A cinco meses de las elecciones de abril, Perú ha vivido un terremoto político, en plena emergencia económica y sanitaria a causa de la pandemia –es el país con mayor número de muertos–, a raíz de la destitución el pasado 9 de noviembre por el Congreso del presidente Manuel Vizcarra.

Un capítulo más en una crisis política de más de tres décadas que ha derivado en acusaciones, y alguna condena, por corrupción, en pleno ejercicio del poder, de seis de sus últimos presidentes: Alberto Fujimori –también por delitos de lesa humanidad–, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García (suicidado), Pedro Pablo Kuczynski y, el último, Vizcarra. Además, Manuel Merino, que sucedió a Vizcarra durante cinco días, puede ser procesado por violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas contra el golpe de Estado, que dejaron dos muertos y cientos de heridos.

Para situar el origen de esta eterna crisis política habría que remontarse al autogolpe de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, cuando disolvió un Congreso que no le dejaba trabajar a su antojo, intervino el poder judicial, persiguió a la oposición, instauró «la república de los empresarios» y acabó con la «partidocracia». Fujimori, destituido en 2000 y encarcelado en 2007, inauguró una etapa de enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo que aún perdura.

Perú vivió una relativa estabilidad en los siguientes 16 años gracias al boom de las materias primas, que creó un mito de desarrollo que básicamente consistía en dejar de lado la política y centrarse en la economía.

La elección en 2016 de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por la mínima frente a Keiko Fujimori, hija del expresidente, fue el inicio de una etapa convulsa. Por primera vez en 20 años la oposición controlaba el Legislativo y se rompía el débil equilibrio que había existido, y cuando año después saltaron las primeras informaciones sobre la relación de PPK con Odebrecht llegó la hora de la venganza del fujimorismo, que tenía mayoría absoluta en el Congreso unicameral.

PPK negoció la liberación de Alberto Fujimori con los congresistas de su hijo Kenji, hermano de Keiko –en prisión por lavado de dinero– y con ala política propia, a cambio de que no votaran su vacancia. Activó así su estrategia de divide y vencerás que parecía que iba a tener éxito. Creyó que iba a gobernar en paz, pero olvidó, recuerdan algunos analistas, que entre los Fujimori no hay lealtades: en los 90 Alberto encarceló a su esposa, a la que la hija sustituyó como primera dama, y en 2018 Keiko traicionó a Kenji, que compró votos para salvar a Kuczynski.

La disputa entre facciones de los grupos de poder económico y su representación política de derecha por el control del Estado expresada entre el grupo más liberal, lobista y ligado al gran capital de PPK y el más emergente, mafioso y conservador de Keiko Fujimori no había evidenciado como hasta entonces un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, apuntan los expertos.

PKK renunció en abril de 2018 y fue sustituido por Vizcarra, que enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción y ha acabado siendo acusado de recibir sobornos cuando era gobernador de Moquegua, en 2013.

Vizcarra se ganó la enemistad del Congreso al disolverlo en 2019 y convocar unas elecciones que acabaron con el control del fujimorismo revanchista, que no ha tardado en cobrarse, de nuevo, venganza contra quien les hizo perder la mayoría y apoyó los procesos que llevaron a prisión a Keiko Fujimori. Lo ha hecho con ayuda de otras bancadas que no veían con buenos ojos algunas medidas que perjudicaban a sus intereses personales, como la reforma universitaria. 105 de los 130 diputados votaron a favor de su destitución y solo 19 en contra. La mitad de los congresistas están investigados por corrupción.

Dos meses antes ya lo habían intentado alegando también «incapacidad moral». Entonces, el presidente del Congreso, Manuel Merino, tocó sin éxito la puerta de los cuarteles. Esta vez logró los votos, pero la falta de apoyo a su Gobierno y la brutal represión le obligaron a renunciar a los cinco días.

Hartos de corrupción y de una clase política que les da la espalda, los peruanos se echaron a las calles denunciar el golpe y reclamar un cambio de modelo político y económico, más allá de una reforma de las instituciones y de la Constitución fujimorista de 1993.

La designación del liberal Fernando Sagasti como presidente podría cerrar esta crisis.

politikariekin nazka-nazka eginda

Amaierarik ez duen Peruko krisi politikoaren azken kapituluak herritarrak nazka-nazka eginda daudela agerian utzi du: Kongresuaren gehiegikeriekin, bizkar gainetik begiratzen dieten politikariekin, herrialdeko azken sei presidenteen aurkako salaketek ageri-agerian uzten duten ustelkeria endemikoarekin... Kongresuak Martin Vizcarra presidentea kargutik kendu zuenean jendea kalera atera zen, botereen arteko tirabirak gehiago jasan ezinda. Fujimorik eman zuen kolpetik 30 urte igaro dira, baina ondorioak ez dira agortu.