En el Estado español había en 2019 casi 147.000 menores inmigrantes en situación administrativa irregular. Aproximadamente, la mitad tiene menos de 10 años y casi un 40% menos de cinco años (unos 55.000). Son datos aportados por Save The Children y la Fundación porCausa en el informe «Crecer sin papeles» presentado ayer. «Esto derrumba una de las caricaturas de la migración infantil irregular. Casi un tercio tiene una edad superior a los 15 años y está sujeta a consideraciones propias en materia de educación o inserción laboral», subrayó Gonzalo Fanjul, director del área de Investigación Fundación porCausa.

Además de recoger testimonios de primera mano, el informe desglosa los datos de la infancia inmigrante sin papeles por comunidades, edad y sexo. Aunque la mayor parte se concentra en las más pobladas –Catalunya, Madrid y Andalucía– en la CAV, el porcentaje de niños inmigrantes en situación irregular asciende a un 6,33% frente a un 3,59% que tiene documentación. En Nafarroa, el 1,41% está en situación regular, mientras que un 2,27% vive sin papeles.

En cuanto a su procedencia, tres de cada cuatro menores en situación irregular en el Estado son originarios de América Latina –uno de cada seis niños y niñas sin papeles proviene de Colombia. Le siguen en importancia Honduras, Venezuela y Perú–. África es el de donde procede el 43% de los niños y niñas inmigrantes, pero concentra solo el 13% de los que están en situación irregular.

Los autores del informe alertan de que la irregularidad «multiplica los factores de precariedad y riesgo de pobreza al condenar a estas personas a los empleos más precarios y peor pagados, y al restringir dramáticamente la posibilidad de recibir ayudas. Las familias pobres en situación de irregularidad quedan fuera, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital», si bien algunas comunidades, como la CAV, sí incluyen a la población sin papeles en sus rentas mínimas, señalan.

Remarcan que «el acceso efectivo al derecho a la educación puede verse vulnerado por la ausencia de un permiso de residencia y de un Número de Identificación Extranjero (NIE) que impide el acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas. Existe, por ejemplo, una discriminación a la hora de obtener el título de la ESO; si bien se permite terminar los estudios, no hay posibilidad de reclamar la emisión del título si no se tiene un permiso de residencia o un NIE. También el acceso a la matriculación en Bachillerato se puede ver afectado; en algunas comunidades, el sistema informático para realizar la matriculación impide hacerlo por Internet si no se facilita un NIE. En algunos casos, los menores no pueden completar sus estudios oficiales por no poder realizar las prácticas no remuneradas u otras actividades extracurriculares obligatorias, entre ellas las excursiones y los intercambios educativos. También es un inconveniente cuando se trata de participar en el sistema de educación no obligatoria: O-3 años, universidades, formación profesional o prácticas».

Doussou Kouruma, guineana y madre de un niño de tres años nacido en el Estado español no pudo llevarlo en la guardería porque «cuando fui a dejarlo para hacer mi formación me dijeron que sin papeles no podía». Es uno de los tantos testimonios que recoge este trabajo de investigación.

Menores no acompañados

La situación administrativa de los menores inmigrantes depende directamente de la de sus progenitores. En el caso de los que han llegados solos, estos son tutelados por las administraciones hasta cumplir los 18 años. Hasta esa edad no pueden ser expulsados. Si para cuando cumplen la mayoría de edad el sistema de acogida ha tramitado sus papeles, se les concede un permiso de residencia de un año sin autorización para trabajar, periodo durante el cual tienen la tarea «casi imposible» de conseguir una oferta de empleo que pueda ser presentada antes de cumplir los 19 años para así tramitar un permiso laboral a tiempo.

Sheriff tiene 17 años. Es de Gambia. Migró solo hace dos años. Reside en un centro de menores de Madrid. Ha comenzado un curso de peluquería, por cuenta propia. En marzo cumple 18 años. Está esperando una respuesta que le permita obtener un permiso de trabajo para poder ganarse la vida como peluquero al salir del centro de menores y ayudar a su madre, enferma en Gambia.

Ismail asegura que durante sus primeros diez meses en un centro de acogida en Andalucía no recibió ningún tipo de formación. «Me decían que no podía, empecé a aprender español solo». Ahora vive en un centro en Asturias, pero sigue sin estudiar porque sus documentos de tutela aún no han llegado. En setiembre cumplirá los 18.

«En otros casos, las pruebas de determinación de la edad llevan a un número considerable de menores de edad al circuito para personas adultas, excluyéndolas así de su derecho a la educación. Siri llegó a España con 14 años desde Gambia. El Estado determinó que era mayor de edad. Al cumplir los 17, con la ayuda de la Fundación Raíces y tras un arduo proceso burocrático, la Justicia reconoció su minoría de edad», inciden.

A la pregunta de si un niño o una niña puede estar en situación irregular habiendo nacido en el Estado español, explican que «solo por el hecho de haber nacido en España no se adquieren los papeles, porque rige el ius sanguinis, de modo que adquieren la nacionalidad de sus progenitores».

Aunque derechos como el de la salud, la educación o la protección frente a los abusos están reconocidos por ley y son accesibles formalmente por la vía de la inscripción en el padrón municipal, «en la práctica estos derechos están sujetos a un importante grado de arbitrariedad por parte de las instituciones y autoridades, ya que pueden requerir documentación de la que carecen las personas en situación irregular».

Iliany, con dos niñas, en Barakaldo

Iliany, venezolana de 34 años, reside actualmente en Barakaldo con sus dos hijas. Su hija mayor nació en Venezuela, la pequeña, aunque nacida en el Estado español, es apátrida. «Cuando solicitamos el asilo, tuvimos que pernoctar en la comisaría para solicitar una cita y, posteriormente, la espera, porque una vez que solicitas asilo, tienes que esperar seis meses sin poder trabajar, sin permiso de trabajo. Es una odisea la solicitud de cita. Nos negaron el asilo y nos dieron una tarjeta por razones humanitarias por ser venezolanos. Excepto la menor, que también le negaron el asilo y sin pasaporte ella no puede tramitar la tarjeta de residencia. Actualmente, está apátrida. Comenzamos el proceso para registrarla en el Consulado de Venezuela y una vez que se registre su nacimiento, pagar el pasaporte y esperar que llegue, y eso es misión imposible», resalta en un video entrevista a Save the Children.

Está pensando aprender euskara para poder retomar su profesión de docente de Primaria, trabajo que desempeñaba en Venezuela. Su esposo trabaja en una clínica a la espera de homologar su título de Medicina.

Yolanda, hondureña en Lizarra

Yolanda lleva seis años en Lizarra. Trabaja en una residencia de ancianos y vive con sus cuatro hijos, con quienes se reunió en 2018. «Cuando vinieron mis hijos tuve que dejar el trabajo de interna para poder atenderlos. Entonces me quedé sin papeles y sin contrato de trabajo para poder hacer los papeles. A veces, como no tienes los papeles, no puedes acceder a ciertas ayudas, a ciertos programas, a viajes en el colegio y cosas así. Mi objetivo era que ellos fueran a un colegio público por mi situación, porque no puedo pagar un colegio privado. La diferencia de allá a aquí es muy grande y eso les afecta un montón; les cuesta nivelarse con los de aquí. Lo que ven aquí en sexto, prácticamente allá lo ven en el Bachillerato», relata.

Ahora todos los miembros de la familia cuentan con permiso de residencia. Yolanda explica que tener «los papeles» le cambió la vida, porque pudo acceder a un trabajo mejor y, en el colegio, su hija e hijos pueden optar a programas y actividades. Si bien no pudieron entrar en uno de titularidad pública, puede hacer frente a parte del gasto del colegio privado al ser familia numerosa y a ayudas por estar en situación de vulnerabilidad.

Sady, sin viaje de fin de curso

Sady tiene 15 años. Su madre, Elsa, cuida a una anciana con alzhéimer. Son de Paraguay. Elsa migró en 2011, Sady lo hizo cinco años después. Aunque tienen un permiso de residencia temporal, no tienen la nacionalidad por lo que Sady no puede salir del Estado español sin su madre. Cuando estaba en Primaria, su colegio organizó varios viajes de fin de curso a un pueblo en el Estado francés, muy cerca de Jaca, donde residen, pero ella no pudo ir a ninguno. «Me venían sus amigos y me decían que Sady tenía que ir, pensaban que yo no le dejaba. Un día les dije que Sady no tenía papeles y un crío me dijo ‘pues ve a la librería y los arreglas y así puede venirse con nosotros’. No lo entendían claro, qué van a entender. Sady tampoco lo entendía y me echaba la culpa a mí», recuerda su madre en el informe.

El miedo, denominador común

Los autores del informe reconocen que el impacto en la salud mental es «uno de los aspectos más difíciles de identificar, pero uno de los que dejarán una huella más profunda». Sara, de 8 años, llegó al Estado español desde Colombia en 2018. Sus padres han solicitado protección internacional. Desde hace unos meses recibe atención sicológica por problemas de adaptación. En solo un año ha tenido que cambiar tres veces de colegio por los cambios forzosos de residencia dentro del programa de acogida.

Gabriel, chileno de 18 años, tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA). Comparte habitación con su madre y su hermano de 4. Está estudiando Hostelería. Las condiciones de vida le han generado un cuadro de «tristeza, baja autoestima y desesperanza».

El denominador común en las 22 entrevistas realizadas es el miedo: «El temor a represalias, a la ejecución de expedientes de expulsión forma parte de la rutina de padres, madres, hijos, incluso en los casos en que obtuvieron permisos temporales. El miedo a hablar también condiciona decisiones que van desde acudir a un centro sanitario hasta pedir auxilio por malos tratos».

«La pregunta no es si se debe regularizar a cerca de 147.000 niños y niñas migrantes, sino cuándo y cómo se va a hacer. Un niño extranjero sin papeles se expone a una triple vulnerabilidad: como menor, como migrante y como irregular. Una medida simple como la regularización puede ser determinante para reducir el sufrimiento de la infancia y sus familiares, y facilitar niveles mínimos de inclusión social», subraya este estudio.