Estos son tiempos de pandemia, de desescalada –que cada vez se parece más a una montaña rusa– y de mucha incertidumbre para toda la gente. Y también son tiempos de vacaciones... pero no para todo el mundo.

Antes de que la epidemia del nuevo coronavirus llegara a nuestro país, no toda la ciudadanía disfrutaba de unas cómodas condiciones de vida. Lo recuerdan a menudo, por ejemplo, las organizaciones que suscriben la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Y por ello hay movimientos sociales que reclaman insistentemente unas pensiones dignas, que se movilizan para frenar los desahucios y que han logrado que los tribunales europeos pongan coto a las cláusulas abusivas en hipotecas y préstamos, o que luchan para eliminar de raíz cualquier tipo de discriminación.

Esas reivindicaciones se sustentan en la realidad que nos circunda, no solo en principios ideológicos, como constatan los estudios que se difunden periódicamente. Uno de los últimos publicados es la “Encuesta de Condiciones de Vida. Año 2019”, que elabora el INE, donde se recogen datos referidos a Hego Euskal Herria, agrupados por comunidad autónoma.

Esta encuesta abarca distintas cuestiones relacionadas sobre los ingresos y la desigualdad de los hogares, desde el riesgo de pobreza hasta el régimen de tenencia de la vivienda. En este artículo solo mencionaremos algunos de esos parámetros.

De entrada, conviene aclarar a qué se refiere el instituto de estadística cuando habla de los «hogares» como una unidad de cálculo. La ECV es una estadística armonizada para el conjunto de la Unión Europea cuyo objetivo principal es proporcionar información sobre la renta, el nivel y la composición de la pobreza y la exclusión social.

Como explica el INE, una unidad de consumo es una persona viviendo sola, mientras que un hogar formado por dos adultos constituye 1,5 unidades. A partir de ahí, el umbral de pobreza se calcula para cada tipo de hogar. Esta encuesta es de carácter anual y los últimos datos fueron recogidos en el tercer cuatrimestre de 2019 a través de entrevista personal y telefónica a unas 40.000 personas en el conjunto del Estado.

El golpe de la crisis financiera

Entrando en detalles, en este periodo estival de un año tan especial, la salida del confinamiento ha estado marcada, en buena medida, por cierta «ansiedad» relacionada con las ganas de regresar a una «normalidad» entendida como posibilidad de disfrutar del ocio. Ello venía motivado, en parte, porque la actividad laboral se había recuperado antes que la libertad de movimiento –para quienes no estaban en paro o en ERTE– y también porque hay sectores, como los de la hostelería y el turismo, que tienen un peso específico en la economía vasca.

Pero los grandes titulares o los extensos reportajes sobre este periodo vacacional suelen esconder –este año quizás menos– esta parte de la realidad: en Hego Euskal Herria, uno de cada cinco hogares no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Eso es lo que se desprende de la encuesta realizada el pasado año (como se observa en el gráfico adjunto, la proporción es todavía mayor en la CAV, 23,5%).

La ECV viene haciéndose desde el año 2004, cuando la situación en este capítulo era todavía peor, ya que la media se acercaba a uno de cada cuatro hogares sin vacaciones. La cosa parecía mejorar en 2008, pero entonces estalla la crisis financiera y en los años siguientes son cada vez más quienes se quedan sin vacaciones (en Nafarroa se roza el 30% en 2013).

Por lo tanto, cuando se dan datos sobre ocupación hotelera, convendría no olvidar que esos porcentajes tienen que ver con la capacidad de alojamiento más que con la parte de la población que puede pagarse unas vacaciones fuera de casa.

Por ejemplo, Eustat publicó el jueves los datos referidos a la CAV durante junio (el estado de alarma concluyó el día 21 de ese mes), señalando que 372 establecimientos habían mantenido algún tipo de actividad, mientras que 246 permanecieron cerrados durante todo el mes. Así, las entradas en hoteles fueron 47.669, que dieron lugar a 89.823 pernoctaciones, muy lejos de las cerca de 300.000 entradas y más de 580.000 pernoctaciones de junio de 2019.

Para cerrar el comentario de este apartado, conviene recordar que quienes este año están afectados por un ERTE de fuerza mayor no generan derecho a vacaciones durante ese periodo. Es decir, que quienes estén en ERTE desde mediados de marzo han perdido ya un tercio de sus días de vacaciones anuales. Por ver la botella medio llena, al menos no están perdiendo ingresos.

Vacía del todo la verán esa cuarta parte de los hogares de Hego Euskal Herria que, según la ECV-2019, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Una situación todavía más alarmante si repasamos la serie desde 2004: el dato del pasado año es el más elevado tanto para la CAV (25,2%) como para Nafarroa (22,9%).

Es decir, que «la salida del túnel» que se venía anunciando en los últimos años se vislumbra aún bastante lejos a la luz de este tipo de estas estadísticas.

¿Hay bases para el optimismo?

Con una perspectiva más general, habrá que esperar al próximo año para ver qué tendencia sigue la tasa de riesgo de pobreza o riesgo de exclusión, que en 2019 presentaba una destacada diferencia entre Nafarroa (7,7% de los hogares) y la CAV (10%). La tasa Arope –denominada así por sus siglas en inglés– se elabora teniendo en cuenta la población que se encuentra en riesgo de pobreza o con carencia material o con baja intensidad en el empleo.

Según los datos de Eurostat, en 2017 –último año para el que hay datos comparables– el riesgo de pobreza afectaba al 16,9% de la población de la UE-28. La tasa superaba el 20%, en orden ascendente, en Croacia (20%), Grecia, Italia, Estonia, Estado español (21,6%), Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumania (23,6%).

En ese año, Euskal Herria estaría entre los países con mejor nota de la UE, ya que solo la República Checa (9,1%) estaba por debajo del 10%, al igual que Nafarroa (8,3%) y la CAV (9,7%).

No obstante, a lo largo de la serie histórica registrada por el INE, que en este caso comienza en 2008, se observa que los peores datos se registraron en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2015.

Pero, aun así, choca que el porcentaje de quienes no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días haya aumentado tanto, en términos relativos, en los últimos años. En Nafarroa, se ha pasado del 0,7% de 2004 al 1,5% en 2017 y al 3% en 2019. En la CAV, desde el 1% inicial se pasó al 3,2% en 2017 para descender al 1,7% el pasado año.

Es probable que la explicación se encuentre en el hecho de que, antes de la pandemia, el nivel de ingresos no se estaba recuperando para todo el mundo al mismo ritmo.

En estos gráficos solo presentamos la renta anual «media», pero resulta llamativo que, pese a que el cambio de tendencia se produce en 2015, todavía el pasado año estaba bastante por debajo de la de un decenio antes. En Nafarroa, en 2009 la renta media era de 37.644 euros frente a los 34.612 de 2019, y en la CAV, de 37.707 frente a 36.399.

Esas cifras aumentan si se tiene en cuenta el concepto de «alquiler imputado», que es un valor que se aplica a los hogares que no pagan un alquiler completo por ser propietarios o por residir en una vivienda alquilada a un precio inferior al de mercado o a título gratuito.

Esperar que en este 2020 esas curvas sigan la tendencia alcista parece pecar de optimismo en estos momentos. Y no solo porque el virus del covid-19 sigue entre nosotros, sino porque no se observan signos claros de que las instituciones públicas y las organizaciones patronales se quieran comprometer realmente en políticas efectivas para eliminar las desigualdades. Y la vacuna parece fácil de encontrar: un reparto justo de la riqueza.