Desde las diferentes asociaciones de familiares de usuarios de residencias y centros de día, colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos, y de la ciudadanía en general, es mucho el tiempo que se lleva denunciando la mala gestión de los servicios que se prestan a nuestros mayores, previo y durante la pandemia.

Tanto el Gobierno Vasco, como el Navarro, así como las diferentes diputaciones, han ninguneado a familiares y mayores, dando por buenos unos cuidados que sabían y saben que no eran tales.

Las diferentes noticias que hemos tenido durante este fin de semana, en un periódico digital, haciendo referencia a las graves irregularidades, más bien «delitos», que la inspección de Diputación ha constatado en dos residencias de Araba, nos hace reiterarnos en la exigencia de tomar medidas, de forma urgente, en el ámbito de cuidados sociosanitarios.

No es de recibo que las familias tengamos que enterarnos de lo que está pasando a través de los medios de comunicación. Si la angustia que está suponiendo la gestión de la pandemia fuera poco, lo recogido en prensa nos lleva al límite.

Diputación hace inspecciones concertadas, recogiendo la información que las direcciones le dan, no contando con los familiares en ningún momento. Es más, ocultan las inspecciones y las actas de las mismas, porque saben que tenemos muchos datos para aportar.

Las asambleas de familiares son inexistentes, no interesa que se planteen dudas, deficiencias y aportaciones, de forma colectiva. Optan por el oscurantismo y la coacción, invitando a llevarse al familiar cuando se ponen encima de la mesa deficiencias de todo tipo. En definitiva, instauran el miedo entre los familiares, que temen que se tomen represalias hacia los suyos.

La información a las familias del desarrollo del día a día, actividades, de los cuidados personalizados, de tratamientos médicos, en la mayoría de los centros brillan por su ausencia. Los familiares no tenemos canales de comunicación con las direcciones de los centros, más bien tenemos trabas.

Desde Babestu Araba exigimos una intervención inmediata, con luz y taquígrafos, en centros privados, concertados y públicos, donde se recoja la realidad que se vive día a día en estos centros. Donde se cuente con los familiares para hacer una memoria real y pormenorizada de sus cuidados. Exigimos que las actas de inspección sean entregadas a las familias y se actúe de oficio desde las instituciones para que se tomen medidas ante irregularidades tan graves como las que hemos conocido por la prensa.