Jornada de huelga de trabajadoras y trabajadores de cuidados que salieron a la calle para demandar un cambio profundo de modelo frente a la apuesta clara de quienes dirigen las diferentes administraciones por la gestión privada del conjunto de servicios sociales.

No fue una convocatoria unitaria aunque los principales sindicatos llamaron al paro y a la movilización. ELA lo hizo en el conjunto de Hego Euskal Herria mientras LAB, CCOO, UGT y ESK la circunscribieron a la CAV, cada uno con su particular llamamiento a la huelga y lectura de la situación que afronta un sector feminizado con una alta precarización.

Fue difícil de calibrar el grado de seguimiento de la huelga, dado que se establecieron servicios mínimos del 100%, criticados por los convocantes. A pesar de ello, varios miles de personas participaron en las movilizaciones que tuvieron lugar en las cuatro capitales del sur del país, a las que se sumaron asociaciones de familiares de usuarios de residencias, plataformas de pensionistas y feministas.

En Bilbo, las cinco centrales convocantes –ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK–, junto al Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, confluyeron después de marchar en distintas columnas por el centro ante la sede de la Diputación con una reclamación común: que el trabajo que realizan miles y miles de mujeres deje de estar precarizado, en unas condiciones laborales pésimas y sin reconocimiento social. Reflejo del carácter estratégico del sector y de la necesidad de cambio es que los y las secretarias generales de las principales fuerzas sindicales participaron en las movilizaciones del Botxo.

La pandemia ha dejado al descubierto el carácter esencial del trabajo que realizan en residencias y centros de día, la ayuda a domicilio, viviendas comunitarias, pisos tutelados, otros recursos de intervención social o en el hogar, el sector más castigado; y también de sus importantes deficiencias.

«Esclavitud»

Mariana, una de las trabajadoras de hogar que se manifestó, reivindicaba mayor «reconocimiento» por la labor que prestan y subrayaba las condiciones en que miles de migrantes, en su mayoría internas, malviven.

La covid-19 ha tenido un fuerte impacto en sus condiciones laborales en forma de despidos, suspensiones de contratos o confinamiento obligado junto a las personas que cuidan provocando situaciones muy crueles. Explicó la desventaja a la que se enfrentan con la amenaza de deportación que pende sobre muchas de ellas por la Ley de Extranjería, que las obliga a soportar unas condiciones de «esclavitud» en muchos casos.

«El trabajo de una interna va más allá de los cuidados –sostuvo–, somos sicólogas, enfermeras, acompañantes, esteticién...». Mariana explicó que trabajan muchas horas por un salario de 950 euros, las que lo tienen, ya que hay migrantes internas que no alcanzan esa cantidad ni de lejos. «Al ser internas y empleadas en una vivienda particular, no hay manera de regular en muchas ocasiones las condiciones de trabajo y los salarios que percibimos. Son 24 horas los 7 días de la semana», lamentó.

En la actualidad, con un confinamiento perimetral municipal, muchas de estas mujeres, en situación administrativa irregular, se enfrentan a un gran problema para poder obtener un permiso de desplazamiento de sus empleadores.

Solo una mascarilla

Otra realidad de los cuidados son las trabajadoras de la ayuda a domicilio, un nicho de negocio para muchas compañías que, sin tener experiencia en el sector, tratan de hacerse con los suculentos contratos que ofertan los ayuntamientos.

Begoña es una de ellas. Su trabajo diario, ya de por sí duro, lo es aún más por la covid-19. Una mascarilla es su única «arma» contra el contagio mientras asean a muchas de las personas usuarias con movilidad reducida «piel contra piel» en unas posturas complicadas.

«Aunque aseguran que somos esenciales, no se han ocupado de nosotras», se quejó. En plena pandemia, expuso, estas trabajadoras son el único hilo de los usuarios con la realidad. Relató que hay ocasiones en que visitan en un día a uno o más positivos por coronavirus, por lo que el «riesgo biológico» es evidente y su única herramienta, insistió, es una mascarilla FFP2.

La tensión que soportan es grande, comentaron varias trabajadoras consultadas, lo que les afecta sicológicamente. El ritmo y la carga de trabajo después de casi un año de pandemia está repercutiendo en la salud de muchas. Las secuelas emocionales, subrayaron, están siendo «brutales».

La carga de trabajo en las residencias, insistió Marta, es «brutal». «Se ha duplicado», aseguró, con el establecimiento de «burbujas» en los centros, lo que repercute en la calidad del servicio que se presta. «Tienes el mismo tiempo para atender y los protocolos te impiden que ofrezcas en ese espacio los mismos cuidados que antes», lamentó. «La calidad desaparece», advirtió. Reclamó «refuerzos» en las plantillas.

Mientras iba exponiendo la realidad que viven a diario, a su lado integrantes del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia y la asociación de familiares de personas usuarias Babestu coreaban «residencias sí, tanatorios no». Reivindican más personal para que los ratios sean los adecuados para garantizar un cuidado cercano y afectuoso.