Una semana antes del final de su mandato, Donald Trump se enfrenta a un segundo juicio político, cuyo proceso puso ayer en marcha la Cámara de Representantes, por «incitación a la insurrección» al alentar el asalto al Capitolio que dejó cinco muertos.

La votación de la Cámara Baja abrió formalmente el juicio contra el presidente, que se convertirá en el primero en la historia en ser procesado dos veces en el Congreso. «Sabemos que el presidente de EEUU incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país común. Debe irse. Es un peligro claro», afirmó la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.

Si el primer juicio político no recibió un solo voto republicano hace más de un año, al menos una decenan de miembros del partido se unieron esta vez a los demócratas. El líder republicano en la Cámara, Kevin McCarthy, sin llegar a apoyar el juicio político, eludió presionar sus compañeros de partido para que se opusieran.

Pero en el Senado los demócratas necesitan una gran cantidad de republicanos para alcanzar la mayoría de dos tercios precisa para condenar al presidente.

Por ello es más preocupante para Trump y su futuro político la postura de Mitch McConnell, presidente de la mayoría republicana en el Senado, que se mostró favorable a la acusación, considerando que está bien fundada y que ayudaría al Partido Republicano a cerrar la página de Trump para siempre.

Ayer este influyente estratega confirmó que no ha decidido aún su voto y podría alentar a los senadores republicanos a condenar a Trump.

Inhabilitación

Dado el calendario legislativo y que el proceso corre el riesgo de obstaculizar la acción de los demócratas al comienzo de la Presidencia de Biden, el juicio en el Senado podría retrasarse. No será antes del 19 de enero. Su efecto, entonces, no sería ya la destitución del presidente sino su inhabilitación, que sí tendría consecuencias para el futuro.

Trump intenta ahora adoptar una postura menos agresiva y apeló a sus seguidores a evitar la violencia. Pero se niega a admitir cualquier responsabilidad por el asalto al Capitolio y cree que su discurso previo fue «bastante apropiado».

Su vicepresidente, Mike Pence, desestimó la otra amenaza al final de su mandato, negándose a invocar la 25ª Enmienda Constitucional que le habría permitido destituir al presidente declarándolo no apto para su función. Pence explicó que esta medida no es lo mejor para el país y subrayó que no cederá ante los «juegos políticos» de la Cámara de Representantes.

Poco después la Cámara aprobó, por 223 contra 205, una resolución en la que solicita formalmente al gabinete que invoque la Enmienda 25, lo que finalmente se queda en una reprimenda simbólica contra Trump.

A pesar del apoyo de algunos electos muy leales, el presidente está más solo que nunca tras varias renuncias en su Gobierno. La marca Trump se ha convertido en tóxica y grandes empresas de todos los sectores han condenado al mandatario por instigar los disturbios con denuncias de fraude electoral sin base.

Algunos influyentes grupos empresariales han llegado a pedir que se considere su destitución. La ciudad de Nueva York anunció ayer la cancelación de sus contratos con la empresa Trump. Deutsche Bank, el banco más utilizado en las últimas décadas por Trump, ha decidido que no hará más negocios con él una vez que éste devuelva el préstamo de más de 300 millones de dólares que debe a la entidad y que debe abonar en los próximos años. Signature Bank, otra entidad en la que Trump tiene cuentas personales por más de cinco millones de dólares también ha decidido romper relaciones con el presidente.

Una larga lista de empresas van a suspender sus donaciones a los legisladores que votaron en contra de certificar la victoria de Biden y casi todas las redes sociales han cerrado las cuentas del presidente saliente.

Mientras, Washington se halla irreconocible por las medidas de seguridad a una semana de la investidura de Biden. Bloques de hormigón cortan los ejes principales del centro y enormes puertas metálicas rodean edificios federales, incluida la Casa Blanca, mientras la Guardia Nacional se ha desplegado por todas partes, incluido el interior del Capitolio. Esta vez el Pentágono ha desplegado más de 20.000 soldados para la ceremonia de juramento.