El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español a indemnizar con 20.000 euros al barañaindarra Iñigo González Etayo por no haber investigado de forma «exhaustiva y eficaz» su denuncia de torturas.

La sentencia del TEDH, la undécima de estas características contra el Estado español, considera vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que concluye que «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes» en su vertiente procesal.

González Etayo fue detenido en enero de 2011 por la Guardia Civil junto a otros jóvenes navarros, todos ellos acusados de pertenecer a Ekin. Todos ellos refirieron haber sufrido torturas durante su detención e incomunicación.

Uno de ellos, Patxi Arratibel, firmó su declaración policial con la palabra «Aztnugal», ayuda en euskara escrito al revés, por lo que el caso pasó a conocerse con ese nombre. Esta es la tercera vez que Estrasburgo condena al Estado español por aquella redada, antes lo hizo por el caso de Arratibel, en 2015, y el de Xabier Beortegi, en 2016.

El Tribunal afirma en su sentencia que González Etayo describió «de manera precisa y circunstancial los malos tratos de los que afirmó haber sido víctima durante su incomunicación cuando presentó una denuncia sobre los mismos ante el juez de guardia de Pamplona así como ante el juez central de instrucción a la Audiencia Nacional».

Considera que «la gravedad de los delitos objeto de la denuncia merecía, por tanto, una investigación exhaustiva por parte del Estado, capaz de conducir al esclarecimiento de los hechos, a la identificación y, en su caso, de ser así, al castigo de los responsables».

Sobre las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales españolas, el Tribunal sostiene que «el juez de instrucción central número 3 –el instructor del caso fue el ahora ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska– no respondió a las solicitudes de los miembros de la familia del demandante relativas a las medidas de investigación y protección del solicitante mientras se encontraba bajo custodia policial», ni tampoco «ordenó ninguna medida de investigación a raíz de las declaraciones del demandante ni remitió el expediente a ningún otro juez competente».

Urgen a investigar la dimensión de la tortura en Nafarroa

Iñigo González Etayo compareció ayer en Iruñea junto a algunos de los compañeros que fueron arrestados junto a él en 2011, para realizar una valoración sobre este nuevo fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «una nueva bofetada a la credibilidad de las instituciones españolas».

Remarcaron que, con la de ayer, el hoy ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, suma seis condenas de Estrasburgo de su etapa como juez instructor en la Audiencia Nacional. «Debe ostentar algún récord mundial», apuntaron, antes de lamentar que aquí no solo no se le ha investigado, sino que se le ha promocionado a ministro.

En la rueda de prensa plantearon asimismo dos exigencias. Por un lado, instaron al Gobierno español a reconocer el uso de la tortura como una «práctica sistemática» contra el independentismo vasco. Por otro, ven «urgente y necesario» que el Gobierno de Nafarroa impulse una investigación para esclarecer cuántas personas han sido torturadas en este herrialde a manos de las FSE. Una iniciativa que empezó y fue recurrida.Ruben PASCUAL