Hacer silogismos en política es muy fácil porque a estas alturas la experiencia histórica, la praxis, sustenta cualquier combinación de intereses por muy chocante que parezca a priori. Así, es muy fácil deducir que quienes defienden en estos momentos la “frugalidad” en la Unión Europea son los mismos que en la crisis financiera eran abanderados de la “austeridad”.

Pero no es cierto, lo cual nos abre la puerta a buscar cualquier otra relación que explique por qué Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia se resisten a apoyar el plan elaborado por el equipo de Ursula von der Leyen para impulsar la recuperación económica de la Unión Europea tras el parón provocado por la pandemia de covid-19.

De entrada, los cuatro gobiernos están regidos en estos momentos por partidos de distinto signo ideológico. Solo el VVD del primer ministro neerlandés, Mark Rutte, encaja en la doctrina liberal, mientras que el ÖVP del canciller austriaco, Sebastian Kurz, se alinea con la democracia cristiana. Los gobiernos sueco y danés se sientan al otro lado de esta mesa, ya que ambos están presididos por líderes socialdemócratas.

Y tampoco encajan los cuatro en la cultura protestante, ya que Austria es mayoritariamente católica e, incluso, esta confesión tiene más adeptos en los Países Bajos que el calvinismo con el que tanto se identifica. Conviene incidir en que no nos referimos a la práctica religiosa, porque, por ejemplo, la mitad de la ciudadanía neerlandesa se presenta como no creyente, mientras que Dinamarca sigue siendo un estado confesional.

Estado del bienestar

En lo que los cuatro coinciden por ahora es en que no están dispuestos a aprobar un plan que contemple que las ayudas a los socios de la UE más afectados por el covid-19 sean subvenciones a fondo perdido. En cambio, defienden que se concedan préstamos a cambio de rigurosas condiciones, incluyendo reformas estructurales en los Estados receptores.

Los dos países escandinavos tienen otra peculiaridad que conviene no olvidar: están fuera de la zona del euro. Y, lo que es más significativo, después de los años 90 hicieron duras curas de austeridad para apuntalar los cimientos del estado del bienestar, que se tambaleaba por el creciente peso de la deuda.

Se comparta o no su posición, esto sirve para entender por qué la primera ministra, Mette Frederiksen, defiende la idea de que «es necesario proteger a los daneses de aquellos que cogen el dinero destinado al estado del bienestar danés». Muy parecido al “I want my money back” (“Quiero que me devuelvan mi dinero”) lanzado por Margaret Thatcher en 1979, como recuerda Marlene Wind, profesora de la Universidad de Copenhague.