra, aceptó la firma propuesta por la izquierda soberanista vasca. «Mertxe Aizpurua hizo la propuesta y Echenique y Lastra consultaron con Iglesias y Sánchez. Cargarle el error a Lastra sería injusto, ella recibió el ok», relatan no obstante.

Pero los partidos de derecha y la CEOE tronaron y comenzaron una campaña en contra de la derogación íntegra y pronta. El inciso sobre esa derogación «antes del fin del estado de alarma», algo firmado por los tres portavoces mencionados, está descartado tanto por el PSOE como por UP. Desde el entorno próximo del vicepresidente Pablo Iglesias aseguran a GARA que «los pactos se cumplen» pero que «no se hará caso» a esa limitación del tiempo. «El PSOE firmó voluntariamente la propuesta de Bildu pero somos conscientes de las limitaciones. El acuerdo de Gobierno es expreso y no se va a exigir tiempos. Pero la clave pasa por legislar pronto una legislación nueva», añaden.

Preguntados por lo mismo, portavoces de la Presidencia del Gobierno responden desde Moncloa que «no hay nada más que decir sobre esta cuestión»y se remiten a lo «expresado» por la ministra portavoz y por la de Trabajo.

¿Y qué dice Yolanda Díaz? Pues desde su gabinete han respondido a GARA que «no se avanzará en la reforma laboral sin hablar en la Mesa de Diálogo Social», pero recalcan que «se cumplirá el acuerdo de investidura y se va a derogar, pero ese acuerdo no dice que en forma íntegra». También buscarán legislar sobre cuestiones nuevas como el teletrabajo y los riders aunque no especifican cuándo se abocarán a ello ni cuáles aspectos de la reforma del PP serán seguramente derogados.

Por lo que respecta al líder de la CEOE, Antonio Garamendi, fuera de micrófono admiten en Trabajo que está «en una situación difícil» y que existe «algo de show» en sus declaraciones, demostrado en que prometió reventar las negociaciones de la Mesa de Diálogo Social para luego retomarlas a los pocos días. «Garamendi ya firmó tres acuerdos con una ministra comunista», destacan en Podemos.

Esta semana Díaz dijo en Radio Nacional que no puede «dar fechas» porque ahora el Gobierno está centrado en la gestión de la pandemia, pero «se retomarán los trabajos en el diálogo social» sobre la reforma, sobre la cual dijo que «ni el PP fue capaz de defender como una reforma positiva».

Por su parte, Gutiérrez se muestra «optimista» de que pueda haber «alguna mejora» en legislación laboral pero es más pesimista en cuanto a su «profundidad e intensidad». Sabe que los «poderes fácticos» jugarán en contra y que habrá un coro que advierte sobre la menor demanda de trabajo «desde la mirada del rentista a corto plazo». En ese sentido, pide recordar que «cuando se estableció la jornada de 8 horas, muchos decían que era el fin del capitalismo. Y aquí estamos».