La Audiencia Nacional española que ha juzgado la masacre del ideólogo de la Teología de la Liberación Ignacio Ellacuría y otras siete personas en 1989 en El Salvador consideró culpable a Inocente Orlando Montano, coronel del Ejército salvadoreño y exviceministro de Seguridad de El Salvador, y le condenó a la pe 133 años y tres meses de cárcel por cinco delitos de «asesinato de carácter terrorista».

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de militares salvadoreños ejecutaron al sacerdote vasco Ignacio Ellacuría y a otros cinco jesuitas, cuatro de ellos de nacionalidad española, así como a la mujer y a la hija de 15 años de edad del guardia de la sede de la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador.

Montano era viceministro de Seguridad Pública de El Salvador en aquel momento y hacía campaña contra la orden religiosa acusándola de subversiva.

Mediadores en la guerra civil

Según el auto de procesamiento dictado en su día, la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de «intensa polarización» entre el Gobierno militar de El Salvador y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un proceso de diálogo y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la Teología de la Liberación, de incitar a los campesinos a «una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin».

La decisión de matar a Ellacuría, rector de la UCA, y al resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado La Tandona, al que Montano pertenecía. El coronel fue extraditado por EEUU al Estado español en 2017.

Cinco sacerdotes –además del propio Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, todos ellos de entre 47 y 59 años-–tenían nacionalidad española, de ahí que el caso llegara a la Audiencia Nacional española, ya que es competente para investigar crímenes contra ciudadanos del Estado español en el extranjero.

«Terrorismo de Estado»

La sentencia hecha pública ayer considera acreditado que «los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas», del que formaba parte no solo el condenado sino también el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, a quien los tribunales salvadoreños se negaron a extraditar.

El tribunal especial español va más allá al estimar que las ejecuciones fueron cometidas desde los propios aparatos del Estado, «lo que comúnmente viene a denominarse como terrorismo desde el Estado» (sic).

 

«Ojalá termine la impunidad aquí, en El Salvador»

El activista salvadoreño de derechos humanos Óscar Pérez se mostraba optimista antes de conocer el fallo. «Se está haciendo justicia en España, creo que la sentencia hará justicia sobre este caso, que es un crimen de lesa humanidad, y eso es lo que esperamos», sostuvo Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos.

El activista insistió en que durante el juicio al que se enfrentó el militar retirado «se ha evidenciado la verdad sobre esa masacre, cómo fue y quiénes la ordenaron».

Añadió que una condena para el exviceministro de Defensa salvadoreño sería «una señal muy importante para este país (El Salvador) de la impunidad».

«Ojalá esa justicia también alcance a aquellos que todavía viven en este país», apuntó Pérez en referencia a los señalados por crímenes de guerra que siguen viviendo impunes en El Salvador.

Por este crimen únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas al grupo que irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana y a quien la Justicia le ha negado el indulto y conmutación de la pena.

La misma «Justicia» se negó a entregar al Estado español al entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani.

Pérez aseguró que seguirán trabajando para lograr el final de la impunidad.GARA