El Comité de Empresa de TCC denunció ayer la agresión sufrida hace dos semanas por una conductora de autobús por parte de un usuario, instó a que el suceso se tipifique penalmente como «agresión sexual» y solicitó tanto a la dirección como a las instituciones que activen los protocolos de prevención.

Así lo detallaron dos de las trabajadoras, integrantes del comité de empresa y del comité de igualdad, Laura Molina y Maite Beorlegi, quienes junto a un grupo de compañeros se concentraron ante la sede de la Mancomunidad de Iruñerria, entidad responsable del transporte urbano que gestiona TCC.

Representantes de ELA, LAB, UGT, CCOO y ATTU respaldaron a la agredida, mientras las portavoces explicaban que los hechos tuvieron lugar en el último viaje de la línea 16, sobre las 22.40 horas del día 22 de marzo, cuando un hombre montó en el autobús buscando viajar solo con la conductora y se sentó detrás de ella, donde realizó hechos «con una connotación totalmente sexual».

La conductora siguió el protocolo y activó el denominado «botón de pánico» que llevan todos los autobuses para avisar a la central de que necesitaba ayuda, pero a esa hora en la base solo hay un inspector que estaba ocupado con la vuelta de la plantilla a las cocheras y no percibió la alarma.

La trabajadora denunció al viajero ante la Policía, que investiga los hechos que el comité de define como «agresión sexual porque fue un acto no consentido y que ha causado un daño, y por eso lo calificamos de agresión, y sexual por la tipología de la agresión».

Molina denunció que la pandemia del coronavirus y las restricciones horarias del toque de queda han modificado los hábitos de ocio y de movilidad. «Nos estamos encontrando situaciones desagradables como esta, que se perpetran bastante antes, en torno a los últimos viajes de las líneas, sobre las 22.30».

En este caso, subrayó que su petición pasa porque «se clasifique este hecho como agresión sexual y que sea tipificado y penado como tal», a lo que sumó una petición a las instituciones para que «que actúen en consecuencia, que activen protocolos y no nos dejen en ese estado de indefensión y tomen cartas en el asunto».

Lo ocurrido «es una situación grave, sobre todo en el contexto que es, el laboral. No queremos generar miedo ni sentirnos indefensas, pero sí decir públicamente que en nuestro sitio de trabajo ahora existen otras condiciones y otro tipo de gente en la calle. Eso hay que valorarlo y tomar medidas adecuadas a la situación que estamos viviendo», denunciaron.

Asimismo, lamentaron que «tristemente se sigan dando estos hechos en el siglo XXI», por lo que, «además de una condena, hay que hacer campañas de información, formación y sensibilización en la sociedad porque parece mentira que se sigan viviendo hechos de este tipo».

Beorlegi incidió en el trabajo realizado desde hace años por el comité de igualdad, pero exigió que estos protocolos «deben ser efectivos» y en este caso «han fallado». Exigió, por tanto, a la Mancomunidad que revise que TCC cumpla los protocolos.