La Comisión Europea ha adelantado que utilizará el fondo de recuperación tras la pandemia para empujar a algunos Estados miembros a poner fin a las prácticas fiscales con las que permiten a ciertas multinacionales reducir al mínimo su factura tributaria en la Unión.

«El problema de la planificación agresiva es algo que tenemos que abordar a través de nuestra estrategia de recuperación», comentó el jueves el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en su comparecencia durante la primera reunión de la nueva Subcomisión de Fiscalidad del Parlamento Europeo.

Gentiloni recordó que el desembolso de las ayudas del fondo de recuperación, en particular de los 672.500 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, estará condicionado a que los Estados sigan las recomendaciones que la Comisión les hace cada año y que, en algunos casos, reclaman acabar con las prácticas que facilitan la planificación fiscal agresiva.

Esta es la situación de Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo, conocidos por sus bajas tasas en el impuesto de sociedades y por la concesión de acuerdos muy favorables a las grandes multinacionales que permiten a estas reducir al mínimo su contribución tributaria. Estos tres socios no se encuentran entre los mayores beneficiarios del fondo, aunque las cantidades que recibirán tampoco son una minucia: 5.572 millones para Países Bajos; 1.273 para Irlanda; y 930 millones para Luxemburgo.

Tasa mínima para sociedades

Gentiloni también se mostró a favor de introducir una tasa mínima efectiva del impuesto de sociedades a nivel de la UE si prospera el acuerdo global que en este sentido se está debatiendo en el seno de la OCDE.

A su juicio, esto podría limitar la «carrera a la baja» en materia de competencia fiscal y no generaría el riesgo de que las empresas europeas pierdan competitividad con respecto a las de terceros países. «Si estamos atrayendo inversiones con una planificación fiscal agresiva en contra de otros miembros de la familia europea, entonces es el modo inadecuado de ser competitivo», advirtió.

El comisario insistió en que la crisis generada por la pandemia de coronavirus hace más necesario todavía conseguir una tributación justa, especialmente por parte de las grandes empresas digitales, que apenas pagan impuestos en la UE pese al gran volumen de su actividad en el mercado europeo.

 

El ejemplo de Irlanda y Apple apunta en sentido contrario

La Comisión Europea anunció el viernes que recurrirá la sentencia del Tribunal General de la UE que anuló la obligación de la República de Irlanda de recuperar 13.000 millones de euros (unos 14.870 millones de dólares) en impuestos no abonados por Apple entre 2003 y 2014. A juicio de la Comisión, la sentencia hecha pública el 15 de julio «contiene una serie de errores de derecho», por lo que elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE).

El Tribunal General consideró que Bruselas no había demostrado con la suficiente solidez que Dublín otorgó una ventaja competitiva a Apple frente a otras compañías mediante los acuerdos fiscales. En cambio, Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión, subrayó que la Corte ha confirmado en otros casos que los Estados tienen la competencia de elaborar su legislación fiscal, pero que al hacerlo deben cumplir la comunitaria, incluyendo las normas sobre ayudas estatales. «Si los Estados miembros dan a ciertas multinacionales ventajas fiscales que no ofrecen a sus rivales, esto daña la justa competencia en la UE», manifestó.GARA