La Fiscalía cargó ayer contra la exprisionera Carmen Gisasola Solozabal, que se acogió a la denominada «vía Nanclares», acusándole de usar su «arrepentimiento» para exculparse del atentado mortal contra un policía en Bizkaia en 1990. Por ello, elevó a definitiva su petición de pena inicial a 30 años de prisión por su presunta participación en los hechos argumentando que con este «silencio» no ha colaborado con la Justicia

Así lo dijo el fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo Azcárraga durante su exposición del informe de conclusiones en la última sesión del juicio contra Guisasola, Oscar Abad Palacios y José Ramón Martínez por este atentado que se juzga 30 años después. El fiscal confirmó su petición de pena de 30 años de cárcel para cada uno de los tres.

Tras un extenso informe, dedicó la parte final para recriminar la «actitud» de Gisasola durante el juicio, que, según dijo, se ha centrado en señalar «que no tiene nada que ver con los hechos, que no sabe lo que han declarado otros pero que es falso» y tan sólo responder a «tres preguntas preparadas de su abogado para no mentir mucho» sin someterse previamente al interrogatorio del fiscal. «¡No puede dar explicación! Valoren el silencio, señorías, por favor», pidió al tribunal.

Añadió que el «verdadero arrepentimiento» es el que se muestra en sede judicial, «y no en un plató de televisión», y aquel que se hace de «forma voluntaria», mostrando una «colaboración con las autoridades para el esclarecimeinto de los hechos sin contraprestaciones, sin tapujos ni dobleces ni medias tintas». Desbocado, el fiscal Azcárraga afirmó que el juicio ha sido un «ejemplo paradigmático de que ETA tiene manuales de todo, hasta de arrepentidos». Una guía, que según dijo, se basa en las «tres grandes mentiras»: «Si lo volviera a hacer, no lo haría; si pudiera reparar el daño, lo haría; y si pudiera indemnizar, lo haría». Para el fiscal estas tres condiciones nunca se cumplen.