Dice la Constitución en su art. 117 que «la Justicia emana del pueblo», pero en el caso de los hechos criminales ocurridos durante Sanfermines de 1978, esa pomposa afirmación no es sino una frase hueca. Las distintas resoluciones judiciales dictadas al efecto durante estos años, no solo no tienen nada que ver con el relato y el sentimiento existente en gran parte de la población de Iruñea en relación con aquellos sucesos, sino que caminan en sentido opuesto.

La última querella interpuesta en enero de 2019 ante los Juzgados de Pamplona-Iruñea, fue suscrita por Sanfermines-78: gogoan!, familiares de Germán Rodríguez, personas heridas en aquellos sucesos, la Federación de Peñas y el Ayuntamiento de Iruñea, habiendo sido apoyada a su vez por el Parlamento de Navarra. Más de cien grupos sociales (sindicales, culturales, juveniles, memorialistas, de derechos humanos, feministas) habían respaldado a su vez esta exigencia de justicia, por lo que pocas veces en las últimas décadas una acción penal había recibido en Nafarroa tanto respaldo social e institucional. Sin embargo, a pesar de ello, la esperanza nunca perdida de lograr verdad, justicia y reparación ha sido de nuevo escarnecida.

El Auto dictado por el Juzgado nº 5 de Pamplona hace poco más de un mes ha sobreseído y archivado esta querella por entender que concurre «cosa juzgada, atendiendo a los hechos objeto de denuncia fueron objeto de otros procedimientos con anterioridad». Sin dignarse a realizar diligencia investigatoria alguna ni entrar a valorar las nuevas pruebas ahora presentadas, el Juzgado ha dado de nuevo carpetazo al asunto. Cuarenta años después de que la Justicia mirara hacia otro lado y afirmase que no procedía juzgar a ningún policía por no existir vestigio alguno de delito, el Juzgado ha hecho un copia y pega de aquellos autos de archivo de 1982-83, haciendo suya así la negligente actuación de aquella judicatura heredada del franquismo.

Junto a la querella presentada, adjuntamos el informe elaborado el 11 de julio de 1978 por el general de infantería, Dionisio Bartrech, subinspector general de la Policía, desplazado a Pamplona aquellos días para valorar la actuación policial. Un Informe que ha estado ocultado en recónditos archivos durante cuarenta años. En él se afirma que «la orden del comisario jefe, disponiendo la entrada en la plaza de toros de la Fuerza Pública, cualquiera que fuese la versión de la misma, es a todas luces inadecuada, no solo desde el punto de vista policial, sino desde el más elemental sentido común. El introducir treinta hombres, en lugar cerrado, con numeroso público que había de preverse con seguridad reaccionaria en contra, es una temeridad». Y añade que, ante ello, el comandante de la Policía, al recibir la orden del Comisario, debió «hacerle los reparos pertinentes, puesto que la ejecución material del servicio era de la competencia del Jefe de la Fuerza, o bien negarse a cumplir el requerimiento...». Sin embargo, el hecho de que la máxima autoridad de inspección policial en relación con aquellos hechos dijera que la orden de entrada fue insensata y temeraria, y que, precisamente por eso, pudo ser legalmente incumplida por el comandante de la Policía, no ha sido siquiera considerado por el juez. El tiempo no parece pasar para esta Judicatura.

Sus señorías, las de ayer y las de hoy, viven en otro mundo. En ése en el que balas policiales disparadas al aire hieren en el estómago a personas que están en el ruedo de la plaza de toros, y esto se entiende como normal; en el que se da por buena una versión policial que afirma que ningún agente usó en momento alguno su arma de fuego en el lugar en el que Germán fue asesinado, a pesar de aparecer en el mismo más de treinta impactos de la munición empleada por la Policía, en su mayoría a una altura entre los 0,90 m. y 2,30 m. de altura. Togadas señorías de un poder judicial que se afirma independiente, escriben así sus sentencias al dictado de ministros del Interior (Rodolfo Martín Villa, en nuestro caso), que afirman que lo suyo, a lo más, son errores, mientras que lo de los demás son crímenes.

Tras recurrir el último Auto de sobreseimiento y archivo, presentamos también sendas quejas ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Consejo General del Poder Judicial. Se denuncia en ellas la reprobable conducta mantenida durante estos cuarenta años por los Juzgados intervinientes: dilaciones injustificadas en la tramitación, condescendencia con el boicot practicado por el Ministerio del Interior, rechazo de pruebas solicitadas por la acusación particular, negativa a admitir la aplicación de la normativa internacional... Pues bien, nuestra sorpresa ha sido mayúscula al ver cómo ¡en tan solo dos días! nuestra queja ha sido rechazada de plano, sin mayores fundamentos, por el primero de estos dos órganos. La escandalosa pasividad y falta de diligencia evidenciada hasta hoy a la hora de tramitar nuestras querellas (entre dos y cinco años, según los casos), se ha convertido ahora en celeridad extrema. Sus señorías no soportan que su actuación sea criticada.

A nuestro entender, el poder judicial no debe ser digno de mayor ni menor respeto o consideración que los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, existentes en un Estado de Derecho. La administración de la Justicia, cuyo monopolio poseen, no es más ni menos noble que la búsqueda del bien común encomendada a nuestros gobernantes. Sus togas no pueden ser un escudo que impida la crítica pública por sus actuaciones, ni sus juzgados templos ante los que haya que arrodillarse. Seguiremos por ello llevando judicialmente hasta el final el caso relativo a los sucesos de Sanfermines de 1978, pero junto a ello denunciaremos una y otra vez la responsabilidad directa de la Justicia en la política de impunidad con la que, de la mano del Gobierno y su Ministerio del Interior, se está intentando cubrir ¡incluso 42 años después! lo que, a todas luces, fue un crimen de Estado.

*Firman Maite Azkona, Xabier Barber, Helena Bengoetxea, Ramón Contreras, Sabino Cuadra, Xabier Diaz, Miren Egaña, Lourdes Etxeberria, Odei Garzia de Azilu, Aitor Garjón, Mintxo Ilundain, Mikel Juriko, Amaia Kowach, Mikel Legorburu, Rubén Marcilla, Fermín Rodríguez, Iosu Santxez, Josu Sarasate, Josu Txueka, Mentxu Velasco, Ramón Vélez de Mendizabal, Piru Zabalza, Jaime Zelaia y Presen Zubillaga.