La mayoría de medios internacionales han puesto su foco en las multitudinarias manifestaciones que se están produciendo en la capital, Naypyidaw, o en el centro económico de Yangon. GARA ha tenido la oportunidad de hablar con algunos activistas exiliados en Mae Sot, Tailandia, cerca de la frontera con Myanmar. Los tres activistas, que han solicitado no dar su nombre por miedo a represalias, han aceptado explicar sus puntos de vista sobre lo que ha pasado en el país a lo largo de estas largas dos semanas de regreso al pasado con la junta militar.

El origen de esta situación, según Phyo Kaung, se sitúa en las elecciones de noviembre en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) arrasó ante el pro-militar Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (PSDU), la antigua formación gubernamental creada por la anterior junta militar antes de que se autodisolviera. Los militares acusaron a la comisión electoral de no haber resuelto las graves irregularidades que, según estos, se habían producido en las mismas. «Tanto las instituciones nacionales como las internacionales no han puesto en duda que los comicios del pasado noviembre fueron limpios. Las elecciones fueron libres y transparentes y el partido cercano a los militares obtuvo muy pocos escaños; es por ello que los militares se molestaron mucho», asegura el activista. «Entonces tomaron este supuesto pucherazo como pretexto para perpetrar este golpe de Estado. Esta vez es inconstitucional porque teóricamente los militares sólo pueden tomar el poder del país si tienen la autorización del presidente», concluye Phyo Kaung.

«Tampoco se puede decir que el Parlamento sea completamente democrático ya que una cuarta parte del mismo está designado directamente por los militares, y esto es algo que impide que la Cámara sea completamente democrática», afirma Kaung. «Y esto no se da solamente en el Parlamento nacional sino también en la Cámara Alta del país y en todos los niveles subestatales y regionales. El 25% de cada Cámara es elegido por designación directa de los militares», asegura. «Y no sólo eso, ellos (los militares) lo controlan todo: los ministerios clave, como Interior, Defensa y Control de Fronteras… Incluso el sistema judicial. Si no estoy equivocado, el jefe del poder judicial está nombrado por el Ejército y el presidente actual es un militar del Ejército retirado».

Preguntado sobre qué desean realmente los manifestantes ahora mismo, el activista Pyae Win sostiene que «las protestas van encaminadas más hacia una liberación de los líderes que a poner fin al régimen, algo que consideran muy complicado».

Phyo Kaung es muy claro respecto a las aspiraciones del pueblo birmano: «La gente pide la liberación de los líderes demócratas porque sabe que es muy difícil conseguir cambios democráticos reales. La gente incluso aceptaría que los líderes demócratas negociaran con el gobierno militar pero sobre la base de que estos sean liberados. Sin embargo, ahora es muy difícil que se entablen negociaciones ya que el conflicto está en un proceso de escalada y no se sabe ni cuándo ni cómo va a acabar la represión».

Para Pyae Win, el objetivo es que las presiones nacionales, las huelgas... junto con la presión que está ejerciendo la comunidad internacional puedan desembocar en unas negociaciones que permitan volver al menos a la situación previa al golpe de Estado. Kaung, por su parte, expresa su preocupación por la actitud beligerante que está teniendo el Ejército en los últimos días.

Otro de los activistas que accedió a hablar con GARA, Maung Htet, abre un poco el foco y pone en contexto todos los elementos del tablero: «Si vemos la situación en toda su perspectiva, los ciudadanos están protestando masivamente de manera pacífica. El Gobierno tiene mucha presión, no sólo de los manifestantes, sino también de los periodistas y de la comunidad internacional y es por eso que quiere dar una apariencia de legitimidad». Phyo Kaung está de acuerdo con Htet y enumeran todos los cambios legales que ha realizado el gobierno de la junta militar, especialmente en las situaciones de derechos fundamentales. «Quieren tener una justificación legal para todo aquello que están haciendo de cara al extranjero y, por lo tanto, es importante darle una cobertura legal», subraya Kaung.

China, ¿entre bambalinas?

Muchos de los manifestantes acusan a China de estar detrás del golpe militar del 1 de febrero. Sólo dos días después del alzamiento, el Ministerio de Asuntos Extranjeros chino tuvo que desmentir que Pekín apoyara o diera un consentimiento tácito al golpe. Los rumores ardieron la semana pasada cuando por las redes sociales circularon imágenes de un avión chino que aterrizó en Myanmar, lo que provocó especulaciones de que «personal técnico chino» había llegado al país para ayudar a los militares en el apagón de internet en el país. La embajada de China publicó un comunicado de la Cámara de Comercio de Empresas de China asegurando que los vuelos transportaban «pescado».

Ante este hecho, entre activistas no hay unanimidad: Phyo Kaung se muestra totalmente convencido de que China está entre bambalinas en este conflicto: «No tengo ningún tipo de prueba pero creo que es evidente que China está detrás de este golpe militar. Los militares birmanos tienen como referente al Ejército de Liberación chino, admiran a China y creo que Pekín estaría muy satisfecha si el Gobierno de los militares prevaleciera». Pyae Win tiene una opinión totalmente opuesta. Asegura que el gigante asiático ha invertido mucho dinero en el país y lo único que le interesa es que haya estabilidad política y económica, sin importarle mucho qué sistema político haya. Atribuye el golpe a una ansia de una buena parte del estamento militar para retener el poder que han ostentado durante décadas y que veían amenazado por la consolidación del partido de la premio Nobel de la Paz.

Maung Htet denuncia que desde el inicio del alzamiento, cada día unas 500 personas de minorías étnicas y religiosas se esconden en la jungla. Los militares han aumentado las violaciones del alto el fuego en el estado de Karen, atacando pueblos con obuses, morteros y lanzagranadas con el fin de despejar el terreno para un programa de construcción de nuevas carreteras e instalaciones militares que comenzó en 2018.

Phyo Kaung, por su parte, hace un llamamiento a Estados Unidos y a los países occidentales para que promuevan la democracia en Asia: «Si no tenemos apoyos del exterior, el gobierno militar tomará el control del país y caerá de nuevo en las tinieblas».