2020/07/06

LIBERTAD FRANCÉS
SALHAKETA NAFARROA

La asociación Salhaketa, junto a Sare, Etxerat o Altsasu Gurasoak, impulsa la campaña #SOSPresoakcovid19 en Nafarroa y también una ofensiva estatal con otros colectivos por los derechos de todas las personas presas, ahora aún más vulnerados.

«La OMS y Europa apostaban por excarcelar, pero aquí se ha optado por lo más restrictivo»
Ruben PASCUAL|IRUÑEA
0706_eg_salhaketa

La crisis sanitaria ha puesto más de relieve que nunca la vulnerabilidad de las personas presas y, por ello, ha servido como catalizador para que decenas de entidades del Estado español crearan redes de trabajo en común o reforzaran las ya existentes para reivindicar el respeto a los derechos de la población carcelaria. Un mensaje más acuciante en un contexto tan excepcional.

¿Cuáles son las casuísticas o problemáticas añadidas que han detectado en las cárceles a raíz de la pandemia?

El principal problema es que, conforme se declaró el estado de alarma, se sacó una instrucción para cerrar las cárceles. Esto provocó, básicamente, que nadie pudiera salir y que tampoco nadie pudiera acceder al interior, eliminándose las visitas y todas las actividades: tratamentales, educativas, formativas… Lo que se ha hecho como medida para prevenir el coronavirus es aislar las cárceles.

Esta situación se trató de mitigar por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aumentando el número de llamadas que pueden realizar las personas presas e implementando también videollamadas, pero son medidas que han llegado muy tarde y con muy pocos medios.

Sí que se hizo una distinción con aquellas personas que ya estaban en tercer grado o en libertad condicional, quienes, en la mayoría de casos, han podido estar en casa en lugar en los CIS [Centros de Inserción Social] o en las secciones abiertas. La cifra de estos supuestos ha sido muy elevada, pero las asociaciones que veníamos reclamando la excarcelación como mejor medida para hacer frente a la pandemia hemos echado en falta que también los que estaban en segundo grado hayan salido.

¿Cómo ha influido la restricción de movimiento que se aplicó a nivel general?

La normativa que no permitía desplazarse entre provincias ha supuesto un problema porque hay un alto número de personas que están cumpliendo condena en otros lugares, no porque quieran, sino porque así se ha decidido desde la administración penitenciaria. Esta realidad, que en Navarra afecta a 184 presos, es igual de discriminatoria y perjudicial para todos. Pedíamos que las familias pudieran desplazarse a otras provincias y que los permisos pudieran disfrutarse también en otros territorios, pero no se ha atendido.

¿Cómo se ha vivido la pandemia en las prisiones?

Con un sentimiento total de desinformación y abandono. Por lo que hemos podido conocer a pesar de la poca información que trascendido, ha habido bastantes reivindicaciones: huelgas, algún intento de motín, protestas por parte de personas presas y familias…

Todo esto se ha vivido, además, con falta de material: sin mascarillas, se han hecho muy pocas pruebas de detección... Cuando ha habido sospechas de contagios, se han aplicado aislamientos, no en el hospital o en los espacios médicos de las prisiones, sino que les ha tenido en cuarentena en celdas normales, como si estuvieran cumpliendo una sanción, por tiempos indefinidos y sin pruebas para descartar que fuera coronavirus.

¿Y la desescalada?

Las fases 1 y 2 se implementaron de aquella manera, con semanas de retraso con respecto al exterior, y no fue hasta el 26 de junio cuando se publicó la instrucción de cara a la nueva normalidad en las cárceles. Vuelve a llegar tarde y mal, con instrucciones muy generalistas, que dejan las decisiones en manos de cada prisión. Habla de retomar los vis a vis, de eliminar la cuarentena a la vuelta de los permisos… Por lo que sabemos con la información que tenemos, ninguno de los puntos se ha empezado a implementar.

Hubo países que adoptaron medidas para reducir la población carcelaria. ¿Por qué en el Estado español no se hizo?

Había dos opciones: la que reclamamos desde las entidades sociales, que además defendían organismos internacionales como la OMS o el Consejo de Europa, que apostaban por la excarcelación como mejor forma de prevención. Frente esta postura, la más respetuosa con los derechos humanos, la Secretaría General ha optado por la opción más restrictiva de derechos.

Tenemos un sistema penal y penitenciario muy punitivista y la dinámica siempre es tendente a endurecer más y poner en un segundo plano el respeto a los derechos humanos frente a otros intereses como la seguridad, el régimen o, en este caso, la seguridad sanitaria.

¿Qué consecuencias puede tener todo esto?

Se han dejado de hacer actividades tendentes a cuidar la salud física y mental de las personas presas. Se han desatendido totalmente cuestiones tan importantes como la atención sanitaria, la salud mental y la drogodependencia, las que más incidencia tienen en prisión. A ello hay que añadirle la mayor desestabilidad que ha acarreado el aislamiento. Aunque la información no ha trascendido, es evidente que ha afectado, habrá que ver en qué medida.

 

«No están siendo valientes, se podría hacer mucho más»

¿Les ha resultado complicado ponerse de acuerdo entre tantas asociaciones tan diversas para encarar esta dinámica?

En absoluto, porque lo que reivindicamos, la defensa y el resto de los derechos de las personas presas, son cosas que compartimos transversalmente y somos conscientes de que afectan, en mayor o menor medida, a todos.

La campaña ha coincidido en el tiempo con otras iniciativas políticas de calado, como la posición conjunta de nueve fuerzas del Congreso en favor de excarcelaciones y terceros grados. ¿Qué conclusión extrae?

Los primero que me sale decir, aunque igual quede un poco feo, es que el trabajo que llevamos haciendo las entidades sociales desde hace un montón de tiempo da sus frutos. El hecho de haber creado esta red estatal, de haberla traído a Nafarroa consiguiendo una dinámica potente, de implicar en cierta medida al Gobierno de Navarra y de haber hecho el ruido suficiente para que en el Parlamento estatal haya llegado a los grupos es importante, porque estamos consiguiendo poner el tema en la agenda.

Cuando se formó el nuevo Gobierno en el Estado, había una cierta expectativa de que se podía encarar de otra manera la política carcelaria. ¿Creen que esa buena voluntad ha tenido reflejo en los hechos?

Es cierto que había esa sensación, pero el primer varapalo fue el nombramiento como ministro de Fernando Grande-Marlaska habiendo sentencias de Estrasburgo que condenan a España por no haber investigado torturas en causas instruidas por él.

Por otro lado, cuando se designó al secretario general de Instituciones Penitenciarias [Ángel Luis Ortiz], también venía con la expectativa de que era una persona muy respetuosa con los derechos humanos. La realidad en esta pandemia con él al frente no ha sido muy favorable, porque no se ha acogido a la línea que se defendía desde las entidades sociales y organismos internacionales. Es cierto que con otra persona podría haber sido mucho peor, pero la gestión de esta crisis no ha sido positiva. Se podían haber tomado otras medidas mucho mejores, más rápidas y más respetuosas, y no ha sido así. No se están haciendo cosas valientes, se podría hacer mucho más.

Además, a raíz de la destitución de Javier Nistal, un alto cargo de la Secretaría General, y el nombramiento de su sustituto, se han anunciado medidas como que los funcionarios sean considerados autoridad, algo que es muy grave. R.P.

CONSECUENCIAS


«El aislamiento y la desatención han acarreado mayor desestabilidad, y habrá que ver cómo afecta a los presos»

ALEJAMIENTO


«En Navarra afecta a 184 presos y es una realidad igual de discriminatoria y perjudicial para todos ellos»

DESESCALADA


«Ha llegado a las cárceles tarde y mal, dejando las decisiones en manos de cada prisión»