El proceso de independencia escocés se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la negativa del Ejecutivo británico a acordar un segundo referéndum ha bloqueado la situación política. Por otro, la inminencia del Brexit obliga a los escoceses a definir sus siguientes pasos. El politólogo Michael Keating, en la entrevista que hoy publica GARA, considera que sin acuerdo la vía unilateral puede ser boicoteada por los unionistas y perdería credibilidad. A su juicio, el camino hacia la independencia en Escocia no se definirá hasta que se conozcan los resultados de las elecciones de primavera.

Una encrucijada que, de una u otra manera, tienen que afrontar todas las naciones europeas que luchan por su independencia. En los estados europeos prácticamente no existen vías constitucionales que recojan el derecho a la autodeterminación y para complicar algo más el panorama, a principios de octubre, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa revisó las directrices para la celebración de referendos. En las nuevas señala claramente que los de secesión se realizarán solo en aquellos casos en los que la «constitución nacional lo permita». De este modo, el Consejo de Europa ratifica el statu quo en una cuestión democrática fundamental, como es la libre determinación de los pueblos. Europa, que se presenta como defensora de la esencia de la democracia, solamente permite preguntar a la ciudadanía aquellas cuestiones que sus respectivos gobiernos o leyes amparen, y deja al derecho a la autodeterminación únicamente la vía del acuerdo con el Estado concernido, lo que le otorga de este modo derecho de veto.

El creciente proteccionismo, la crisis económica y la gestión de la pandemia están poniendo de relieve que para superar los desafíos que enfrenta la actual civilización industrial las naciones necesitan poder político. Es por esa razón que la demanda de soberanía crece y se consolida en las naciones sin Estado. Cerrar caminos a una resolución democrática de la cuestión no es una decisión inteligente.