EDITORIALA

Debates urgentes antes de que se desmantelen más servicios

Debido a la negligencia demostrada por las administraciones, que no han sido capaces de evitar que el covid-19 volviese a entrar en las residencias de mayores en esta segunda ola, la pandemia ha puesto el foco en estos centros sociosanitarios de cuidado. Se han conocido las condiciones de trabajo, la vivencia traumática de sus usuarios, la angustia de los familiares y, en algunos casos, una falta de control alarmante. Vistos los errores y sus trágicas consecuencias, es necesario mirar al sistema y sus perspectivas.

GARA ha tenido acceso a un borrador del informe que se tratará en el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales (OISS), que incluye al Gobierno de Lakua, a las diputaciones y a Eudel, y que el 4 de diciembre se reunirá para evaluar el I Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV (PESS). Los datos que maneja el informe son muy interesantes. Contemplan la evolución entre 2012 y 2019, siete años marcados por la crisis económica y por el previsible crecimiento de la demanda. Por ejemplo, el 79% de las 2.319 plazas en residencias para mayores que se han creado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en ese periodo están ligadas a la concertación. Casi ocho de cada diez nuevas plazas son de centros privados que se ayudan a abonar con dinero público.

Alguien dirá que 19 millones de euros, el coste en 2018, no es mucho dinero para solucionar una política así, y no le falta razón. El problema que muestran los datos es que no se trata de una estructura complementaria y temporal, sino un modelo de sustitución y extracción de beneficios, sin asumir costes ni riesgos.

No es visión empresarial, es clientelismo

En una sociedad envejecida, con una natalidad bajísima y una esperanza de vida tan alta como la vasca, las necesidades de cuidados para las personas mayores van a crecer indefectiblemente. No hay que saber nada de demografía para suscribir esa afirmación.

Tampoco hay que tener grandes nociones de economía para saber que el sistema de servicios sociales tiene problemas de viabilidad, porque la demanda crece a una velocidad a la que no crece la recaudación. Es necesaria una reforma fiscal, pero los gobiernos actuales no tienen esa voluntad. Los recursos se estancan y la oferta es atendida por el sector privado, que tampoco sabe demasiado de demografía, pero sí de economía.

Es el típico trasvase de fondos públicos a empresas privadas, justificado en la eficiencia y en la colaboración público-privada, pero que no deja de ser una concesión clientelar. Los beneficios provienen en parte de la precarización de las condiciones de trabajo. El dinero público cubre gastos o supone la ganancia.

El ámbito sociosanitario ha sido propicio para diversificar empresas y abrir nuevas líneas de negocio. Conocían de primera mano las necesidades y los problemas de los servicios públicos, tenían los contactos para ofrecer esos trabajos y hacerlos rentables, gracias a una concertación de diseño político. Para la banca y los inversores no hay riesgo en financiar apuestas tan seguras.

La tendencia es global: se privatizan servicios rentables, mientras los costes estructurales se cargan sobre el presupuesto público, porque estos son inasumibles por esas empresas pero son indispensables para generar beneficios. Otro ejemplo de esta tendencia que ha evidenciado la pandemia es cómo la investigación básica recae sobre la red pública mientras la aplicada es privada y se lleva los beneficios del mercado. Este esquema se mezcla aquí con una de las mayores taras de la institucionalización vasca: un clientelismo rentista, que apuesta solo sobre seguro gracias a un conocimiento privilegiado, forjado en relaciones personales y partidarias.

Revertir tendencias negativas

La creciente desigualdad se va a traducir en mayores diferencias a futuro si no se revierten estas tendencias que son nefastas para los intereses de la mayoría. Según se vayan erosionando derechos, primarán los intereses particulares y solo las personas que se pueden permitir esos servicios gozarán de ese bienestar y seguridad. El resto quedará a su suerte o desamparado.

Cuando no haya recursos las decisiones se tomarán como si no hubiese alternativas. Urge un debate público y transparente, a escala nacional, sobre los servicios sociales y su desarrollo. No se pueden esperar otra década viendo cómo degenera el sistema vasco de protección social cuando más necesario va a ser.