El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a volver a juzgar el caso Bateragune, después de quedar el juicio original anulado tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Lo primero que hay que recordar al TS, visto lo visto, es que por mucho que el juicio haya sido anulado, la máquina del tiempo no se ha inventado todavía. Los años de condena que cumplieron íntegramente seis dirigentes vascos no han sido anulados, siguen constando en sus trayectorias vitales pese a la enmienda, tardía, de Estrasburgo.

Por la puerta abierta por el juez Marchena pasó ayer desacomplejadamente la Fiscalía del Tribunal Supremo, que se declaró a favor de volver a juzgar el caso. Los movimientos en el Supremo contrastan con los de la Audiencia Nacional, donde se ha rechazado ya dos veces reabrir el caso –el último notificado ayer mismo–, en ambas ocasiones con el apoyo del Ministerio Fiscal a esta decisión. Sorprende especialmente, por lo tanto, ver a la Fiscalía del TS contradiciendo a la de la Audiencia Nacional, cuando se supone que, ley española en mano, el criterio del Ministerio Público debe ser unívoco y jerárquico. Algo tendrá que decir al respecto la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nombrada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sería increíble que, efectivamente, Arnaldo Otegi y el resto de condenados volvieran a sentarse en el banquillo de los acusados, aunque bien mirado, la lógica puede ser la misma que entonces. Si en 2009-2011 el objetivo era hacer descarrilar el cambio de estrategia de la izquierda abertzale, ahora puede serlo frustrar los avances de un movimiento electoralmente al alza y capaz de condicionar unos Presupuestos Generales del Estado. Quizá haya sido demasiado para un poder judicial con agenda propia –más cercana ya a Vox que al PP– y mayor independencia de lo que se piensa. Ante esta maniobra, en Euskal Herria solo cabe esperar un rechazo frontal de toda fuerza que se diga comprometida con la paz y la convivencia.