El TSJPV ya declaró nulo el despido de un trabajador de una empresa de utillaje aeronáutico y ahora actúa de modo similar con el de una taquillera de Emtesport, una empresa que gestiona polideportivos subcontratada por el Ayuntamiento de Bilbo.

La taquillera encadenó contratos temporales hasta que fue despedida el 31 de marzo del año pasado, durante el confinamiento decretado en marco el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. El juzgado de lo Social declaró improcedente el despido, pero ahora el Superior lo ha anulado.

La Sala de lo Social del TSJPV recuerda que según el real decreto 9/20 «nadie puede ser despedido por la situación generada en el ámbito empresarial por la pandemia».

Para despedir, estipula el tribunal, se debe «justificar –no alegar– una causa totalmente ajena al estado de alarma», de manera que la sala sostiene que «toda resolución contractual no procedente por sus propias causas está vinculada con la pandemia y es ilegal».

La sentencia cuenta con un voto particular de una de los tres integrantes del tribunal, que estima que se debía haber dejado el despido en improcedente y no anularlo.

La magistrada discrepante considera que hay varias interpretaciones sobre este criterio de despido y recuerda que los Superiores de Andalucía y Madrid han optado por no anular las rescisiones de contrato, un criterio que esta jueza comparte a la espera de que el Supremo unifique la doctrina.

El fallo de la Sala de lo Social del TSJPV se presenta interesante ante los próximos juicios que tiene que afrontar este tribunal. Este semana se ha celebrado la vista por los despidos colectivos en GTS y Matricerías de Deusto.

Sobre su mesa están también los expedientes de destrucción de empleo presentados por PCB-ITP y Aernnova.

El comité de Berantevilla de la compañía aeronáutica impugnó los 55 despidos –ya efectivos– ante el TSJPV alegando que razones alegadas por la empresa están ligadas a la pandemia.

Demandó a Aernnova señalando que la planta de Berantevilla forma parte de una estructura empresarial a cuya cabeza están López Gandásegui y su sociedad Kaizaharra, «que son quienes deciden la estrategia empresarial, reparten la carga de trabajo y actúan en su propio beneficio».

Alegó que este grupo, «el cliente único de la planta de Berantevilla, que la maneja a su antojo y que ha tenido resultados millonarios en los últimos años, es el responsable a todos los efectos de los despidos».