La futura Ley española de Memoria Democrática, que ayer pasó su primer trámite en el Consejo de Ministros, declarará «nulos de pleno derecho» los juicios sin garantías del franquismo y permitirá, según cálculos del Gobierno de Sánchez, recuperar de las fosas cerca de 25.000 cadáveres de represaliados en cuatro años. Se trata de aspectos que repercuten también en Euskal Herria.

El anteproyecto de la norma, que ahora pasará por el examen jurídico del CGPJ y del Ministerio Fiscal, prohibirá también aquellas asociaciones que reciban fondos públicos «que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales». Este nuevo texto plantea también suprimir los títulos nobiliarios relacionados políticamente con la dictadura y retirar las condecoraciones a personas relacionadas con el régimen franquista.

En materia de fosas, se creará un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación, aunque antes será necesario elaborar un censo oficial de víctimas. De momento, y hasta que entre en vigor la nueva normativa, el Gobierno español continuará tramitando subvenciones al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007 para que las asociaciones puedan seguir trabajando en las exhumaciones.

También prevé transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil. Para ello, se retirará a los benedictinos la custodia de la basílica.