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MADRID

Bruselas abre el puño y Madrid libera los remanentes municipales

Como medida para hacer frente a la crisis originada por la pandemia, la Comisión Europea ha suspendido los objetivos de déficit y deuda fijados en el Pacto de Estabilidad. Esto permite al Gobierno de Pedro Sánchez liberar los remanentes de los ayuntamientos y, de paso, allana la negociación parlamentaria para aprobar los Presupuestos de 2021.

Los ayuntamientos podrán usar sus remanentes «sin límite» en los años 2020 y 2021 una vez que el Gobierno español anunciase ayer la suspensión de las reglas fiscales de forma extraordinaria en esos dos ejercicios, medida que cuenta con el plácet de la Comisión Europea.

Fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de dar esta «buena noticia» para las entidades locales, que hasta el momento no podían usar su superávit por ley. Tal como señaló durante una rueda de prensa en el Congreso, ahora podrán hacerlo «bien en forma de servicios públicos o ayudas a la reconstrucción económica y social del país».

Montero explicó que la suspensión afecta a todas las administraciones, también a las de las comunidades autónomas, a las que se informará de esto y de sus previsiones de déficit en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se llevará a cabo el próximo lunes.

En los casos de la CAV y Nafarroa, ya se había llegado a sendos acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez para elevar el objetivo de déficit de 2020 hasta el 2,6%. Precisamente, este era uno de los puntos del orden del día de la reunión que celebró ayer la Comisión Mixta del Concierto Económico (más información en la página 5).

En cuanto a los ayuntamientos que no disponen de remanentes, la titular de Hacienda dijo que buscarán una solución que pasa por habilitar un fondo específico, aunque no detalló a cuánto ascenderá la cuantía.

Negociación parlamentaria

Montero comentó que el Gobierno hará efectiva la suspensión cuando el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado y presente la nueva senda de estabilidad. Justificó la nueva iniciativa en pro de facilitar la «capacidad de poner la totalidad de los recursos al servicios de los ciudadanos», y «mantener unas políticas sociales y de estímulo económico que no deje a nadie atrás».

Este asunto le costó una sonora derrota parlamentaria al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos el 10 de setiembre. Tanto los grupos de la investidura como los de la derecha españolista votaron en contra del decreto presentado por el Ejecutivo, por el cual las corporaciones locales podían ceder al Estado sus remanentes o ahorros a cambio de recibir dinero de un fondo de 5.000 millones de euros.

Montero indicó que ahora el Gabinete Sánchez no está negociando con la Federación de Municipios, sino solo con los grupos parlamentarios, y que su intención es presentar «lo antes posible» un nuevo decreto ley que mejore la liquidez de las entidades locales.

Las Cortes solo debatirán el nuevo techo de gasto de 2021 y la cifra de referencia de déficit que estipule Hacienda, que no será de obligado cumplimiento.

Carrera de obstáculos para el plan de recuperación europeo

El plan de reactivación postcovid, adoptado con fórceps en julio por los Veintisiete, y el presupuesto plurianual de la Unión al que va unido deben superar aún grandes obstáculos antes de que pueda ser implementado.

Entre los 750.000 millones de euros anunciados se incluye un «mecanismo de recuperación» de 672.500 millones que engloba subvenciones a fondo perdido y préstamos a los Estados.

La Eurocámara respaldó la iniciativa con una votación a mediados de setiembre por la que autoriza a la Comisión Europea para pedir préstamos en los mercados con el objetivo de financiar el plan de estímulo. Esta decisión debe ser confirmada por unanimidad por los Estados miembros y, en algunos casos, por los parlamentos estatales.

Pero, al mismo tiempo, el Parlamento Europeo considera que el «cuadro financiero plurianual» es insuficiente y amenaza con vetarlo si no se mejora durante la negociación con los Estados y la Comisión. En ausencia de un acuerdo presupuestario para finales de diciembre, muchos programas europeos corren el riesgo de verse privados de financiación y, por tanto, paralizados.

Por otro lado, ayer los Veintisiete adoptaron un compromiso sobre la condicionalidad del reparto de los fondos al respeto del Estado de derecho de los socios comunitarios.

Estos son algunos de los factores que están provocando el retraso del reparto de los ansiados fondos. Según fuentes próximas a la Comisión citadas por AFP, los primeros desembolsos podrían producirse en «verano de 2021», tras la aceptación de los proyectos de gasto presentados por cada Estado. GARA