Diez meses, diez duros meses de pandemia y continuamos castigando a las personas que viven en residencias sin encontrar una solución que respete sus derechos, como si la culpa fuera de ellas.

Cierto es que esta pandemia afecta a toda la sociedad, cierto que es una situación complicada, pero bien claro ha quedado que las personas mayores son las más vulnerables y no se ponen todos los medios posibles para que sean debidamente atendidas.

Se les prohíbe constantemente las visitas de los familiares, bien sea por protocolos, bien por decisión de las direcciones de los centros. De la noche a la mañana, se les aísla, sin previo aviso, sin ninguna explicación y en condiciones infrahumanas. Encerradas en la habitación, en la mayoría de ocasiones sin medios para la distracción, sin televisión, sin radio, sin teléfono para comunicarse las veces que consideren necesarias para sentirse arropadas. Sin contacto visual con el resto de personas con las que conviven, lo cual les genera ansiedad y angustia y se sienten abandonadas.

Las trabajadoras, agotadas, cumplen las normas impuestas, con trajes especiales y sin apenas poder estar unos minutos con ellas. Sin servicio de limpieza y en ocasiones semanas enteras sin aseo personal para evitar el contacto. Se les entrega la comida en cubertería de plástico y cada cual que se las apañe. Sin apetito, debido a las circunstancias, han de comer lo que les entregan, les guste o no, no hay más opciones.

Horas y horas en la misma postura, algunas encamadas, otras en una silla de ruedas alimentando llagas y dolores insoportables por la falta de movilidad.

¿Y qué hacemos como sociedad ante esta situación?

Los políticos, soberbios en sus decisiones, comparando dónde hay más fallecidos para alivio de sus conciencias y a la vez buscando la comprensión de la ciudadanía. Pues no hay comprensión, por lo menos por parte de familiares que vivimos con mucha preocupación las secuelas que el aislamiento produce en nuestras madres, padres, hermanas, hermanos...

No dudan en aumentarse los sueldos, que dicho sea de paso, sueldos excesivos por una gestión que deja mucho que desear. En una situación de pandemia, cuando hace falta mayor inversión, sobre todo en los cuidados de las personas mayores, actúan en beneficio propio y sin ningún reparo. Con los bolsillos llenos, se ve desde otra perspectiva todo lo que acontece. Si hubiera más consciencia entre la población, dichos políticos actuarían con mayor responsabilidad y sin tanta prepotencia. Esa es la labor que como sociedad nos corresponde, no permitir que las políticas públicas se dejen en manos de políticos sin escrúpulos.

Las propuestas para un mejor funcionamiento de centros residenciales se han ido proponiendo a lo largo de estos diez largos meses, la mayoría de ellas sin respuestas a pesar que profesionales del sector vienen recomendando desde hace tiempo.

Prácticamente todos los centros han sido sectorizados para evitar la rápida propagación del virus. Pero, ¿de qué sirve sectorizar las residencias si en el turno de noche las trabajadoras tienen que desplazarse por todas las plantas debido al escaso personal de trabajo?

¿Acaso la vida de las personas que viven en residencias no merecen esa inversión? ¿Cuántas vidas se ponen en riesgo por no contratar más personal de trabajo? ¿En manos de quién está la tasación de estas vidas?

En Gipuzkoa, la gestión de los centros residenciales de personas mayores y dependientes corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Gestión con dinero público y aportaciones de las personas residentes que se deja en manos de empresas privadas que buscan beneficios económicos.

En pleno siglo XXI, en una sociedad «avanzada» y «moderna» ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo?