Ramón SOLA
EL TRIBUNAL SUPREMO INHABILITA A QUIM TORRA

El Estado español vuelve a dejar a Catalunya sin president

Como estaba cantado, Quim Torra fue inhabilitado por el Tribunal Supremo español por la mera colocación de una pancarta y obviando incluso el escenario de pandemia que requiere una gobernabilidad fuerte. Catalunya tiene pues ahora un president en el exilio y otro inhabilitado por la injerencia de los poderes españoles en su autogobierno.

Catalunya tiene ya un president en el exilio (Carles Puigdemont) y otro inhabilitado (Quim Torra). Mirando al siglo pasado, cuenta también con uno fusilado (Lluís Companys) varios exiliados (Prat de la Riba, Maciá, Tarradellas...) y otros inhabilitados (Artur Mas), por lo que la injerencia de los poderes españoles no es nueva, aunque no por ello resulte menos grave.

De hecho, medios catalanes subrayaron que solo dos presidents no han pagado algún tipo de castigo durante o después de ejercer su cargo: son los dos del PSC, Pasqual Maragall y José Montilla.

El Supremo determinó ayer la inhabilitación al rechazar sus recursos por la condena por «desobediencia», impuesta al no retirar la pancarta por los presos políticos colgada en el Palau de la Generalitat, como le exigió la Junta Electoral. En ese recurso Torra tildaba de «desproporcionada» la condena y cuestionaba la autoridad de la Junta Electoral, reafirmándose en su acción.

La noticia se conoció en torno a las 13.00, tras varias filtraciones, y a las 16.30 e se hizo oficial al comunicarse personalmente al president que la Sala Civil y Penal había abierto una pieza de ejecución de la sentencia después de notificarse a todos los representantes de las partes personadas en la causa.

La resolución tiene firmeza al margen de que su defensa promueva un incidente de nulidad. Torra pasa a ser un líder independentista represaliado más tras el «procés».

El president legítimo en 2017 está en el exilio, el vicepresident (Oriol Junqueras) en la cárcel, y antes que Quim Torra fueron propuestos para presidir la Generalitat en 2020 otros dos prisioneros: Jordi Sànchez y Jordi Turull.

En su sentencia, el Alto Tribunal español desestima por unanimidad el recurso de casación de Torra ante «la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad». De hecho, en un auto dictado a la hora y media de que el Supremo notificara su sentencia, el TSJC ya emplazó al vicepresidente, Pere Aragonès, a iniciar los trámites para la sustitución interina de Torra.

El auto, que puede ser recurrido pero sin que se suspenda su efectividad, da por incoada la ejecución de la sentencia del Supremo argumentando que contra la misma «no cabe recurso alguno, ni ordinario», excepto el de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El auto dispone requerir «personalmente» a Torra que se abstenga de «ejercer o llevar a cabo actuaciones propias de los empleos y cargos públicos para los que ha sido inhabilitado, en particular del cargo de President de la Generalitat», y de la imposibilidad de obtener el mismo u otros durante el tiempo de condena.

La sala convocó a las partes el próximo 5 de octubre a una audiencia en la Sala Civil y Penal del TSJC para «fijar los términos de la liquidación de las penas impuestas», y obliga a Torra a hacer efectivos los 30.000 euros a que asciende la multa que se le impuso por desobediencia.

La inhabilitación se extiende tanto para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, como para el desempeño de funciones de gobierno. Destaca la sentencia que el ámbito del recurso «no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política» como sostenía Torra, que siempre calificó su acción de acto político y no administrativo, es decir, sancionable.

El problema es, continúa «su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la JEC que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización, con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general, contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta».

Ocurre que Torra siempre ha alegado que esas órdenes eran ilegales y que atentaban contra su libertad de expresión, pero el Supremo subraya que como ciudadano es libre de realizar manifestaciones o actos que reflejen su identidad política, pero que otra cosa es «la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales que exige la neutralidad de los poderes y Administraciones públicas».

Ve además infundada la queja sobre trato inadecuado del presidente del TSJC por no referirse a él en el juicio con el tratamiento propio de un presidente de la Generalitat. Algo que no denota, subraya la Sala, «signo de parcialidad y anticipo de una decisión de condena ya tomada», porque los tratamientos son protocolarios y el juicio no está sometido a tal protocolo.

«Todo acusado –no solo el recurrente– debe ser tratado con respeto, como así sucedió, por lo que la queja del recurrente resulta infundada», zanja el Supremo.

El auto también ordena comunicar la sentencia al secretario del Govern y al vicepresidente, Pere Aragonès, «a fin de que resulte activada la sustitución interna», así como al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a la delegada del Gobierno español, Teresa Cunillera.

 

Aragonès asume las funciones y se abre el plazo electoral

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès asume las funciones como president pero no tiene la potestad de convocar elecciones, que se celebrarán como pronto el 7 de febrero de 2021. La publicación hoy del cese del president en el BOE y el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya activa el calendario electoral. Mañana, el presidente del Parlament, Roger Torrent, dará por comenzado el plazo de 10 días para hacer una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que constatará que no hay un candidato con mayoría para ser investido president. A partir del 4 de octubre se abrirá un plazo de dos meses antes de la convocatoria automática de elecciones. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, previendo la inhabilitación, han acordado un documento en el que establecen mecanismos de coordinación y se delimita la representatividad de Aragonès. Aragonès tendría las competencias delimitadas, y no podría presentar los presupuestos. Además, el pacto incluye el compromiso de «no aprovecharse» de la represión ni «invisibilizarla» por parte de ERC..GARA

 

Torra pide hacer de las próximas elecciones un nuevo plebiscito

Quim Torra pidió a la ciudadanía catalana que haga de las próximas elecciones «un nuevo plebiscito y un nuevo mandato que confirme el referéndum del 1-O». En una declaración desde la Galeria Gótica del Palau de la Generalitat, y acompañado de los consellers, Torra llamó a los catalanes a hacer de las elecciones un punto de inflexión y escoger entre democracia y libertad o represión e imposición, «entre la república catalana del compromiso cívico o la monarquía española de las banderas y el ejército». El president subrayó que «queremos la independencia, queremos ejercer la autodeterminación, pero sobre todo queremos una democracia de calidad para nuestro país», y advirtió de que «uno de los obstáculos para la independencia es la misma autonomía».

Por eso, advirtió de que «la única manera de avanzar es a través de la ruptura democrática, como el 1-O, el 3-O y el 27-O, la única garantía de dejar atrás al régimen del 78 es el movimiento independentista catalán y la única garantía del movimiento independentista catalán es la ciudadanía comprometida y organizada».

«Ni abandono ni me resigno», subrayó y confió en los tribunales europeos, como «el único sitio donde podemos encontrar justicia los independentistas catalanes». «Las irregularidades cometidas para tumbar a un nuevo presidente tendrán su juicio en Europa», anunció. También emplazó a los partidos y entidades independentistas a recuperar la unidad del 1-O, ya que «la represión nos quiere entretenidos en las diferencias y la discordia».

Tras la declaración, Torra y miembros del Govern desplegaron a las puertas del Palau la pancarta con el lema «Llibertat presos polítics i exiliats», que motivó la inhabilitación, tras lo que se mezcló con la multitud que esperaba en el exterior, en la primera muestra de solidaridad y protesta, a la que siguieron concentraciones ante los ayuntamientos catalanes convocadas por Òmnium Cultural y la ANC.

Más tarde, los CDR también llevaron a cabo concentraciones en varias ciudades catakabas. En Barcelona, una pancarta con el texto «Ni un paso atrás. Independencia» abrió la movilización con consignas como «Urquinaona lo volveremos a hacer» y «1-O ni olvido ni perdón», y los manifestantes lanzaron basura a la sede de la delegación del Gobierno español.

Las declaraciones de rechazo a la inhabilitación como un atentado al autogobierno catalán llegaron inmediatamente desde el president Carlos Puigdemont, los dirigentes independentistas en prisión, Òmnium Cultural, ERC, Junts per Catalunya, el PDCat y la CUP.

En Euskal Herria, el PNV, EH Bildu, ELA, el lehendakari Iñigo Urkullu, o el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, entre otros, también manifestaron su crítica. GARA